En esta décima entrega de una serie de doce dedicada a la revisión del rol del Gobierno en la economía desde una perspectiva afín al capitalismo, el autor se refiere a los impuestos como un mal necesario y aboga por limitar tanto su recaudación como su uso, de modo tal que causen el menor daño posible.
I.
El noveno mandamiento del Decálogo para el buen comportamiento económico del Gobierno es este: “Aceptarás que el sistema impositivo correcto es el del impuesto único (ni uno más), homogéneo (la misma tasa en todos los casos), universal (sin excepción de ningún tipo), no expoliatorio (no cobrado con fines redistributivos) y al consumo (no al ingreso, no al patrimonio), aceptación que te llevará a ponerlo en práctica”.
Para comprender este mandamiento lo primero que hay que tener presente es que, al cobrar impuestos, el recaudador obliga al contribuyente a entregarle parte del producto de su trabajo, lo cual —según la definición de robar: ‘tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno’— es un robo que, no por estar avalado por alguna ley, como por lo general lo está el cobro de impuestos, deja de ser eso, un robo. Si aceptamos la necesidad de tener Gobierno, dicho robo debe ser justificado, y lo único que justifica el cobro de impuestos es que el Gobierno cobre lo mismo a todos para darle a todos lo mismo o, dicho de otra manera, que —ni por el lado del cobro de impuestos, ni por el lado del gasto gubernamental— el Gobierno redistribuya el ingreso, lo cual se consigue cobrando lo mismo a todos para darles a todos lo mismo. Ello implica que el Gobierno se limite a ser eso, Gobierno, sin intentar ser ni ángel de la guarda, para proteger a la gente de todos los males, ni hada madrina, para concederle todos los bienes
II.
El Gobierno es un mal necesario. Es necesario por los bienes que debe proveer y es un mal por la manera que tiene de financiar dicha provisión.
Los bienes que el Gobierno debe proveer son estos: (1) seguridad contra la delincuencia (tarea en la cual, por más honesto que sea, nunca será 100% eficaz); (2) justicia (lo cual supone que falló en la primera tarea y que, por lo tanto, alguien violó los derechos de alguien más; en esta tarea, como en la anterior, por más honesto que sea nunca será 100% eficaz); (3) los bienes y servicios públicos, que realmente sean públicos1 y que verdaderamente deban ser ofrecidos (por ejemplo: desde el alumbrado en las calles hasta el drenaje en el subsuelo); (4) orden en los espacios públicos, es decir, organizar la convivencia más allá del espacio privado (por ejemplo: semáforos para ordenar la relación entre los automovilistas y de estos con los transeúntes, o parquímetros para usar los precios como mecanismo de racionamiento de un espacio escaso). ¿Qué tienen en común estas cuatro tareas? Que ninguna de ellas supone redistribución, ya que el Gobierno las realiza de igual manera para todos.
Las maneras que tiene el Gobierno de financiar la provisión de bienes y servicios son estas: cobrando impuestos, es decir, obligando al contribuyente, bajo amenaza, a entregarle parte del producto de su trabajo, expoliación legal (ojo: no deja de ser un robo, ya que el Gobierno toma para sí, con violencia o fuerza, lo ajeno) que encuentra su única justificación si el Gobierno le quita a todos lo mismo (no redistribuye en el cobro), para darle lo mismo a todos (tampoco redistribuye en el gasto), cobro de impuestos que tiene como fin solucionar el problema del gorrón.
Si lo que provee el Gobierno son bienes (por ejemplo: seguridad, justicia) que, como tales benefician a todos, ¿por qué no dejar que su oferta se financie de manera espontánea, recurriendo a las aportaciones voluntarias de los ciudadanos, beneficiarios de tales bienes (por ejemplo: drenaje y semáforos)? Porque no faltará algún ciudadano que, al ver que los demás contribuyen y dado que su contribución sería marginal (muy pequeña), decida no contribuir, resultando imposible excluirlo de los beneficios que aportan los bienes y servicios suministrados por el Gobierno (por ejemplo: alumbrado público o parquímetros). ¿Cómo evitar a los gorrones? Obligando a todos a pagar. Queda responder estas dos preguntas: ¿cómo?, ¿para qué?
III.
¿Cómo? Cobrando a todos lo mismo. ¿Para qué? Para darle lo mismo a todos.
¿De qué manera se cobra a todos lo mismo? Con el impuesto único (ni uno más), homogéneo (la misma tasa en todos los casos), universal (sin excepción de ningún tipo), no expoliatorio (no cobrado con fines redistributivos) y al consumo (no al ingreso, no al patrimonio).
