El desencanto de buena parte de los mexicanos con la democracia sugiere que la transición que hemos vivido en las últimas décadas debe ser explicada de otra forma: el PRI, como forma particular de hacer política, nunca se fue, se mimetizó en la oposición y se replegó en los gobiernos locales. A partir del ejemplo de Salvador Nava, los autores proponen una alternativa de participación en los asuntos públicos.
A la memoria
del doctor Nava (1914-1992),
ciudadano decente
Un largo (y magro)
proceso democratizador
Parece una paradoja cruel de la historia mexicana que, después de 20 años de transición democrática, existan hoy menos personas que apoyan la democracia que al inicio del proceso. El porcentaje de la población que dice estar satisfecho o muy satisfecho con el funcionamiento de la democracia en México ha caído de más de 50% en el año 2000 a 41% en 2006 y a 23% en 2013. Hoy en día solo el 32% cree que las condiciones de competencia electoral son justas, y solo el 19% considera que la distribución del ingreso es justa.1 El concepto de democracia parece haberse devaluado a los ojos de los ciudadanos mexicanos. Debemos entender que ha habido una grave frustración colectiva con los resultados del proceso. Esta frustración no es única de los mexicanos, sino que se extiende a la mayoría de las democracias del mundo. Pero en el caso mexicano la caída en el apoyo ciudadano a la democracia es más pronunciada y demuestra un nivel de desesperanza que es sumamente riesgoso. Valdría la pena preguntarse: ¿cuáles son las causas de este desencanto?
En primer lugar, es preciso recordar que la transición a la democracia en México se ha caracterizado por su larga duración, su carácter básicamente electoral y su incapacidad para transformar los cimientos constitucionales, institucionales y culturales del viejo régimen. El proceso de transición ha sido más bien un interregno sumamente prolongado entre el fin de una época que no acaba de irse y el principio de otra que no acaba de construirse. El proceso ha tenido dos fases distintas. La primera, que abarca el ciclo de luchas por la democracia electoral, con gran protagonismo civil, va de 1986 a 2000, y en ella se prefiguraron tanto los alcances como los límites de la democratización mexicana. En primer lugar, emergieron dos vertientes de oposición al régimen autoritario: una de derecha liberal, con una agenda limitada de democratización electoral y construcción de un Estado de derecho, y otra nacionalista-populista con ribetes de izquierda, dotada de una agenda restauradora de un pasado nacionalista mitificado y que deseaba eliminar los elementos neoliberales que el propio régimen priista había incluido dentro de la Constitución, ampliamente reformada en la época salinista.
Al haber dos oposiciones, el régimen autoritario tuvo las condiciones para jugar sus cartas, aliándose con el PAN en la implantación de las reformas neoliberales, mientras cedía parcialmente a la oposición de izquierda y a la amplia movilización civil por medio de reformas electorales sucesivas y el reconocimiento de los triunfos de la oposición en elecciones estatales y municipales. El proceso se salió del control del Gobierno después de la reforma electoral de 1996 y la creación del IFE autónomo, y el PRI perdió las elecciones presidenciales en 2000. En estos años, de 1995 a 2000, el PAN y el PRD promovieron reformas constitucionales locales tímidas, pero interesantes, en los estados que gobernaron, y mostraron cierta capacidad de innovación democrática, impulsando leyes de participación ciudadana y de transparencia y acceso a la información e intentando descorporativizar ciertos aspectos de la política cotidiana.
En diciembre de 2000 inicia una nueva etapa, el verdadero interregno que constituyeron los dos gobiernos panistas, durante los cuales no se pudo llevar a cabo ninguna reforma significativa debido al bloqueo conjunto de la izquierda y el PRI. En cambio, se debilitó el poder presidencial y se fragmentó el poder político. En el plano federal se fortaleció el poder legislativo por medio del uso del poder de veto con que contó el PRI, que derivaba del hecho de que el PAN no tenía mayoría en ninguna de las cámaras, y en los estados los gobernadores se empoderaron al librarse de la tutela presidencial, al igual que los poderes fácticos económicos, políticos y delincuenciales. Mientras tanto, la sociedad civil se desmovilizó en la vana esperanza de que la alternancia propiciara el cambio del orden político.
