Actualizar el modelo de educación básica en México requiere de algo más que un presupuesto generoso. Resultados recientes de estudios internacionales indican que, lejos de mejorar, el desempeño de nuestros estudiantes parece haber ido a menos. Parte de la solución está en transparentar el uso de los recursos y evaluar el desempeño de profesores y administrativos.
A cuatro meses de la promulgación de las leyes secundarias de la reforma educativa, vale la pena preguntarnos qué ha pasado y cómo luce el horizonte de cambio en el sector educativo. En septiembre del año pasado se sentía verdadero optimismo. Por primera vez en décadas parecía que el Gobierno tomaba decisiones difíciles y muy necesarias, a pesar de la oposición de las alas radicales de los grupos sindicales. Parecía que los intereses de las niñas y niños de nuestro país eran más importantes que los arreglos políticos.
En su momento los aplausos fueron merecidos, pero lo que se logró el 10 de septiembre fue la parte más fácil. Implementar una reforma de manera que realmente tenga un impacto en la realidad educativa de los alumnos mexicanos es mucho más complejo y requiere de mayor fuerza política.
En diciembre se publicaron los resultados de la prueba internacional pisa de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Después de los resultados desalentadores de 2009, la Secretaría de Educación Pública (SEP) decidió establecer metas de desempeño para la siguiente prueba, que se administraría en 2012. En su momento, las metas y promesas parecían demasiado conservadoras. Sin embargo, tres años más tarde nos enfrentamos con una dura realidad: no solo no se cumplieron, sino que retrocedimos. México obtuvo, en promedio, los peores resultados entre todos los países de la OCDE (ver la Gráfica). Los resultados llegaron para reforzar el sentido de urgencia en torno al tema educativo.
La reforma educativa, aunque imperfecta, logró identificar que la clave para transformar la educación en México debe apoyarse en dos elementos fundamentales: transparencia y evaluación. Estos elementos ayudarían a combatir dos de las grandes plagas que hoy controlan la educación de los mexicanos: la corrupción en la asignación de plazas de maestros y el hoyo negro de opacidad al que caen todos los recursos que se destinan a la educación.
De los países de la OCDE, México es el que destina el mayor porcentaje del presupuesto gubernamental a la educación: uno de cada cinco pesos presupuestados, es decir, 5.23% del PIB.1 Sin embargo, esto no se traduce en un alto gasto por estudiante ya que las cifras oficiales muestran que alrededor de 83% de los recursos se destina a sueldos de docentes, aunque muchas otras cifras apuntan a que el porcentaje podría ser cercano a 90%.2 Mientras tanto, como lo muestran los resultados de la prueba pisa, la educación que reciben nuestros alumnos no les permite adquirir las habilidades y capacidades necesarias para resolver los problemas y enfrentar situaciones. Ante este escenario, es fundamental contar con información que nos indique en dónde se invierten esos recursos y qué resultados se obtienen.
Un primer y significativo paso en materia de transparencia fue la aplicación de la prueba de Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) en el 2006, cuyos resultados debían permitirnos contar con indicadores sobre el desempeño de los estudiantes mexicanos y, por consecuencia, enfocar acciones hacia los alumnos y las escuelas con bajo desempeño. A ocho años de su inicio, en diciembre pasado se anunció su cancelación. Este anuncio no fue acompañado de argumentos sólidos sobre las debilidades técnicas de la prueba. Las explicaciones se centraron en argumentos sobre los problemas de copia debidos a la vinculación de los resultados con incentivos económicos para los maestros.
Al cierre de esta edición, ni la SEP ni el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) han explicado cómo se pretende evitar las prácticas de copia y corrupción. Sustituir una prueba por otra de nombre distinto no cambia la ética de algunos profesores, las prácticas fraudulentas ni los factores socioeconómicos que rodean a las escuelas.
