La Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones es de gran calado porque enfrenta uno de los índices de concentración más grandes del mundo en el mercado de telecomunicaciones. Los altos precios y la baja accesibilidad para las empresas y los consumidores deformaron el mercado, dejando a México sin instrumentos fundamentales para mejorar su productividad.
En términos de la televisión pública o televisión sin fines de lucro, la ley dice en primera instancia:
[…] la presente iniciativa busca en particular que los servicios de radiodifusión se traduzcan en un beneficio concreto de cultura para toda la población y contribuya[n] de manera activa a preservar la pluralidad y fomentar los valores de identidad nacional y, en general, los previstos en el artículo tercero de la Constitución. Asimismo, pretende promover la formación educativa y cívica y procurar la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz de los acontecimientos nacionales e internacionales y fomentar la expresión de la diversidad de ideas y opiniones.
Más adelante añade:
La Ley establecerá un organismo público con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.
El organismo público contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva. Será integrado por nueve consejeros honorarios que serán elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Los consejeros desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos los dos de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo.
El presidente del organismo público será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente; durará en su encargo cinco años, podrá ser designado para un nuevo periodo por una sola vez, y solo podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría.
El presidente del organismo presentará anualmente a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión un informe de actividades; al efecto comparecerá ante las cámaras del Congreso en los términos que dispongan las leyes.
Una vez aprobada la ley, debe abrirse un diálogo amplio para definir y reglamentar el nuevo organismo. Desde nuestro punto de vista, este debe ser un organismo articulador de los medios públicos.
La diversidad de entidades y dependencias públicas que producen o difunden televisión y radio con fines educativos o culturales en nuestro país es significativa. Actualmente, en la Secretaría de Educación Pública están sectorizados la Dirección General de Televisión Educativa, Canal 22, Radio Educación, el Instituto Mexicano de la Radio, el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa y el Canal 11 del IPN. Asimismo, en la Secretaría de Gobernación está sectorizado el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), y son parte de las universidades públicas TV UNAM y el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Además, desde luego, están las televisoras y radiodifusoras de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal. Cada una de ellas tiene una historia, una infraestructura, un presupuesto y una personalidad jurídica distintos.
La competencia no articulada entre todas estas entidades —por presupuesto, cobertura y audiencia— ha balcanizado su situación.
No proponemos que haya una programación única para todas las emisoras. Ello sería no solo imposible, sino contrario a la tendencia internacional. Hoy en día, como consecuencia de la necesidad de hacer más eficiente la operación de la televisión pública frente a la creciente competencia por parte de empresas de cable y de televisión abierta privadas y la disminución gradual del financiamiento público, así como por la digitalización y la convergencia tecnológica, las radiodifusoras públicas o sin fines de lucro de los países más avanzados han evolucionado hacia la regionalización, la creación de canales especializados, la comisión de gran parte de su producción a productoras independientes y la creación de áreas de producción específicas para las distintas plataformas en las que se distribuyen los contenidos.
Por ello, el nuevo organismo debe articular los medios sin fines de lucro que se afilien voluntariamente, con el objeto de participar en un auténtico esfuerzo de programación que evite la competencia abierta entre ellos, la cual lleva a la pulverización de sus audiencias. Por otro lado, debe ayudar a conseguir producción para los canales públicos locales o regionales con escasos recursos y pocos contenidos culturales o educativos.
La programación es lo que singulariza los distintos estilos audiovisuales. En consecuencia, el organismo articulador debe partir de reconocer la infraestructura existente en los diferentes canales y el talento de productores y de empresas externas, a fin de entender cuáles tienen capacidad para transmitir a nivel nacional y cuáles requieren de programas producidos por otras televisoras para armar su programación.
No todas las emisoras deben intentar tener cobertura nacional, ni dar el mismo peso a toda su producción: a muchas les conviene centrarse en lo regional y buscar alguna especialización en la que alcancen niveles de excelencia. El organismo articulador podría dar apoyos financieros a una televisora para una producción de mayor envergadura, que no solo pudiera compartir con las demás emisoras nacionales, sino que incluso la llevara a colocar sus programas en el ámbito internacional.
El nuevo organismo podría también articular, con aquellas emisoras interesadas, la compra de materiales internacionales y la venta de la producción nacional, monitoreando el cumplimiento de las condiciones internacionales.
