Los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 brindan un panorama básico de las condiciones de salud de la población mexicana. Los pobres, los discapacitados y los ancianos siguen siendo los grupos más vulnerables.
La salud es una de las variables que de mejor forma reflejan la calidad de vida, el nivel de desarrollo y las condiciones de desigualdad en una sociedad. En este sentido, no es de sorprender que el censo de población, al ser el único instrumento de recolección de información estadística de carácter individual con cobertura para todo el país, se ocupe de indagar acerca de algunos aspectos relevantes para la planeación de políticas públicas en materia de salud.
Este documento revisa los resultados censales en tres áreas de gran relevancia para el análisis de las condiciones de salud en el país: seguridad social, utilización de servicios de salud y discapacidad. Asimismo, examina la situación de la población anciana, por considerar que en el país ésta constituye un grupo particularmente vulnerable en cuanto a salud se refiere.
Seguridad social
Una característica que distingue la prestación de servicios de salud en México es su fragmentación, hasta hace unos años, en dos grupos claramente diferenciados. Mientras que la población que se encuentra laboralmente inserta —ya sea en la iniciativa privada, la burocracia, las fuerzas armadas o pemex— tiene garantizada la atención de sus problemas médicos mediante el ejercicio de su derechohabiencia, el resto de la población podía hacer uso del sistema público de servicios de salud. De aquí la importancia de la información sobre derechohabiencia, como un indicador no sólo del acceso a servicios de salud sino también de las condiciones sociales.
El reconocimiento de las implicaciones que puede tener la atención de un problema de salud para la economía personal o familiar, la ausencia de una cobertura universal a través del esquema de derechohabiencia antes señalado, la imposibilidad para una gran parte de la población de contar con seguro médico privado dados sus niveles de ingreso, fueron, entre otros, los factores que dieron origen al Sistema de Protección Social en Salud, cuya vertiente de atención médica es conocida como Seguro Popular. En sentido estricto, la cobertura a través del Seguro Popular corresponde a una afiliación, sin embargo, en la cédula censal este seguro forma parte de las posibles respuestas a la pregunta sobre derechohabiencia a servicios de salud.
Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 muestran que para dicho año únicamente 65.6% de la población contaba con algún tipo de derechohabiencia a servicios de salud, de acuerdo con su propia declaración.1 El Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) aparece como la principal institución de prestación de servicios de salud, con una cobertura de 32% de la población, seguida por el Seguro Popular, con 23.7%.1 Uno de cada tres mexicanos reporta no contar con derechohabiencia, lo que indudablemente constituye uno de los principales desafíos para la política sanitaria en el país, particularmente a la luz de los esfuerzos desarrollados y los recursos invertidos durante la última década a este respecto.
Utilización de los servicios de salud
La utilización de los servicios de salud es otro de los aspectos explorados por el ejercicio censal. La revisión de esta información da cuenta de la heterogeneidad de condiciones socioeconómicas en el país y hace un llamado a examinar las posibles razones de preferencia de ciertos servicios, así como las condiciones de acceso real a éstos. A nivel nacional, la Secretaría de Salud (ss) es señalada como la principal proveedora de servicios médicos, al haber atendido al 34.2% de la población, seguida por el imss (29.6%) y los servicios privados (24%).2 Los datos por entidad federativa ponen de manifiesto el mosaico de situaciones que conforman al país. Mientras que en estados con mayor nivel de desarrollo, como Coahuila o Nuevo León, más de 50% de la población acude al imss, en las entidades de menor desarrollo como Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Tlaxcala, entre 50 y 60% de la población demanda los servicios de la ss; están también los casos de Baja California, el Estado de México, Michoacán y Puebla, donde alrededor de 30% de la gente utiliza servicios privados.3 Los resultados de contrastar las variables de derechohabiencia y el uso efectivo de ésta muestran que entre 7 y 14% de la población no usa los servicios proporcionados por la institución que específicamente le corresponde.4
Los resultados censales sobre derechohabiencia y uso de servicios de salud sugieren varias de las acciones que es necesario fortalecer o emprender. Una de las más importantes es garantizar el acceso universal a los servicios de salud. Ello requiere no sólo la posible expansión de la cobertura de la seguridad social tanto por las formas habituales como mediante la incorporación, a través de esquemas de adhesión independiente, de quienes hoy forman parte de la economía informal, sino también el que la población perciba en la afiliación al Seguro Popular un mecanismo de acceso a los servicios de salud. Adicionalmente, el acceso efectivo a los servicios de salud exige atender los obstáculos que la población encuentra para hacer uso de ellos. Si bien algunas de las barreras que impiden o dificultan el uso de los servicios de salud son evidentes (distancia a las unidades médicas, costo del transporte, tiempo de traslado), otras son igualmente importantes y no necesariamente han formado parte de las estrategias para la expansión de la cobertura. Tal es el caso, por ejemplo, de la multiculturalidad que caracteriza a las poblaciones indígenas. Otro elemento que se desprende de los datos censales revisados es la importancia relativa de los servicios médicos privados. A este respecto cabe preguntarse si ello se debe a una percepción diferenciada de la calidad de estos servicios por parte de la población o bien a la oferta de servicios en la zona de residencia. En todo caso, las cifras censales sobre uso de servicios médicos privados constituyen un llamado a ampliar y sistematizar las fuentes de información estadística sobre estos servicios a fin de hacerlas equiparables a las disponibles para los servicios públicos, y con ello estar en mejores condiciones de dar seguimiento a su desempeño.