En el largo plazo, la transición a la democracia puede verse como el despliegue simultáneo de dos procesos distintos: de un lado, el giro neoliberal del viejo régimen priista, proceso en el cual el PAN fue un aliado estratégico; de otro, una democratización puramente electoral en la que el PAN y el PRD estuvieron aliados en la fase autoritaria (1988-2000) y posteriormente confrontados en la fase de interregno. El hecho de que el PRI, aun perdiendo el poder presidencial, quedara en el centro del espectro político, le permitió mantener las alianzas oportunistas con el PAN y con el PRD según lo ameritara la ocasión. Para todo fin práctico, la estrategia del PRI fue bloquear cualquier iniciativa del Gobierno panista para transformar la Constitución, las instituciones o las políticas públicas del Estado, estrategia conservadora que tuvo como aliado al PRD.
Esta capacidad que desplegó el PRI en el periodo de interregno no dependió solamente de su fuerza electoral y de la preservación de la gran mayoría de los gobiernos estatales y municipales, sino del uso magistral de su triunfo cultural en el proceso de transición. En efecto, tanto el PAN como el PRD y los partidos satélites adoptaron las prácticas priistas para poder competir en las elecciones locales, estatales y nacionales. El hecho de que la transición fuera puramente electoral obligó a todos los partidos a emular o copiar las prácticas priistas de clientelismo generalizado, búsqueda de financiamiento por vías privadas poco transparentes, y selección de candidatos a puestos de elección popular sobre la base de criterios de popularidad y/o financieros, aunque carecieran de experiencia política o tuvieran trayectorias políticas priistas. Una vez en el Gobierno, todos los partidos desarrollaron prácticas clientelares —que les permitieron construir bases electorales seguras para así poder competir en las siguientes elecciones—, concentraron su acción en el corto plazo electoral y adoptaron las prácticas tradicionales en un escenario de supervivencia política. Las escasas innovaciones democráticas locales de los años anteriores fueron olvidadas en un escenario de generalizada colonización política de todas las instituciones formalmente autónomas.
Esta actitud oportunista consolidó la cultura política ya existente, es decir, el clientelismo, el particularismo y el corporativismo generalizados, que habían sido el fundamento de la relación entre el régimen autoritario priista y la sociedad. Se produjo una alta tasa de continuidad cultural entre el viejo régimen y la fase de interregno de los dos gobiernos panistas. Así, la democracia electoral no significó un cambio importante en la vida de los mexicanos, con la excepción de cierta liberalización política (en retroceso constante y no en todos los estados), elecciones más competidas y algunas nuevas caras en la política en ciertos espacios locales y estatales.
Esta continuidad cultural estaba garantizada dado que el PRI conservó el poder en la mayor parte de los estados y municipios en el periodo de interregno. Esto le permitió controlar no solamente al Ejecutivo sino también a los poderes Legislativo y Judicial de los estados. Es esencial no olvidar que no hubo nunca una reforma del poder judicial en los estados y que para todo fin práctico tampoco se reformó el Poder Legislativo local. La existencia de gobiernos divididos en algunos estados no significó la profesionalización y transformación de los poderes locales. Por el contrario, en casi todos los casos los poderes Legislativo y Judicial fueron controlados completamente por el Ejecutivo, fuera del partido que fuera. En otras palabras, el viejo presidencialismo se convirtió en “gobernadorcismo”, que fue y es simplemente una copia fiel de las viejas prácticas políticas del siglo pasado.
