Estos Ocios y los del número anterior presentan consideraciones y datos que, me parece, no sobran en el apartado que tendrán, confío, la cultura y el libro en el Plan Nacional de Desarrollo que establecerá las metas del gobierno actual.
En lo que toca a la cultura impresa del México posrevolucionario suele reconocerse como punto de arranque la política promovida por José Vasconcelos de editar los clásicos griegos en grandes tirajes. Sigue la publicación de novelas y relatos de quienes participaron en la Revolución, de textos indigenistas y colonialistas, más las exploraciones de autores contemporáneos. De acuerdo con el historiador Luis González, las generaciones de 1910, 1915, 1929 y 1950 se pusieron al día en cultura bibliográfica gracias a la llegada a nuestro país de españoles dedicados a la industria del libro, a causa de la Guerra Civil de aquel país. Una trascendencia: la fundación del Fondo de Cultura Económica en 1934. A lo anterior debe añadirse el éxito de las campañas de alfabetización que emprendieron Vasconcelos, Jaime Torres Bodet (el libro de texto gratuito) y Agustín Yáñez. “Por primera vez —advierte don Luis—, la cultura escrita alcanza a todos los sectores de la población, aunque no con igual intensidad. En 1985 se estima que saben leer y escribir cincuenta millones, que se producen seis mil títulos de libros al año y trescientos doce periódicos, con un total de diez millones de ejemplares”. Por esos años se abrieron librerías que permitían hojear los ejemplares, sumadas a las tradicionales de la zona centro.
Se han impulsado desde hace dos décadas diversas acciones librescas: organización de ferias de libros —resaltan las internacionales del Palacio de Minería de la UNAM y la de Guadalajara—; la red de bibliotecas creció considerablemente y, con todo y lo desaconsejable de la prisa política, se construyó la Biblioteca José Vasconcelos como eje de las bibliotecas públicas de todo el país —un proyecto de modernización de los servicios de lectura con base en los avances tecnológicos en materia de informática y telecomunicaciones. Al cierre del sexenio anterior se inauguró La ciudad de los libros, homenaje a la literatura y promoción de la bibliofilia. Proyectos de digitalización de acervos se han emprendido en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de la Nación y en instituciones educativas públicas y privadas. Todos estos esfuerzos de actualización tecnológica no han tenido el impacto esperado en relación con los recursos invertidos.
Para atender el problema del desarrollo educativo recordemos que el presidente Ernesto Zedillo decretó en el 2000 una Ley de Fomento para la Lectura y el Libro en cuyos capítulos se mencionan los diferentes factores que se relacionan con la cultura impresa y sus funciones (producción, distribución y circulación de obras), bajo el entendido de que corresponde al Sistema Educativo Nacional desarrollar un programa orientado a fomentar el hábito de la lectura, promover los libros publicados en el país y procurar la existencia de ellos en las bibliotecas públicas. El artículo 6 establece lo siguiente:
Corresponde al Ejecutivo Federal poner en práctica las políticas y estrategias que se establezcan en el programa nacional de fomento a la lectura y al libro, así como impulsar la creación, edición, producción, difusión, venta y exportación del libro mexicano y de las coediciones mexicanas que satisfagan los requerimientos culturales y educativos del país en condiciones adecuadas de calidad, cantidad, precio y variedad, asegurando su presencia nacional e internacional.
En esta ley se determina la creación de un Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y el Libro como órgano consultivo de la Secretaría de Educación Pública en el que participan veintitrés vocales, representantes de instituciones vinculadas con el libro, la educación y la cultura para que, con base en las funciones que se le conceden, se encargue de “crear una cultura del fomento a la lectura y el libro, así como facilitar el acceso a este”.
Las cifras que la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) ofrece respecto del periodo 1994-2008 muestran un crecimiento en la producción que permite observar que las necesidades de lectura se atienden por el gobierno y con la participación del mercado. Las editoriales vendieron más de dos mil millones en 1994 y alcanzaron en 2008 casi seis mil millones de pesos. Sin embargo, declaraban una crisis severa y para resolverla se aprobó ese año la nueva ley del libro, que estableció el precio único. Sus resultados, según afirman algunos editores, han sido un fracaso. (Reforma, Cultura, 30 de abril 2013, p. 26.)
Sin embargo, contribuye a matizar la opinión de quienes temen que desaparezca el libro impreso ante el avance de la ediciones electrónicas el saber que en los últimos años pocas editoriales han cerrado su puertas y que han continuado sus trabajos casas como Porrúa, Siglo XXI, Salvat, McGraw Hill, Planeta, Diana, Joaquín Mortiz, Nuestro Tiempo, Era, Océano, Jus, Cal y Arena, Clío y centenar de empresas medianas que se dedican desde hace décadas a la publicación de libros de texto o escolares y otras, más pequeñas por lo general, interesadas en promover la literatura y poesía en ediciones de arte así como en el libro-objeto o de gran formato. Es importante advertir, asimismo, que han reforzado su presencia decenas de casas editoriales de otros países, sobre todo de España, Argentina y Colombia, que distribuyen los títulos de sus catálogos en librerías de toda la República. Súmese a todo lo anterior la incesante publicación de libros y revistas en la Universidad Nacional Autónoma de México, en otras casas de estudio de la capital como El Colegio de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Mora y la Universidad Iberoamericana, y en las instituciones académicas del interior de la República públicas y privadas que sería largo mencionar. Considérese también la impresionante producción de los libros de texto gratuitos, los catálogos del Fondo de Cultura Económica y de todas las entidades que integran el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes más toda la producción documental de carácter informativo y oficial de las instituciones públicas; y todavía más pues, a pesar de algunos, debe contarse como cultura impresa el alud de la prensa periódica que abarca revistas de cultura, política, ciencia, religión, medicina, deportes, cine, sexo, modas, sociales y espectáculos de diversa calidad; diarios de información general y circulación nacional; periódicos locales de las ciudades principales de los estados; aparte de millares de folletos de información oficial y comercial e infinidad de papeles y carteles que publicitan servicios y productos para reforzar la plaga de los llamados anuncios espectaculares que distraen la atención de conductores y transeúntes. La circulación de impresos tiene todavía mucha tinta para permitir la lectura que mejor decidan hacer los habitantes de Este País. Tal es la mejor condición que puede tener un lector que se precia de ser libre: la de elegir. ~
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MIGUEL ÁNGEL CASTRO estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM. Ha sido profesor de literatura en diversas instituciones y es profesor de español en el CEPE. Fue director de la Fundéu México y coordinador del servicio de consultas de Español Inmediato en la Academia Mexicana de la Lengua. Especialista en cultura escrita del siglo XIX, es parte del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la máxima Casa de Estudios y ha publicado libros como Tipos y caracteres: la prensa mexicana de 1822 a 1855 y La Biblioteca Nacional de México: testimonios y documentos para su historia. Castro investiga y rescata la obra de Ángel de Campo; recientemente sacó a la luz el libro Pueblo y canto. La ciudad de Ángel de Campo, Micrós y Tick-Tack.