Consideramos que el nuevo organismo articulador de la televisión pública podría tener las siguientes funciones específicas:
1. Fomentar la colaboración, el cofinanciamiento o la coproducción entre las instituciones afiliadas (estaciones públicas, dependencias y entidades), contribuyendo a la elevación de la calidad de la producción televisiva cultural.
2. Operar un fondo para la producción de calidad, bolsas o mecanismos semejantes a los que ya existen para la cinematografía (Foprocine, Eficine) y a los que puedan tener acceso tanto productores de tv independientes como todas las televisoras de servicio público, de acuerdo con una reglamentación precisa y transparente, orientada a una producción de calidad (infantil, ficción, documental) susceptible de exhibirse a nivel nacional e internacional.
3. Aprovechar mejor los recursos disponibles destinados tanto a la adquisición de programación nacional o extranjera para su difusión nacional o regional, como a promover la venta internacional de la producción propia. Al respecto, hay muchas experiencias y modelos que se pueden seguir, los cuales aseguran una programación de bajo costo para cada miembro, pero con exclusividad y acorde con la identidad y el perfil de cada emisora, y pertinente a su audiencia específica.
4. Establecer estrategias para la difusión —en la forma, medio y horario idóneos— de emisiones con un carácter educativo explícito, procurando generar sinergia entre estas y el resto de la programación, y complementando las emisiones educativas con materiales difundidos en otras plataformas.
5. Integrar a los especialistas para realizar estudios cualitativos de audiencia, que son muy costosos y generalmente arrojan información que puede ser útil para todo el sector. Al respecto, hay experiencias muy valiosas y grupos especializados en algunas de las emisoras públicas. Asimismo, la contratación de servicios de medición de audiencias que sirvan a todas las televisoras públicas afiliadas al organismo representaría un gran ahorro para varias de las emisoras que actualmente lo hacen por separado.
6. Participar en estudios de prospectiva tecnológica (i.e. la digitalización y todo lo que implica: transmisión, convergencia, nuevas plataformas de distribución), así como en consultas sobre modificaciones al marco legal, entre otros mecanismos.
7. Integrar conceptualmente la televisión pública al “espacio audiovisual”, del que también forma parte la industria cinematográfica, como lo han hecho muchos países europeos y algunos latinoamericanos.
8. Contribuir a la formación y actualización de recursos humanos de todo tipo, específicamente para las distintas modalidades de TV educativa y cultural, aprovechando las áreas de excelencia que existen en las emisoras afiliadas (televisión infantil, noticiarios, documentales, series de ficción, grabación de espectáculos, etcétera).
9. Establecer estrategias viables y normas para la digitalización y preservación de la obra audiovisual videográfica, así como para su acceso, a la luz del acelerado cambio tecnológico en el campo de la televisión, sin que eso implique el traslado y concentración de los materiales, ni la centralización de la información sobre ellos. Hoy en día, hay plataformas informáticas que permiten acceder a distancia a los catálogos de las televisoras afiliadas, y ver y descargar estos materiales en portales de video bajo demanda, vía la banda ancha de internet.
10. Crear la figura de un Ombudsman o Defensor del Televidente para la televisión pública, con una estructura ligera que le permita recibir y procesar las controversias que propicie la programación en el espacio público, así como las quejas y sugerencias de las audiencias.
11. Crear mecanismos de participación ciudadana, códigos de ética y normas generales de producción que aseguren la calidad artística, ética y técnica, así como la pertinencia de los contenidos que se pongan a disposición de todos los afiliados a nivel nacional, y que sean un modelo para la producción que lleven a cabo las televisoras, local o regionalmente.
México tiene el talento, la infraestructura y la experiencia para fortalecer el prestigio, la influencia y el valor de la televisión no lucrativa, pues esta constituye una promotora invaluable de la cultura y la educación no formal.
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ALEJANDRA LAJOUS es historiadora y cronista. Fue directora general de Canal 11. Actualmente produce contenidos para televisión.
MAGDALENA ACOSTA es egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica. Fue directora general de la Cineteca Nacional y de Canal 22.
Es alentador leer propuestas tan claras y estructuradas en torno a los medios públicos de nuestro país. Ojala que todas y cada una de sus propuestas sean consideradas en su momento para cumplir con la nueva ley de telecomunicaciones pero sobre todo,para transformar a los medios públicos de México. Me gusto mucho el análisis que hacen. Felicidades!!
Ya me inscribí. Ya me llego mi nombre y pasos word, pero no se dónde ingresar lo para leer en línea la revista. ¿Me podrían ayudar?
Gracias anticipadas