En ausencia de innovación política durante el largo periodo de la transición democrática, es lógico que se preservara la vieja cultura política. La continuidad de las instituciones y de la cultura autoritaria fue favorecida también por la falta de proyectos alternativos para las estructuras básicas del Estado mexicano. Ningún partido propuso la reforma radical de un federalismo enfermo, especialmente de su eslabón más débil y poco funcional, el municipio, ni la creación de un Gobierno verdaderamente operativo a través de un servicio civil de carrera en serio. La única reforma significativa del periodo fue la creación de organismos autónomos con poderes acotados, que devinieron disfuncionales de inmediato debido a que fueron colonizados por los partidos a través de la distribución de puestos.
Un legado imperecedero
Frente a las falencias de nuestra transición democrática, los temas pendientes y las debilidades de los actores llamados a operar como contrapesos y promotores democráticos (oposición, sociedad civil, medios de comunicación), vale la pena recordar el legado de quien fue un destacado —y relativamente poco conocido2— líder social potosino, precursor de la resistencia civil pacífica como instrumento en la lucha por la democratización de México: Salvador Nava Martínez, popularmente llamado “el doctor Nava”, de quien por estas fechas conmemoramos el centenario de su natalicio.
Desde 1958, Nava lideró en San Luis Potosí la oposición al dominio del partido hegemónico, representado por el gobernador Manuel Álvarez y por la influencia del histórico cacique Gonzalo N. Santos. Tras postularse como candidato independiente a la presidencia municipal por la Unión Cívica Potosina, derrotó de forma aplastante al candidato del PRI, Francisco Gutiérrez Castellanos, inaugurando el 1 de enero de 1959 un nuevo tipo de gestión pública local. Los gastos gubernamentales eran publicados en los periódicos y en las paredes del Palacio Municipal, al tiempo que se informaba de ellos a través de un programa de radio semanal. Se acometió obra de infraestructura en los asentamientos populares, utilizando partidas presupuestales que otrora desembocaban en los bolsillos del cacique y sus allegados.
En diciembre de 1960, Nava pidió licencia para postularse como candidato a gobernador de San Luis Potosí. Cuando su postulación fue rechazada por el PRI —que antes había vetado su candidatura a la alcaldía—, la dirección de este partido procuró una “compensación por los gastos de precandidatura”, ante lo cual Nava pronuncio su famosa frase: “No existe suficiente dinero para que me compre a mí y compre al pueblo de San Luis Potosí”. Tras la negativa, Nava fundó el Partido Demócrata Potosino, concurriendo a unas elecciones que ganó el oficialismo gracias al amplio uso del fraude, en especial rural. La impugnación y las protestas poselectorales abrieron un proceso de agitación y luchas sociales que se extendieron hasta inicios de 1963, año en el que el líder potosino y sus seguidores enfrentaron la represión gubernamental —con el costo de muertos y heridos—; la ocupación militar del diario Tribuna, vocero de los demócratas, y finalmente el arresto y la tortura de Nava y sus más cercanos colaboradores. Esta experiencia lo llevaría a retirarse, por casi dos décadas, de la política.
Salvador Nava volvió a la lucha política en 1981, respaldado por el PAN y el Partido Demócrata Mexicano (PDM), como candidato a presidente municipal por el Frente Cívico Potosino, doblando victorioso los votos obtenidos por el candidato local del PRI. De 1983 a 1985 dirigió los destinos del municipio bajo una permanente disputa con el gobernador Carlos Jonguitud, quien apostó al bloqueo de los recursos del alcalde opositor. En 1991, Nava fue electo como candidato unitario de la Coalición Democrática Potosina —integrada por el PAN, el PDM y el PRD— para la gubernatura potosina en las elecciones del 18 de agosto de ese año. Tras declararse oficialmente triunfador al candidato del PRI, Fausto Zapata, Nava anunció la realización de una “Marcha por la Dignidad” a la Ciudad de México, denunciando un nuevo fraude en su contra. Ante el amplio apoyo de la población potosina y la opinión pública nacional a Nava y su movimiento, Zapata renunció el 10 de octubre a su puesto y fue sustituido por Gonzalo Martínez Corbalá. El doctor Nava suspendió la marcha, y falleció poco tiempo después —el 18 de marzo de 1992—, en pleno proceso de expansión de la lucha democrática y dejando un legado político digno de recordar.