En este contexto, resultan significativos los comentarios de las autoridades educativas que critican el vínculo entre los resultados de una prueba de desempeño y los reconocimientos a la labor docente, ya que esta vinculación es la base de un sistema meritocrático y, en cierto sentido, parte clave de la misma reforma educativa.
De igual manera, los avances en torno a resultados a partir de la evaluación docente también son mínimos. El tema de la evaluación ligada a los ascensos en la carrera magisterial entrará en vigor hasta 2015. Estos resultados tampoco serán del dominio público: nuevamente, la información quedará en manos de unos cuantos y se negará a la ciudadanía la oportunidad de conocer aspectos importantes, como el perfil profesional de los profesores que laboran en las escuelas de México. No avanzaremos mucho si los resultados los conoce solo el sindicato, que es precisamente el que más resistencia opone a la asignación de plazas con base en méritos. Hasta que los resultados sean públicos y se depure la nómina sindical, no será posible lograr avances reales en el sector.
Las evaluaciones nos benefician porque nos permiten conocer el estado y las oportunidades de mejora de la formación docente y el aprendizaje de nuestros alumnos. Pero la información también es necesaria para transparentar otros procesos dentro del sector, incluyendo la asignación de recursos de programas de apoyo que otorga el Gobierno Federal.
Un estudio de McKinsey & Company3 sobre las características de los sistemas educativos de más alto desempeño destaca que, para que cada alumno reciba la mejor educación posible, es fundamental identificar y atender a estudiantes con problemas de desempeño académico y canalizarlos a programas específicos, según sus necesidades. Los resultados de exámenes censales son una herramienta para identificar a estos estudiantes y enfocar acciones y estrategias específicas para que no estén en desventaja en términos del proceso de enseñanza-aprendizaje.
En México tenemos avances en la materia pues contamos con programas educativos destinados a la atención de temas y poblaciones específicos. Sin embargo, aquí enfrentamos uno de los grandes problemas de nuestro sistema: el difícil acceso a la información sobre el funcionamiento de esos programas, los recursos y los resultados que se obtienen.
Por ejemplo, uno de los programas emblemáticos de este Gobierno y que toma mayor fuerza a partir de la reforma educativa es el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, a cuya operación se han asignado más de seis mil millones de pesos. Sin embargo, intentar acceder hoy a la información sobre las escuelas en las que opera el programa y la cantidad de recursos que se asignó a cada una implica invertir una gran cantidad de tiempo y paciencia. Para encontrar datos remotamente actualizados es necesario hurgar en los sitios de las secretarías de educación de cada entidad federativa, echar a andar la imaginación para adivinar el juego de palabras con el cual se han titulado los documentos y, si hay suerte, encontrarlos en formato de pdf o en copia fotostática escaneada.
De igual forma, no contamos con información detallada que nos indique la estrategia a seguir para lograr que las horas adicionales que los niños pasarán en la escuela se inviertan de forma eficaz, considerando que México es uno de los países con más horas lectivas en primaria y secundaria.4 Más horas de clase, al igual que un mayor gasto, no se traducen automáticamente en un mejor aprendizaje. El complejo proceso para conseguir información relevante sobre este sector se repite con otros programas de igual importancia, como Escuelas de Calidad y Escuela Segura. No existen padrones sobre las escuelas que reciben los recursos, ni reglas de operación ni tampoco información precisa sobre el impacto que se está teniendo con los programas.
Otro tema relevante —y que la reforma educativa también retoma en parte, con el objetivo de mejorar las condiciones físicas y materiales de las escuelas—, es el referente a la información sobre las condiciones en las que se encuentra la infraestructura de los centros educativos. Como lo indican diversos estudios, la infraestructura y los recursos de las escuelas afectan los niveles de logro y aprendizaje de los alumnos,5 por lo que un primer paso es conocer con exactitud qué centros educativos son los que se encuentran deteriorados, qué tipo de materiales son los que se necesitan y si las autoridades están destinando los recursos adicionales a las escuelas que están en más desventaja.