¿Cómo puede darse lo mismo a todos? Limitándose el Gobierno a las cuatro tareas ya señaladas:2 ofrecer seguridad contra la delincuencia; impartir justicia; proveer los bienes y servicios públicos, que realmente sean públicos y que verdaderamente deban ser ofrecidos, y ordenar, en los espacios públicos, la convivencia.
¿Y la lucha a favor de todos los demás bienes (por ejemplo: alimentación, atención médica, educación) y en contra de todos los otros males (por ejemplo: adicciones, sobrepeso, enfermedades)? Esas luchas son responsabilidad de cada quien, tal como debe ser en una sociedad de personas verdaderamente libres y, precisamente por ello, realmente responsables. El único mal en contra del cual el Gobierno debe luchar es la delincuencia. El único bien que debe proveer es la justicia.3
La única manera que el Gobierno tiene de luchar contra otros males, y de proveer otros bienes, es la redistribución, es decir, quitándole a a lo que sí es de a para darle a b lo que no es de b, lo cual no deja de ser un robo, que no se debe justificar ni por las necesidades insatisfechas de b (le quito a a para darle a b con el fin de que b pueda satisfacer sus necesidades), ni por el hecho de que quien quita y da sea el Gobierno: una acción no debe calificarse por la identidad del agente (es el Gobierno el que le quita a a para darle a b), sino por la naturaleza de la acción (independientemente de quien lo haga, quitarle a a para darle a b es un robo).
IV.
Lo único que justifica el cobro de impuestos (con todo lo que de “pecado original” suponen: obligar al contribuyente a entregar al recaudador parte del producto de su trabajo) es:
La necesidad de un Gobierno que garantice la seguridad contra la delincuencia; que imparta justicia; que ofrezca bienes y servicios públicos que realmente sean públicos y que verdaderamente deban ser ofrecidos, y que ordene, en los espacios públicos, la convivencia.
La necesidad de eliminar el problema del gorrón.
Que el Gobierno cobre lo mismo a todos, para darle a todos lo mismo, es decir, que ni por el lado del cobro de impuestos, ni por el lado del gasto gubernamental, se redistribuya el ingreso.
Que el impuesto cobrado sea el impuesto único, homogéneo, universal, no expoliatorio (¡no cobrado con fines redistributivos!) y nada más al consumo. ¿Por qué nada más al consumo? Por la ventaja de los impuestos indirectos (gravan el consumo) sobre los directos (gravan el ingreso o el patrimonio), sin olvidar que, a fin de cuentas, todo impuesto sale del ingreso de alguien, pero no es lo mismo que lo haga directamente a que lo haga indirectamente.
Impuestos directos son aquellos que gravan de manera inmediata el ingreso. Impuestos indirectos son aquellos que lo gravan de forma mediata, por ejemplo, a través de las compras, lo cual resulta menos arbitrario, por una razón muy sencilla: es menos malo gravar el consumo, que supone “destrucción” de riqueza, que la generación del ingreso, que siempre es consecuencia de la creación de riqueza, la cual es (1) la única manera de ir mitigando el problema de la escasez, que es el problema económico de fondo y que supone que no todo alcanza para todos, y menos en las cantidades que cada uno quisiera, y (2) un imperativo ético, en un mundo en el cual la pobreza sigue siendo una realidad que afecta a miles de millones de seres humanos.
V.
De todos los temas tocados en el Decálogo, este, el del sistema tributario correcto, es el menos económico y el más político ya que, ante todo, tiene que ver con filosofía del Estado (comenzando por lo principal: ¿qué debe hacer el Gobierno?) y filosofía del Derecho (cuyo principal tema es: ¿qué supone que el Gobierno haga valer el derechos de los ciudadanos?), preguntas que deben responderse desde la perspectiva del reconocimiento pleno, la definición puntual y la garantía jurídica de la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal, todo lo cual —reconocimiento, definición y garantía— es posible si el sistema tributario es el del impuesto único, homogéneo, universal, no expoliatorio y al consumo.
En este, como en muchos otros temas, hay que ir más allá de las fronteras.
1 Es decir, que de su consumo no haya manera de excluir a nadie y que su consumo no genere rivalidad.
2 Sin dejar de reconocer que ni siquiera en estas tareas, que son sus legítimas funciones, el Gobierno es capaz de ser, aunque sea 100% honesto, 100% eficaz. Siempre, en alguna medida, fallará.
3 Más los bienes y servicios públicos, que realmente sean públicos y que verdaderamente deban ser ofrecidos, y el ordenamiento, en los espacios públicos, de la convivencia.
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ARTURO DAMM ARNAL es economista, filósofo y profesor de Economía y Teoría Económica del Derecho en la Universidad Panamericana.
([email protected]; Twitter: @ArturoDammArnal)
