Siempre es útil ponerse en los zapatos de otro. Un migrante, un pequeño comerciante, un turista. Imagínese por un momento llegando a la Ciudad de México por primera vez en su vida. Tras entender que el país es muy extenso, apoyado en su querida guía Lonely Planet, ha decidido rentar un automóvil. Pasa a recoger el auto y empieza su viaje de dos semanas por las hermosas ciudades mexicanas. El itinerario propuesto por Lonely Planet para conocer el México colonial es estupendo: Querétaro, San Miguel de Allende, Guanajuato, Zacatecas, Guadalajara, Pátzcuaro, Morelia, Taxco y Puebla. En tan solo 15 días podrá haber estado en 10 ciudades distintas, cada una de ellas a no más de cuatro horas de distancia en automóvil. Lo que todo turista, y muchos mexicanos, desconocen es que para cumplir con la ley y evitar cualquier infracción de tránsito, tendría que conocer y respetar al menos una docena de regulaciones distintas: 12 oportunidades de las policías locales para extorsionarlo durante su viaje.
Su temor de ser extorsionado no es infundado. De acuerdo al Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, elaborado por Transparencia Mexicana, el acto de corrupción más frecuente en el país es el soborno para evitar una multa de tránsito: 68 de cada 100 veces que un ciudadano es detenido por un agente de tránsito en México, tiene que pagar un soborno. Y en este caso hablamos de hogares mexicanos. Imagínese lo que ocurre con turistas y migrantes.
Más allá de la molestia para el viajero internacional, este complejo entramado legal e institucional permite que existan riesgos frecuentes de corrupción para los ciudadanos mexicanos. En las zonas metropolitanas, un recorrido diario puede implicar conducir a través de dos o tres municipios distintos: ir a trabajar a los centros históricos, recoger a los niños de la escuela en una zona residencial o salir a cenar con la familia en una zona conurbada.
En México, la regulación del tránsito es responsabilidad tanto de los gobiernos estatales como de los municipales. En cada una de las entidades existe una ley estatal de movilidad o tránsito. Algunos municipios cuentan también con reglamentos de tránsito propios.
En un estudio reciente, se analizaron las similitudes y diferencias entre los reglamentos de tránsito de distintas ciudades mexicanas. Tan solo en la primera etapa del proyecto, fue posible identificar 34 regulaciones de tránsito vigentes en seis zonas metropolitanas o núcleos urbanos del país. De estos 34 instrumentos legales, 11 son leyes o códigos y 23 son reglamentos.
Si los resultados identificados en esta primera etapa del estudio1 se extrapolan a nivel nacional, puede estimarse que un conductor en México tendría que entender, o al menos conocer, hasta 150 maneras distintas de interactuar con un agente de tránsito al momento de conducir. 150 formas que incluyen un número mucho mayor de potenciales infracciones. No está de más decir que esto crea un amplio espacio para la discrecionalidad en la aplicación de la ley, la posible extorsión por parte de las autoridades de tránsito y el establecimiento de relaciones corruptas entre conductores y agentes de tránsito. Tal vez sea momento de repensar, sin menoscabo de la soberanía de estados y municipios, si México requiere un código único de tránsito para todo el territorio nacional.
*Esta es una versión del artículo publicado en el blog de Global Integrity sobre el proyecto “Protocolo ciudadano de tránsito”. Agradecemos la traducción a Enora Philippe, asistente de investigación del proyecto.
1Estudio elaborado por Transparencia Mexicana en el marco de la iniciativa iniciativa Testing 1,2,3 del Fondo de Innovación de Global Integrity.
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EDUARDO BOHÓRQUEZ<@ebohorquez> es director de Transparencia Mexicana.
RAFAEL GARCÍA ACEVES <@rafagaceves> es coordinador de proyectos en la Fundación Este País.