La discapacidad
Diversos factores hacen de la discapacidad un tema de derechos humanos cada vez más apremiante. A las manifestaciones de discriminación que frecuentemente sufren las personas con alguna discapacidad, se añaden las limitaciones que en ocasiones la propia sociedad establece para su incorporación a las actividades escolares, laborales o recreativas, así como la ausencia de reconocimiento de las discapacidades como un problema social. Las acciones orientadas a atender esta problemática deben considerar dos aspectos fundamentales. Por una parte, el hecho de que el fenómeno de la discapacidad se ha intensificado y diversificado debido al aumento de la longevidad promedio de la población y a los avances en el conocimiento médico y el mejoramiento de técnicas terapéuticas. Por otra parte, la necesidad de contar con indicadores básicos que den cuenta del volumen, ubicación y características sociodemográficas básicas de la población afectada. En este sentido, fue oportuno incluir en el Censo 2010 una aproximación a la ocurrencia de dicha condición.
El cuestionario censal preguntó acerca de siete áreas de discapacidad o limitaciones funcionales: de deambulación, visual, auditiva, de comunicación oral, para la atención personal, de atención o aprendizaje y mental. El Censo arroja un total de 4 millones 527 mil 784 discapacidades reportadas para las siete áreas consideradas.5 Dicha cifra no corresponde al mismo número de personas toda vez que alguien pudo haber declarado padecer varios tipos de discapacidades simultáneamente. Sin embargo, considerando únicamente a aquellos con una sola limitación, se tiene que 3.4% del total de la población indicó la presencia de alguna de las discapacidades consideradas.6
De las 4 millones 527 mil 784 discapacidades reportadas, la mayoría corresponde a problemas para la deambulación (53.8%), seguida de las dificultades visuales (28.5%) y auditivas (11%).5 Cabe señalar que para los dos últimos tipos de discapacidades, la pregunta busca captar dificultades para ver u oír no resueltas aún con el uso de anteojos o aparatos auditivos. Los problemas para comunicarse verbalmente afectan a 8.9%, para atender el cuidado personal a 5%, para poner atención o aprender a 4.6% y para las que el Censo clasifica como mentales a 9.9 por ciento.5
Los datos acerca de la distribución de las discapacidades por edad indican que 45.9% del total de éstas fueron reportadas por personas de 60 años o más, 33.1% por personas entre los 30 y 59 años y alrededor de 10% por cada uno de los grupos de menores de 15 años y de 15 a 29 años.6
Otra forma de medir el grado de afectación en las condiciones de salud de la población asociada a este tipo de discapacidades son los números relativos. Es posible estimar que en México una de cada tres personas de 85 años o más presenta alguna discapacidad, que para el grupo de 60 a 84 años esta relación es de 1 a 6, que entre la población de 30 a 59 años el 3.5% reportó una discapacidad y que entre los menores de 15 años y de 15 a 29 años las cifras son 1.2 y 1.5%, respectivamente.6
Con relación a lo que puede implicar para la calidad de vida de las personas y a las posibilidades de atender la discapacidad reportada, basta señalar que 32.3% de las personas reportadas con alguna discapacidad no contaba con derechohabiencia. La atención de una discapacidad en estas circunstancias supone una carga de mayor intensidad, al menos económicamente.7
Adicionalmente a los derechos de no discriminación y de atención a la salud, el hecho de que una proporción importante de las discapacidades sea potencialmente prevenible constituye un reto para la política pública en general y la sanitaria en particular. La prevención de las discapacidades atañe a varios aspectos. Lo oportuno de las intervenciones, el acceso a la atención médica y de rehabilitación, la satisfacción de necesidades básicas de alimentación y vivienda y el cumplimiento de lineamientos de seguridad escolar, laboral y de tráfico son piezas fundamentales en la reducción de la ocurrencia de las discapacidades o la limitación de su efecto. Acciones como la atención preconcepcional en los servicios de salud reproductiva, el mejoramiento de la eficiencia de la atención prenatal y la educación sobre prevención de accidentes son sólo algunos ejemplos de lo que es factible implementar a muy corto plazo en el intento por disminuir las discapacidades.
