El acceso a los servicios de salud por parte de los migrantes es un aspecto delicado —y fundamental— del debate en torno a una nueva ley migratoria en Estados Unidos. Legisladores y autoridades plantean los requisitos que tendrían que cumplir quienes aspiren a permanecer legalmente en ese país.
La anunciada reforma migratoria en Estados Unidos parece que se hará realidad en el transcurso de este año. Habrá que esperar los detalles para poder hacer un análisis cuidadoso, pero a pesar del entusiasmo que pueda despertar en México la regularización de la estancia de aproximadamente 6.5 millones de connacionales sin papeles en ese país, las particularidades establecidas en dicha reforma no necesariamente se traducirán en beneficios inmediatos para este grupo en materia de salud.
El material que se ha filtrado de las propuestas elaboradas en el Senado y en la Cámara, así como de la presentada por la Casa Blanca, esencialmente plantean como condiciones para la regularización (1) el registro de los inmigrantes indocumentados, (2) el pago de una multa, (3) estar al corriente en el pago de los impuestos, (4) no tener antecedentes criminales, (5) aprender inglés y (6) conocer la historia y las leyes de Estados Unidos.
Los proyectos emanados del Congreso plantean la creación de un programa de trabajadores huéspedes en tareas de baja capacitación, ajustado a los requerimientos anuales del mercado de trabajo; el aumento en el número de visas en el área de alta tecnología; la reducción de visas en ciertas categorías de reunificación familiar; el incremento de las medidas de seguridad en la frontera, y un sistema de verificación en el empleo de los permisos de trabajo.
Las propuestas de reforma del Senado incluyen la estancia provisional de los inmigrantes indocumentados que cumplan con los requerimientos establecidos, y una espera de 10 años para la obtención de la residencia permanente, una vez que se hayan procesado las visas solicitadas por los inmigrantes en curso legal. Además, en caso de obtener la residencia permanente, los inmigrantes regularizados podrán aspirar a la ciudadanía en un término de 3 años más, lo que convierte el proceso para la naturalización de los inmigrantes indocumentados en un periodo de 13 años. Los trabajadores agrícolas tendrían un tiempo menor para alcanzar la residencia y la ciudadanía. La versión de la Cámara establece la salida del país de los inmigrantes indocumentados y un periodo de espera para la aprobación de la residencia permanente menor a los 10 años que establece la ley actual.
El permiso temporal para estar en el país no necesariamente asegura que la totalidad de la población indocumentada alcance la residencia permanente en un término de 10 años, puesto que desafortunadamente no todos califican ni cumplen con cada uno de los requisitos. Los bajos ingresos de este grupo pueden ser un obstáculo para el pago de la multa, los trámites de regularización y los impuestos atrasados. Nueve millones de mexicanos residentes en Estados Unidos tienen una “capacidad limitada” de hablar el inglés (LEP, por sus siglas en esa lengua), lo que representa un reto adicional para cumplir con los requerimientos para 5.2 millones sin papeles. Y, por último, debe contarse con un expediente limpio de antecedentes criminales, por lo que habrá que esperar los criterios de las autoridades para su aplicación.
El programa de trabajadores huéspedes propuesto por el Senado plantea la creación de una nueva visa “W” para la contratación de 20 mil trabajadores extranjeros a partir del 15 de abril de 2015 en labores de baja capacitación, número que podría aumentar a 75 mil en 2019, teniendo como límite superior a partir de esa fecha 200 mil visas anuales. El número de trabajadores por año lo establecerá una nueva Oficina de Inmigración e Investigación de Mercado, que analizará las fluctuaciones del empleo y asignará cuotas por ramo y por región. Las empresas constructoras tendrán un tope máximo de contratación de 15 mil trabajadores al año y no podrán contratar operadores técnicos de alta calificación. Los trabajadores huéspedes tendrán permisos de trabajo por un año, con posibilidad de renovar la visa o solicitar la residencia permanente.
Un aspecto poco analizado es el efecto que tendrá la reforma a las leyes de inmigración de Estados Unidos en la atención médica de los inmigrantes en vías de regularización y de aquellos con menos de cinco años de estancia legal, quienes de acuerdo con la ley expedida en 1996 —PRWORA/Welfare Act— no tienen derecho a los beneficios sociales de Medicaid.
La reforma a los sistemas de salud aprobada en 2010, que tendrá aplicación plena en 2014, obliga a todos los ciudadanos e inmigrantes con estancia legal a contar con un seguro médico o pagar una multa anual. Esta ley pretende incorporar a 32 millones de nuevos asegurados mediante la creación de un sistema de intercambio de seguros médicos en línea, que ofrecerá aseguramiento por parte de diversas empresas de seguros con planes de salud, primas y coberturas competitivas; contarán con subsidios federales aquellas personas ubicadas entre el 100 y el 400% del nivel federal de pobreza (FPL) —ingresos anuales entre 22 mil 250 y 90 mil dólares para una familia de cuatro personas—, y mediante la expansión de los servicios públicos de Medicaid para aquellos individuos y familias con un ingreso anual menor a 138% del FPL. Esta legislación impide específicamente a los inmigrantes indocumentados adquirir un seguro médico y recibir subsidios para el pago de las primas de seguros en los intercambios, así como inscribirse en Medicaid.