Los nuevos escenarios
y la agenda pendiente
En 2012 se produce el regreso del PRI a la Presidencia, lo cual ratificó la supervivencia del viejo régimen y completó la plena restauración de un grupo que nunca perdió por completo el poder. En perspectiva, resulta bastante lógico que en medio del colapso del Estado y de la fragmentación del poder, emergiera una especie de sentido conservador de la ciudadanía, que esperaba que el regreso del PRI trajera por lo menos un poco de eficacia en el ejercicio del poder, dada la absoluta incapacidad de los gobiernos anteriores. Ahora bien, el nuevo grupo gobernante porta un proyecto modernizador con dos ejes: el primero es la culminación del proyecto neoliberal, que quedó detenido durante el largo periodo del interregno; el segundo, el restablecimiento del poder presidencial y el fortalecimiento del Gobierno Federal como medio para contrarrestar la fragmentación del poder. Esto significa básicamente la recentralización del poder político y, por tanto, una suerte de reconstrucción del presidencialismo. Se trata del único proyecto viable en la actual coyuntura, dada la ausencia de fuerzas políticas que impulsen un proyecto democrático alternativo.
El pacto a través del cual el PRI ha logrado llevar a cabo las reformas constitucionales que culminan el ciclo neoliberal es peculiar. El Pacto por México es una alianza cupular entre el nuevo grupo gobernante y las precarias direcciones de los dos principales partidos de oposición. El pacto plasma en un solo documento con 96 objetivos las reformas centrales incluidas en los programas políticos de los tres partidos. El proceso reformista vivido en 2013 puede entenderse como una apuesta que satisface no solo al grupo priista, sino también, en forma mediada, a los dos principales partidos de oposición. La recentralización del control de los procesos electorales y del gasto público está ultimadamente en el interés de los dos partidos de oposición, que ven con desesperación cómo han sido casi destruidos en los estados. Por otra parte, el fortalecimiento de las instancias de regulación económica —la Comisión Federal de Competencia y la Comisión Federal de Telecomunicaciones— es un mecanismo conveniente para el grupo gobernante porque fortalece al Estado frente a los poderes fácticos, cosa que los partidos de oposición largamente demandaron. La reforma electoral centraliza procesos, pero no cambia las estructuras. La reforma energética es más polémica, pero necesaria para el PRI. A fin de cuentas, aceptar ciertas reformas que fortalecen la capacidad de gestión del Estado está en el interés del nuevo grupo gobernante y su agenda de restauración del poder centralizado.
Frente a tales escenarios, valdría la pena recuperar creativamente el legado político de Nava. No con el ánimo de una imposible reedición de sus viejos planes, estrategias y métodos de lucha en escenarios sustancialmente más complejos que los que le tocó vivir, sino como memoria y aprendizaje valiosos en una urgente revitalización de la política democrática, acorde a las actuales circunstancias del país. El legado navista está signado por varios elementos neurálgicos: el rechazo frontal a toda forma de transacción con las corruptelas y el autoritarismo político, y la apuesta por una gestión pública honesta, eficaz y transparente, así como por una comprensión amplia de la política democrática que articula lo institucional (electoral) y lo social (movilizaciones) en un marco cívico apegado al reclamo de mayorías plurales y alejado de dogmatismos ideológicos y pragmatismos espurios.
En lo referente a la gestión pública, una reciente investigación nuestra enfocada en el ámbito local nos confirmó los déficits de profesionalización, transparencia y capacidades técnicas y administrativas que lastran el desempeño de los municipios mexicanos. Asunto que no se resolverá, de forma mecánica, con la reelección de autoridades, una mejora en la recaudación fiscal o mayores transferencias de recursos. El municipio mexicano sigue siendo, como buena parte de la política provinciana, pasto del caciquismo, la improvisación y las peores prácticas de gobierno y gestión. De tal suerte, el fomento de mecanismos e instancias de participación, de la rendición de cuentas y de órganos de transparencia abiertos a la incidencia de la sociedad civil y, en un sentido laxo, de la ciudadanía, constituye una asignatura pendiente en amplias zonas del territorio nacional.