Población anciana
En la actualidad, la población mexicana se encuentra inmersa en un claro proceso de envejecimiento. Ello significa que la proporción del total de la población que corresponde a personas de 60 años o más es cada vez mayor. Lo anterior es resultado conjunto de dos fenómenos principalmente. Por un lado la reducción de la fecundidad observada en el país a partir de los años setenta y, por otro, el incremento de la longevidad promedio de la población. En este sentido, cabe subrayar que la presencia de un número cada vez mayor de ancianos, particularmente de edades muy avanzadas (85 años o más), constituye en sí misma un logro social.
Ahora bien, el envejecimiento de la población representa para México uno de los mayores desafíos en virtud de la ausencia de esquemas universales de protección social y de la propia realidad social, económica y de acceso a satisfactores básicos que esta población ha enfrentado a lo largo de sus etapas vitales.
De acuerdo al Censo 2010, la población de 60 años o más es de 10 millones 55 mil 379 personas, cifra que representa casi 9% del total de la población.8 El que uno de cada once mexicanos haya tenido en 2010 sesenta años o más es ilustrativo del proceso de envejecimiento señalado líneas atrás. Al interior de la población anciana, el grupo de 60 a 74 años conforma la mayoría (72.7%), mientras que los de 75 a 89 años representan el 24.8% y los de 90 años o más el 2.5%.8 La información sobre el lugar de residencia muestra que, si bien uno de cada tres adultos mayores reside en ciudades de entre 100 mil y 999 mil habitantes, uno de cada cuatro se ubica en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes.9 Aunque 60% de los adultos mayores está casado o vive en unión libre, uno de cada cuatro es viudo y 6% permanece soltero.10 44% de los adultos mayores8 y 86.2% de las adultas mayores11 declararon no ser económicamente activos al momento del Censo. La información sobre pensiones permite apreciar las condiciones sociales que enfrentaron las generaciones hoy adultas mayores durante su trayectoria de vida y las posibles consecuencias de éstas. Mientras que entre los adultos mayores no económicamente activos 58.1% declaró recibir una pensión, entre las adultas mayores sólo 10.4% lo hace.11 En contraste, mientras que 81% de ellas señaló dedicarse a las labores del hogar, sólo 5% de los adultos mayores declaró lo mismo.11 Si bien la información sobre escolaridad alcanzada en la población adulta mayor muestra un diferencial menor entre los sexos que la relativa a la condición económica, aún así permite distinguir mayores limitaciones en el acceso a la educación formal entre las mujeres. El 23.8% de la población masculina de 60 años o más reportó no contar con escolaridad, cifra menor a la observada para las mujeres (30.1 por ciento).12
El panorama que esbozan las cifras mencionadas sobre las condiciones de vida de la población adulta mayor recoge a su vez parte de los problemas más apremiantes en materia de política social en el país. A las desigualdades sociales se añaden los factores que han impulsado la migración aun en áreas rurales, lo que ha propiciado que en algunas localidades la población adulta mayor esté encargada de las responsabilidades de manutención y crianza de los infantes; se ha transformado con ello la organización social de las comunidades y se han extendido las etapas de actividad económica de los ancianos. La exposición prolongada a factores de riesgo como el consumo de tabaco, consumo excesivo de alcohol o sedentarismo, supone muchas veces que la etapa adulta mayor se encuentre asociada al desarrollo o la presencia de enfermedades crónicas, algunas de ellas altamente discapacitantes como la diabetes mellitus o las enfermedades cerebrovasculares. La condición de vulnerabilidad que representa la soledad en la vejez, aunada a la ausencia de un ingreso propio, exacerba la situación de marginación de los ancianos y propicia una menor calidad de vida. Esto es aún más severo en el caso de las mujeres, debido a la ausencia en muchos casos de una pensión propia, que genera mayores condiciones de dependencia, a la mayor longevidad promedio de este sexo y al hecho de que suelen padecer discapacidades durante un mayor número de años que los hombres.