Obtener fácilmente esta información se vuelve entonces una condición fundamental para contar con un sistema educativo de calidad. Actualmente, si queremos identificar con qué instalaciones y materiales cuentan los centros educativos, tenemos que ajustarnos a la información de 2007 disponible en el Sistema Nacional de Información de Escuelas (SNIE) o, solo para algunas entidades, a la información de 2011 disponible en el Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas (RNAME). Se debe mencionar que ni siquiera estos datos desactualizados están realmente disponibles para la ciudadanía. Con el objeto de evitar que las bases se descarguen con fines de investigación, el sitio del RNAME utiliza una tecnología de protección de datos similar a la que utiliza el SAT para proteger los datos personales de sus contribuyentes.
Para impulsar la transparencia en este rubro y tener información más confiable sobre el sector, aparentemente, la reforma ordena la creación del Sistema de Operación y Gestión Educativa, que se alimentará de la información obtenida con el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de educación básica y especial realizado por el INEGI el año pasado y cuyos resultados definitivos se entregarán este mes de marzo. El ejercicio realizado por el INEGI es valioso. Sin embargo, no debemos ignorar que no tendremos información de más de 24 mil escuelas, dado el rechazo del personal docente y directivo a la aplicación de este Censo. Las entidades que más se negaron a brindar información fueron Chiapas (41%), Oaxaca (27%) y Michoacán (27%), estados que cuentan con los niveles más bajos de desempeño escolar y con la mayor cantidad de personas en situación de rezago educativo.
El optimismo contagioso que en un momento hubo es hoy imperceptible en la ciudadanía. Incluso parece que los pasos que se están dando son un retroceso: menos claridad en los procesos de evaluación, menos transparencia, más dificultad para acceder a la información. Es irónico que seamos los ciudadanos quienes tengamos que convencer a las autoridades encargadas de evaluar al sistema educativo de que las evaluaciones son necesarias para nuestro país. Por otro lado, los argumentos que ha lanzado el secretario de Educación Emilio Chuayffet contra la prueba Enlace apuntan hacia un desprestigio de los procesos de evaluación. Después de esto, habrá que pensar de qué manera los mexicanos aceptarán la prueba de reemplazo generada por el INEE.
Un Gobierno transparente es un Gobierno más fuerte, con más confianza de parte de sus ciudadanos y más credibilidad en sus instituciones. En este sentido, el acceso a la información es un motor poderoso para implementar cambios en colaboración con la ciudadanía. Es importante que padres de familia, docentes y sociedad en general exijamos que los datos sobre el sector educativo estén a disposición de todos, para poder contribuir a los cambios, identificar problemas y reportar inconsistencias.
En un país donde ha tomado tanto tiempo y esfuerzo construir una cultura de la transparencia y la meritocracia, estamos en un momento crucial y determinante para el porvenir de esta reforma y la educación de las generaciones actuales y futuras. El delicado balance dependerá de las acciones y palabras de las autoridades educativas en el muy corto plazo.
1 OCDE, Panorama de la educación 2013: Indicadores de la OCDE, 2013.
2 Mexicanos Primero, Mal gasto, 2013.
3 McKinsey & Company, How the World’s Best Performing Schools Come Out on Top, 2007.
4 OCDE, óp. cit.
5 Ver Giovanna Valenti Nigrini, Factores asociados al logro educativo de matemáticas y español en la prueba ENLACE 2007: Un análisis multinivel, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2007; y Emilio Blanco Bosco, “La desigualdad de resultados educativos: Aportes a la teoría desde la investigación sobre eficacia escolar”, en Revista mexicana de investigación educativa, 14(43), 2009, pp. 1019-1049.
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ARIADNA CAMARGO es investigadora en el IMCO. ALEXANDRA ZAPATA es coordinadora de Mejora tu Escuela en el IMCO.
Ando buscando información sobre indice de analfabetismo en Mexico Independiente. Me tope con este interesantísimo articulo, bien armado y desafortunadamente muy real y pesimista