En cuanto al fortalecimiento de la democracia, en un sentido sustantivo que rebase lo electoral y partidario, valdría la pena atender los nuevos retos que se abren con innovaciones como las candidaturas ciudadanas y los mecanismos de democracia directa. En una vida política notablemente colonizada por los partidos —en especial por uno poderoso y centralizado— y por poderes fácticos capaces de transmutar sus agendas como parte del “interés general” y la “opinión pública”, recuperar la democracia en sus dimensiones de proceso histórico y movimiento social supone una (re)construcción crítica de los valores y prácticas aún predominantes en la ciudadanía, incluidas las hegemónicas en un sector dominante de la izquierda, cuyo sectarismo, precariedad programática, debilidad de liderazgo y déficit de autocrítica y democracia interna, le impide la construcción de amplias mayorías sociales y políticas capaces de disputar el predominio a las derechas del PRI y el PAN.
En este proceso, la herencia de Salvador Nava debe, crítica y contextualmente, recuperarse. La lucha por la democracia no ha terminado en México —como equívocamente se creyó en 2000. Falta mucho para lograr que se respeten cabalmente las leyes e instituciones electorales. Y los espacios abiertos con la aprobación constitucional de las candidaturas independientes deben concretarse y regularse de tal forma que no sean capturados por los poderes fácticos. Para ello, la sociedad civil, que acompañó a Nava en su lucha democrática, debe recuperar el pasado protagonismo en un nuevo ciclo de luchas orientadas a garantizar que la reforma política recién aprobada sea una plataforma para la democratización y no un mero entretenimiento para las masas. Sin una activación de la sociedad civil, el actual periodo reformista será el principio de una plena restauración autoritaria revestida de un velo modernizador.
1 Encuesta Latinobarómetro 2013, comentada por Alejandro Moreno, “Enfoque” en periódico Reforma, 10 de noviembre de 2013.
2 Mientras escribíamos este artículo, preguntamos a estudiantes de pre- y posgrado de diversas carreras de humanidades y ciencias sociales en tres instituciones de educación superior del país sobre la figura y el legado del doctor Nava. Salvo dos personas, el resto no tenía una noción exacta del personaje o desconocía en absoluto su existencia. Las razones de tal ausencia pueden ser muchas, entre las que destacan el desconocimiento y desinterés que sobre la historia mexicana persiste en amplios sectores de la población (incluidos los jóvenes), la instauración de relatos hegemónicos (que enfatizan la centralidad del proceso de apertura controlada o el protagonismo de liderazgos partidistas opositores) en torno a la transición y las escasas fuentes que abordan la vida y obra del líder potosino. Al alcance del gran público interesado en la vida, la obra y el contexto del doctor Nava se encuentran textos como La presidencia imperial (Tusquets, México, 1997) de Enrique Krauze; ¡Nava sí, Zapata no! (Grijalbo, México, 1992) de Miguel Ángel Granados Chapa; y Salvador Nava: Las últimas batallas (La Jornada, Serie Disidencias, México, 1992) de Alejandro Caballero, así como diversos artículos, crónicas y reportajes (“San Luis Potosí: Una alternancia política conflictiva”, de José de Jesús Gama; “Zapata vs. Nava”, de Jorge Luis Sierra) y audiovisuales (San Luis: Política y luchas, de José Aguilar Noyola) disponibles en internet.
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ALBERTO J. OLVERA es doctor en Sociología por la New School for Social Research de Nueva York. Se desempeña como profesor-investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III, y se especializa en temas de sociedad civil, ciudadanía y participación. ARMANDO CHAGUACEDA es politólogo e historiador. Coordinador de un grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) y miembro de su Observatorio Social, se especializa en temas de sociología, teoría política e historia contemporánea latinoamericana.
