Como parte de la serie que viene dedicando a la revisión de los principios del capitalismo, el autor se refiere a la competencia irrestricta como la única forma de garantizar que el consumidor pueda adquirir los mejores productos al menor precio posible.
I
El cuarto mandamiento del Decálogo para el buen comportamiento económico del Gobierno es este: “Reconocerás que, además de la libertad individual y la propiedad privada, la competencia, sobre todo entre oferentes, es condición necesaria del progreso económico, razón por la cual no impondrás, por ningún motivo, ninguna medida proteccionista que la limite, mucho menos que la elimine; por el contrario: harás todo lo posible para promoverla, comenzando por los sectores estratégicos”, todo lo cual va a favor de la justicia y de la eficacia.
II
¿Por qué la competencia es condición necesaria del progreso económico? Para responder, recordemos que dicho progreso consiste en la capacidad para producir más (dimensión cuantitativa) y mejores (dimensión cualitativa) bienes y servicios para un mayor número de gente (dimensión social). La más importante es la dimensión cualitativa, que permite no solo que más gente tenga bienes y servicios, sino que más gente disponga de mejores bienes y servicios. El progreso económico es, ante todo, un fenómeno cualitativo, por el cual —gracias a la mejora en los bienes y servicios que se ofrecen en los mercados— la gente eleva su nivel de bienestar material, es decir, satisface sus necesidades de mejor manera, para lo cual deben ofrecerse y producirse más y mejores bienes y servicios.
¿Qué se requiere para ello? La competencia entre los oferentes de dichos bienes y servicios, que da como resultado competitividad —menores precios, mayor calidad y mejor servicio— siempre en beneficio de los consumidores, sin olvidar que el desempeño de una economía debe medirse por el bienestar de los consumidores.
III
¿Qué se requiere para conseguir la mayor competencia posible en todos los sectores de la actividad económica y en todos los mercados de una economía? Que el Gobierno permita que todo aquel —nacional o extranjero (lo que importa es la competencia, no la nacionalidad de los competidores)— que quiera participar invirtiendo y produciendo en los distintos sectores de la actividad económica o importando hacia los diversos mercados de la economía, lo pueda hacer sin ningún tipo de restricción proteccionista, comenzando por los sectores estratégicos, que son los que proveen algún bien o servicio al resto de las actividades económicas (como es el caso, por ejemplo, de la industria energética: electricidad, petróleo, etcétera), por lo cual conviene que lo hagan de la manera más competitiva posible —al menor precio, con la mayor calidad y con el mejor servicio— en apoyo a la competitividad de las empresas a las que proveen.
Lo anterior quiere decir que el grado de competencia en un sector de la actividad económica o en algún mercado de la economía no se mide por el número de competidores que participan, sino por el grado de apertura que hay en ese mercado o en ese sector. El grado de apertura lo determina el Gobierno y debe ser, si se ha de tener la mayor competencia posible, el más alto posible. Para ello, el Gobierno no debe imponer ninguna restricción de tipo proteccionista, o sea las que protegen al productor nacional de la competencia del exterior: cierre de fronteras a la importación de mercancías, prohibición de la inversión extranjera directa (que abre empresas, produce bienes y servicios, crea empleos y genera ingresos) en el país, cobro de aranceles a los productos importados. Esto es contrario a la competencia, y por ello a la competitividad, y va en perjuicio de los consumidores, consecuencia de un mal uso —no el más competitivo posible, de parte de los productores— de los recursos a su disposición.
IV
¿Qué supone que el Gobierno permita, sin ningún tipo de restricción proteccionista, que todo aquel, nacional o extranjero, que quiera participar en algún sector o mercado de la actividad económica lo pueda hacer? El pleno reconocimiento, la definición puntual y la garantía jurídica tanto de la libertad individual para emprender como de la propiedad privada sobre los medios de producción. Esta última es condición de aquella. La libertad individual para emprender se puede limitar directamente actuando sobre la propiedad privada de los medios de producción, o de manera indirecta, actuando por medio de la propiedad privada.
Cuando el Gobierno reconoce plenamente, define puntualmente y garantiza jurídicamente la libertad individual y la propiedad privada, todos los sectores y mercados de la actividad económica están total y definitivamente abiertos a la participación de todo aquel, nacional o extranjero, que quiera participar, con lo cual se logra —independientemente del número de competidores que participen— el mayor grado de competencia posible, siempre en beneficio del consumidor.
Además, cuando el Gobierno permite, sin ninguna restricción proteccionista, la participación de los particulares en todos los sectores y mercados de la actividad económica, está actuando en favor de (1) la justicia, porque respeta la libertad de los productores (dejándolos emprender donde crean poder obtener la mayor ganancia posible) y de los consumidores (dejándolos comprar los bienes y servicios, nacionales o extranjeros, con los cuales crean poder satisfacer, de la mejor manera posible, sus necesidades), lo cual coincide con la definición clásica de justicia: la constante y perenne voluntad de darle a cada quien lo suyo, es decir, el derecho de cada cual a la vida, a la libertad —para emprender y consumir— y a la propiedad; (2) de la eficacia, porque la competencia —consecuencia de permitir la participación en cualquier actividad o mercado económicos— da como resultado la competitividad (menores precios, mayor calidad y mejor servicio) que, por el lado de la oferta, supone el mejor uso posible de los factores de la producción —que por ser escasos y de uso alternativo deben utilizarse de la mejor manera posible—, al tiempo que, por el lado de la demanda, eleva, gracias a la mayor libertad de elección posible, el bienestar de los consumidores.
V
Este cuarto mandamiento del Decálogo para el buen comportamiento económico del Gobierno es una prescripción para evitar proteger de la competencia a los productores nacionales, lo cual es una barbaridad, porque donde no hay competencia hay, por definición, incompetencia, es decir, mayores precios, menor calidad y mal servicio, todo en contra de los intereses de los consumidores. Cabe recordar que el desempeño de una economía debe medirse, precisamente, en función del bienestar de los consumidores, el cual depende de manera importante de la competencia entre los oferentes, que a su vez depende de que el Gobierno permita, como he señalado reiteradamente aquí, la libre participación, ya sea invirtiendo y produciendo en algún sector de la actividad económica o importando hacia alguno de los mercados de la economía, sin ningún tipo de restricción proteccionista. Esto favorece la justicia y la eficacia.
En este tema, como en muchos otros, hay que ir más allá de la frontera.
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ARTURO DAMM ARNARL es economista, filósofo y profesor de Economía y Teoría Económica del Derecho en la Universidad Panamericana ([email protected]; Twitter: @ArturoDammArnal).
