En las dos últimas décadas, el sector de fundaciones y organizaciones de la sociedad civil en México ha vivido un profundo proceso de cambios que le ha permitido incrementar su presencia y participación en la vida pública del país. Se trata no sólo de un crecimiento sostenido en el número de fundaciones donantes y organizaciones de ciudadanos, orientadas a atender la más amplia gama de causas de interés general, sino también de una nueva conciencia sobre el papel de la sociedad civil en el desarrollo general del país.
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Este artículo refleja de diversas maneras la experiencia y la visión del Centro Mexicano para la Filantropía, a.c. (CEMEFI), institución que nació a finales de 1988 con la misión de “promover y articular la participación filantrópica, comprometida y socialmente responsable de los ciudadanos, organizaciones y empresas, para alcanzar una sociedad más equitativa, solidaria y próspera”. Hoy en día el CEMEFI cuenta con más de mil 150 miembros, la mayoría fundaciones y organizaciones de la sociedad civil pero también empresas socialmente responsables e individuos de todo el país.
A lo largo de estos años el CEMEFI, junto con otros grupos y organizaciones sociales, ha sido un poderoso promotor y catalizador de una mayor participación de los ciudadanos en la arena de lo público. Para ello, ha buscado fortalecer, por todos los medios posibles, a las organizaciones de la sociedad civil y ha facilitado alianzas intersectoriales, con el gobierno y con las empresas, en forma dinámica y propositiva, para impulsar proyectos y programas a favor del desarrollo social, cultural y económico de México.
Hace dos décadas, por ejemplo, ninguna universidad contaba con estudios relacionados con la filantropía y la participación ciudadana organizada. Hoy en día, la mayor parte de las universidades los han incorporado, como materias específicas en diferentes carreras, diplomados y subsistemas y también bajo la forma de maestrías que contribuyen a la profesionalización de las organizaciones y promueven la incorporación de alumnos a dichos esfuerzos.
Los marcos legales y fiscales también han cambiado. Baste decir que si en 1995 había alrededor de mil 500 organizaciones autorizadas para emitir recibos deducibles de impuestos por los donativos que recibían, hoy en día son alrededor de 6 mil, en parte gracias a que se han ampliado los objetos sociales contemplados para estos efectos en la Ley del Impuesto sobre la Renta. También en 2004, luego de un largo proceso de más de 10 años, se promulgó la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que define las características de este tipo de organizaciones y establece derechos y obligaciones para ellas, especialmente en lo referente al acceso a recursos gubernamentales.
Ha cambiado también de forma relevante el papel de las empresas. La adopción de la responsabilidad social en las estrategias de negocios ha traído procesos de mejora continua y una nueva relación de la empresa con la sociedad en su conjunto, incluyendo las formas de ejercer la inversión social privada y los estímulos al voluntariado corporativo. Hoy en día muchas empresas ya no sólo aportan recursos a organizaciones solidarias, sino que también se comprometen con causas sociales, para lo que se alían de diferentes maneras con las organizaciones de la sociedad civil. Las alianzas intersectoriales entre empresas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil son cada vez más frecuentes y numerosas.
Si hablamos de fundaciones donantes y donaciones, también ha habido importantes cambios. Actualmente nuestro país puede sentirse orgulloso de contar con algunas de las fundaciones donantes más grandes de América Latina, como son la Fundación Gonzalo Río Arronte, la Fundación Carlos Slim, la Fundación Alfredo Harp Helú, la Fundación Mary Street Jenkins, la Fundación Manuel Arango y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, por mencionar sólo algunas, amén de muchas otras fundaciones familiares y empresariales que están impactando distintos procesos de la vida de nuestro país.
Dentro del mismo sector va permeando una nueva manera de entender su aporte a la sociedad. Más allá de la vocación de servicio a los demás, que es la esencia de este ámbito, cada vez se comprende mejor que, para ser eficaces y lograr un mayor impacto en la sociedad, las fundaciones y organizaciones deben orientar sus esfuerzos a atender más las causas de los problemas que sus efectos. En otras palabras, las fundaciones y organizaciones están pasando de la asistencia tradicional a una nueva visión que considera que el mejor apoyo a las personas es favorecer espacios y situaciones que permitan a cada uno asumir la responsabilidad de su propio desarrollo. De acuerdo con esta nueva visión, los procesos institucionales de asistencia deben diseñarse para ser sostenibles en el tiempo, y las donaciones deben ser sólo una de las fuentes de apoyo y no necesariamente la más importante.
Podemos decir en general que en la sociedad se está viviendo un cambio de mentalidad sobre el rol de las organizaciones: ya no sólo colaboran para atender poblaciones vulnerables; también aprenden de la experiencia de servicio a otros para proponer soluciones de mayor alcance a través de las políticas públicas correspondientes.
El aporte del sector no lucrativo al desarrollo social de México resulta incuestionable. Sin embargo, hubo que esperar hasta hace algunos años para que se empezaran a dar esfuerzos de sistematización de la información, en particular por parte de las fuentes oficiales que se ocupan del asunto.
Destaca este año la labor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que, por primera vez en sus informes, presenta un análisis de resultados estadísticos bajo el título de “Cuenta Satélite de las Instituciones sin Fines de Lucro de México, 2008” (CSISFLM). Entre los principales resultados se da a conocer que el aporte de las organizaciones no lucrativas privadas representa 0.98% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a 118 mil 988 millones de pesos. También informa que el número de entidades privadas que realizaron actividades sin fines de lucro en 2008 ascendió a 40 mil 89 –sin considerar las asociaciones religiosas y políticas– y que 561 mil 328 personas no remuneradas, es decir voluntarios, participan en estas organizaciones; se estima que su labor, de haber sido remunerada, equivaldría a 28 mil 620 millones de pesos aproximadamente.
Con el tiempo, estos y otros resultados van a permitir un mayor conocimiento del sector y de su relación con otros sectores del país. También servirán para hacer comparaciones internacionales. Todo ello dará cuenta de la contribución de los ciudadanos organizados por razones de solidaridad y ofrecerá los insumos necesarios para la interlocución de las organizaciones con los distintos órdenes de gobierno y para el diseño de políticas públicas que sigan favoreciendo el desarrollo de la sociedad civil.
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JORGE V. VILLALOBOS G. es Presidente Ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. Maestro en Comunicación y Desarrollo por la Universidad Iberoamericana, es autor de un gran número de artículos sobre comunicación alternativa, sociedad civil, filantropía, tercer sector y responsabilidad social empresarial.
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