Los proyectos de reforma migratoria contemplados tanto en el Senado como en la Cámara, al igual que la propuesta del presidente Barack Obama, no hacen mención alguna de la situación que enfrentarán los inmigrantes indocumentados con permiso provisional en materia de atención médica, ya sea mediante un seguro médico privado o a través de los servicios de Medicaid.
Al contar estos inmigrantes con un permiso provisional de estancia legal —visa LPI (Lawful Prospective Immigrant)— y por tanto con un permiso de trabajo, y al estar al corriente en el pago de sus impuestos, parece lógico que puedan inscribirse en los servicios de Medicaid y beneficiarse de los intercambios de seguros para adquirir un seguro médico y alcanzar los subsidios correspondientes en las primas. Igualmente, los inmigrantes con menos de cinco años de estancia legal debieran poder tener acceso a los servicios de Medicaid.
No obstante, esta iniciativa podría enfrentar una fuerte oposición del Partido Republicano, ya que para lograr esta solución habría que modificar la llamada Welfare Act. Por otra parte, un indicador de la posición del presidente Obama al respecto lo representa el que en la orden ejecutiva que firmó para autorizar la estancia legal condicional (deferred action) de los llamados “DREAM-ers” —los hijos menores de inmigrantes indocumentados que entraron al país acompañando a sus padres—, que les permite trabajar y obtener la residencia permanente mediante el cumplimiento de ciertos requisitos, excluye la posibilidad de recibir los beneficios sociales de Medicaid.
No obstante, aun si se aprueban las reformas tendientes a lograr que la totalidad de los inmigrantes en vías de regularización tengan la opción de estar asegurados mediante un seguro privado o Medicaid, un número considerable de emigrantes mexicanos no tendría acceso a la atención médica prestada por esos servicios porque están empleados en empresas que no ofrecen aseguramiento médico en el trabajo; porque, debido a sus bajos ingresos, no pueden comprar un seguro en los intercambios de seguros médicos —aun con el subsidio a las primas de seguros—, o porque, a la fecha, 19 estados se oponen a la extensión de Medicaid en sus entidades y 5 más no toman aún una decisión al respecto, lo que significa que un importante número de mexicanos residentes en esos estados no tendrá acceso a los servicios de Medicaid.
De los 3.9 millones de emigrantes mexicanos que habitan en los 19 estados que rechazaron la expansión de Medicaid, 2.1 millones no tendrán acceso a este servicio público y 508 mil más estarán obligados a comprar un seguro individual o pagar una multa. Este número pudiera aumentar dependiendo de la decisión que tomen los cinco estados que aún no se han pronunciado sobre la expansión de Medicaid.
La situación anterior es considerada como el mejor de los escenarios. Una situación menos favorable es que se mantengan los impedimentos establecidos en el Welfare Act para los inmigrantes legales con menos de cinco años de estancia, que los inmigrantes en vías de regularización no puedan acceder a los servicios públicos de salud hasta después de los cinco años de estancia legal en el país, y que aquellos que no cuenten con un seguro médico en el trabajo se vean obligados a adquirir un seguro individual o pagar una multa.
Un tercer escenario es que, en las disposiciones de la reforma migratoria relativas a la atención de la salud de los inmigrantes indocumentados en vías de regularización, se mantenga la fórmula existente de atención médica a la población desprotegida a través de la red de clínicas comunitarias, hospitales y centros de salud financiados con recursos federales con apoyo de los gobiernos estatales y locales.
Esta solución enfrentaría el gran aumento de pacientes en años futuros debido a la extensión de Medicaid, la cual espera alcanzar 21.5 millones de nuevos afiliados para 2022, atendidos en parte por esta red, lo que pondría una fuerte presión en la infraestructura y el personal médico. Otro problema que se avizora es la batalla por la reducción del déficit fiscal, la disminución del presupuesto federal por el Acta de Secuestración, y las presiones del Partido Republicano para la disminución de las tareas a cargo del Gobierno, presiones que pretenden desmantelar y privatizar los programas públicos de beneficio social: Seguro Social, Medicaid y Medicare.
A la fecha no parece haber lineamientos claros en los proyectos de reforma migratoria en relación con la atención de la salud de los inmigrantes indocumentados en vías de regularización, y las alternativas, lejos de ofrecer una mejora de la situación actual de cerca de 6.5 millones de emigrantes mexicanos indocumentados, parecen ser un retroceso.
*Nota: En la propuesta presentada el 16 de abril de 2013 por el grupo bipartidista de ocho senadores —denominada “Border Security, Economic Opportunity and Immigration Modernization Act of 2013″—, se mantienen las limitaciones del Welfare Act de 1996 y se niegan los servicios públicos de Medicaid a los inmigrantes en vías de regularización con residencia provisional, quienes deberán adquirir un seguro médico en los intercambios estatales de seguros o pagar una multa.
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FERNANDO SEPÚLVEDA AMOR es director del Observatorio Ciudadano de la Migración México-Estados Unidos.
