Si algo necesita un gobernante en tiempos de crisis económica y recortes es credibilidad. La autoridad moral de Mariano Rajoy, sin embargo, se ha visto mermada no solo por el carácter de las medidas que ha adoptado para enfrentar la recesión, sino también por el magno escándalo de corrupción en el que está envuelto.
Han pasado ya más de cuatro años desde que la justicia empezara a investigar una trama de corrupción política —conocida como Caso Gürtel— vinculada al Partido Popular (PP). La sospecha: concesiones a empresas a cambio de regalos o del cobro de comisiones. El presidente del PP —y también del Gobierno—, Mariano Rajoy, había conseguido mantenerse al margen de la trama. No lo había afectado directamente, hasta que el extesorero del Partido, Luis Bárcenas, comenzó a estar en apuros. Aunque Bárcenas había estado imputado durante dos años, el caso se había sobreseído por falta de pruebas. Pero la sentencia fue anulada un año después y el extesorero empezó a sentir cada vez con más presión el aliento de la justicia. No le faltaban motivos.
Había intentado que su mentor y ahora presidente del Gobierno maniobrara de alguna manera para que se lo desligara de la causa. No tuvo éxito, y el trabajo meticuloso del juez instructor comenzó a dar los frutos prohibidos. Bárcenas había llegado a acumular en cuentas de paraísos fiscales, principalmente de Suiza, hasta 48 millones de euros. Los intentos del extesorero por justificar el origen lícito de semejante cantidad eran incompatibles con el sentido común y, seguramente, con la decencia. No es creíble que negocios personales o transacciones muy afortunadas permitieran acumular esa suma a quien durante 20 años no se le había conocido más trabajo que controlar las cuentas de uno de los dos partidos más importantes del país. El cobro de comisiones a empresas y constructoras a cambio de concesiones parece una versión más verosímil. Su cargo en el PP le daba acceso a todos los dirigentes con puestos de responsabilidad en las diferentes regiones, aunque no tenía poder para tomar ese tipo de decisiones. Empezaba a ser incomprensible que el presidente del Partido, Mariano Rajoy, no hubiera sabido nada sobre la gestión de su tesorero. ¿De dónde procede esa fortuna? ¿Es propiedad exclusiva del extesorero o es la prueba de una financiación ilegal del PP?
Acorralado por las evidencias, dolido porque los dirigentes de su partido le dieron la espalda, convencido de que el avance de la justicia ya lo había colocado contra las cuerdas, a principios de este año decidió contraatacar y llevarse todo por delante. Es la actitud de quien muere matando. Y filtró a un medio de comunicación una supuesta contabilidad “B” del Partido, redactada a mano, que refleja el pago de sobresueldos a importantes dirigentes de la formación conservadora. Algunos políticos decidieron demandar al extesorero; Rajoy, no. Pero si esos cobros son ciertos, ¿los políticos receptores los declararon a Hacienda o no? En el primer caso —por definición, absurdo— se habría incurrido en una irregularidad toda vez que la Ley de Incompatibilidad prohíbe que algunos perceptores cobren dos sueldos, al margen de que moralmente sea inaceptable. En el segundo caso, habrían incurrido en una infracción administrativa.
Desde hace 10 meses, prácticamente todos los días los medios de comunicación se refieren a este caso. El presidente del Gobierno —para quien Luis Bárcenas pasó de ser un trabajador respetable a un delincuente— ha hablado dos veces de ese asunto en intervenciones específicas: una comparecencia sin preguntas (para asegurar que no cobró sobresueldos) y un debate parlamentario, forzado por la amenaza de una moción de censura anunciada por la oposición ante su negativa a ofrecer respuestas. Además de no responder a las preguntas planteadas arriba, Rajoy no explicó por qué el Partido siguió pagando a los abogados del extesorero y este disponiendo de un despacho oficial y de secretaria, a pesar de que había dejado de pertenecer al PP desde hacía varios meses. Tampoco confirmó qué anotaciones de la presunta contabilidad B son ciertas y cuáles no (algunos políticos que figuran en la relación han confirmado que percibieron cantidades). Tampoco explicó por qué intercambió SMS de apoyo y aliento con Luis Bárcenas después de que se conociera el dinero de las cuentas en Suiza, a pesar de que el mismo presidente había manifestado que había dejado de confiar en él. Y tampoco aseguró con rotundidad que las campañas electorales no han sido financiadas ilegalmente.
Mariano Rajoy atraviesa por uno de los peores años de su presidencia. Si conoció lo que ocurría y consintió, malo; si no conoció lo que estaba ocurriendo, peor.
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JULIO CÉSAR HERRERO es profesor universitario. Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Camilo José Cela, combina su actividad docente y de investigación con el ejercicio del periodismo. Escribe una columna semanal y es analista en TVE. Especialista en marketing político, ha asesorado a numerosos políticos latinoamericanos y publicado varios libros y artículos científicos sobre esa materia.