Conclusión
La información censal sugiere que la prevención, la eliminación de las desigualdades sociales, el acceso universal a los servicios de salud, la educación para la salud y el sostenimiento de acciones a mediano y largo plazos son algunos de los elementos críticos para el mejoramiento de las condiciones de salud de la población.
En este mismo sentido, la profundización en el conocimiento del estado de salud de la población, sus diferenciales y factores asociados hace indispensable consolidar y, en su caso, ampliar las fuentes de información estadística con las que se cuenta, así como establecer mecanismos de sinergia entre estas fuentes y dar inicio a la recolección sistemática de información estratégica para la identificación de prioridades en materia de salud, el monitoreo de las acciones implementadas y la evaluación de programas específicos.
Adicionalmente, es necesario señalar que las acciones en materia de recolección de información estadística requieren ser complementadas con actividades de investigación cuyos resultados sirvan de insumo en la definición de políticas públicas.
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1 Censo de Población y Vivienda 2010 del inegi: tabulados del Cuestionario Básico, población total por entidad federativa, sexo y grupos quinquenales de edad según condición de derechohabiencia a servicios de salud y tipo de institución.
2 Censo de Población y Vivienda 2010 del inegi: tabulados del Cuestionario Ampliado, población total y su distribución porcentual según condición de uso de servicios de salud e institución para cada entidad federativa y grupo de edad.
3 Censo de Población y Vivienda 2010 del inegi: tabulados del Cuestionario Ampliado, población total y su distribución porcentual según condición de uso de servicios de salud e institución para cada entidad federativa y sexo.
4 Censo de Población y Vivienda 2010 del inegi: tabulados del Cuestionario Ampliado, población total y su distribución porcentual según condición de uso de servicios de salud e institución para cada entidad federativa y condición de derechohabiencia a servicios de salud e institución.
5 Censo de Población y Vivienda 2010 del inegi: tabulados del Cuestionario Básico, población total por tamaño de localidad y sexo según condición y tipo de limitación en la actividad.
6 Censo de Población y Vivienda 2010 del inegi: tabulados del Cuestionario Básico, población total por entidad federativa, sexo y grupos de edad según condición de limitación en la actividad y número de limitaciones declaradas.
7 Censo de Población y Vivienda 2010 del inegi: tabulados del Cuestionario Básico, población total por entidad federativa, sexo y condición de derechohabiencia según condición y tipo de limitación en la actividad.
8 Censo de Población y Vivienda 2010 del inegi: tabulados del Cuestionario Básico, población total por entidad federativa y edad desplegada según sexo.
9 Censo de Población y Vivienda 2010 del inegi: tabulados del Cuestionario Básico, población total por entidad federativa, sexo y grupos quinquenales de edad según tamaño de la localidad.
10 Censo de Población y Vivienda 2010 del inegi: tabulados del Cuestionario Básico, población total por entidad federativa, sexo y grupos quinquenales de edad según situación conyugal.
11 Censo de Población y Vivienda 2010 del inegi: tabulados del Cuestionario Básico, población económicamente no activa por entidad federativa, sexo y grupos quinquenales de edad según tipo de actividad no económica.
12 Censo de Población y Vivienda 2010 del inegi: tabulados del Cuestionario Básico, población de 15 años y más por tamaño de localidad, sexo y grupos quinquenales de edad según nivel de escolaridad y grado promedio de escolaridad.
