Carlos Antonio Flores Pérez
Profesor asociado de la Universidad de Oslo, Noruega
En el discurso oficial, no es novedad apreciar la continuidad de un tono autocomplaciente, cuando no triunfal, en la denominada “guerra contra el narcotráfico”. No parece fundarse en algo distinto que el encadenamiento de una larga numeralia –tan vasta como fútil, si se le juzga por su incapacidad final de modificar el panorama– de arrestos de delincuentes que, según las oficinas de comunicación social y alguna prensa amable, son siempre los “principales” capos, quienes manejaban “ingentes” cantidades de drogas, y que, gracias a la “guerra” declarada por el gobierno, han sido aseguradas y no están llegando a nuestros hijos.
No se aprecia novedad ni en los enfoques para enfrentar el problema ni en la retórica de la autoridad, que ya desde 2007, en la voz profética del presidente de la República, señalaba que la “guerra” sería larga y sangrienta. Difícilmente podría ser de otra manera, debido a la incomprensión del fenómeno, lo desdibujado de los objetivos a alcanzar y la falta de racionalización de los instrumentos adecuados para conseguirlos.
El narcotráfico implica la imbricación de al menos tres dimensiones fundamentales:
a) su carácter de mercado ilegal de carácter transnacional;
b) violencia de diversos grados y características, asociada a la delincuencia organizada y común, que representa un variable nivel de riesgo para el Estado y la sociedad, y
c) un problema de salud pública.
Cada una de estas dimensiones constituyen un problema analíticamente distinto, que demandan respuestas diversas del Estado, que por otra parte, está en diferentes condiciones para influir positivamente o no en ellas. Por razones de espacio, me ocupo fundamentalmente de la segunda, que considero la más descompuesta y grave en el panorama actual.
Al constituir el tráfico de drogas una actividad ilegal, está necesariamente enmarcada en un contexto potencial de violencia, pues no existen medios certeros para dirimir diferencias entre sus participantes. Tal violencia está presente en otras geografías, pero en ellas, un manejo más inteligente de los recursos estatales y mayores fortalezas del Estado en su conjunto han implicado que no rebase límites de riesgo para la gobernabilidad democrática.
Por el contrario, en México esta violencia ha cobrado en los últimos años proporciones alarmantes. Inútiles los esfuerzos encaminados a desestimar sus proporciones:1 si bien es cierto que hasta 2007 la tasa de homicidios en México era de 10 por cada 100 mil habitantes y en 2008 la misma subió a 12, hecho que en apariencia mantendría al país lejos de casos aparentemente más graves, lo es también que en ese último año, diez estados de la República –un tercio del país– ya presentaban tasas muy superiores a esa cifra: Sinaloa, 43.7; Chihuahua, 42.1; Guerrero, 30.7; Durango, 27.8; Baja California, 27.7; Oaxaca 20.6; Sonora, 15.8; Nayarit, 15.2; Quintana Roo, 15.2; y Michoacán, 14.2.2
En algunos casos, como Chihuahua, Durango y Sinaloa, la tasa se duplicó o estuvo cerca de hacerlo en 2008. Prácticamente en todos esos estados, salvo Oaxaca –donde la tasa de homicidios en ese periodo decreció y los asesinatos tienen con frecuencia otro trasfondo–, un factor crucial para el repunte de los mismos es precisamente el narcotráfico. Y es un hecho reconocido que la misma se recrudeció aún más en 2009, por lo que la contabilidad que arrojen las evaluaciones correspondientes, una vez sistematizada la información, será previsiblemente peor. Por lo pronto, el recuento de medios de comunicación, que es la única fuente de evaluación disponible de las denominadas ejecuciones –homicidios dolosos que, por la forma en que fueron cometidos, se presume su relación con la delincuencia organizada–, proporciona, en efecto, una numeralia de guerra. 3
En este caso, los números más conservadores corresponden a Reforma, con un recuento de 6 576 ejecutados en 2009, frente a las estimaciones de El Universal (7 724) y Milenio (8 281) en el mismo de victoria. periodo.4 Tan sólo en las primeras dos semanas de 2010, Reforma contabiliza ya 442 ejecutados.5 Frente a esto, resulta irrelevante que otras naciones hayan tenido condiciones más lamentables.
La gravedad de estas tendencias es evidente, aún si la mayor parte de las muertes son producto de la disputa entre las organizaciones criminales, con una cantidad comparativamente menor (aunque no despreciable) de efectivos gubernamentales y víctimas circunstanciales. En todo caso, se trata de una violencia que ha fracturado el monopolio estatal de la misma, con cifras muy superiores a aquellas internacionalmente aceptadas para asumir la presencia de una guerra civil: mil muertos por año, con más de cien bajas para cada una de las partes disputantes.6 La ausencia de definiciones políticas diferencian la violencia mexicana actual de una guerra civil, no los números. Sin embargo, este factor no es inmutable. Más aún cuando se advierten serias evidencias de paramilitarización, por parte de varios grupos delictivos.
Esta violencia carece de sentido político, pero no de implicación política, pues el Estado ha perdido el monopolio de la violencia en un contexto en el que no es capaz de aplicar la ley contra los infractores ni de garantizar el orden público para la sociedad en su conjunto. Y tal condición es un indicio grave de falla del Estado, que no tiene que implicar su colapso absoluto –condición extrema– para mostrar condiciones crónicas de deterioro y desorden crecientes.7 La violencia no es sino un síntoma grave de una disfuncionalidad mayor del Estado, donde el interés público ha sido desplazado y sustituido por otros de índole privada e incluso criminal. La violencia actual en México no se puede solucionar meramente a balazos. El repliegue del Ejército en Chihuahua, luego de tres años de presencia masiva en la entidad, en un contexto en el que sus operativos fracasaron en restaurar la tranquilidad pública y la violencia sigue multiplicándose aceleradamente, muestra con toda crudeza la limitación de la estrategia gubernamental vigente.
¿Qué ha fallado? Indudablemente el problema no es el presupuesto ingente ni la masa crítica de fuerzas de seguridad, nada despreciables. Tampoco ha fallado el Ejército, que poco podía hacer sin la adopción sincrónica de otro tipo de medidas, probadas en la lucha internacional contra la delincuencia organizada, que escapan a su competencia y lógica institucional.
Lo que ha fallado es la resistencia del Ejecutivo para enfrentar la alta corrupción política –no sólo policiaca– que protege a la criminalidad, y la inmersión de las ganancias producto del delito en la economía legal. Ha sucedido en Estados Unidos, en Italia, Colombia y, por supuesto, México no es la excepción. Sólo una visión muy limitada del problema puede asumir que son mitos lo que se ha evidenciado realidad por múltiples fuentes, gubernamentales, periodísticas y académicas. Es falso que el dilema sea entre actuar y no hacer nada. Indudablemente hay que atacar a la delincuencia, pero de manera inteligente.
Es falso que no se propongan medidas alternas. Quizá no se les quiera escuchar y habría que indagar por qué. El discurso de guerra puede entramparse a sí mismo, perdiendo de vista la naturaleza de los objetivos que un Estado democrático debería tener respecto a la criminalidad. En esta materia, las estrategias a seguir, en un Estado de derecho, las marcan personajes como Giovanni Falcone, el legendario juez siciliano que puso a la Cosa Nostra contra la pared y que apuntaba, en su persecución, hacia la ruta del dinero y el encubrimiento político. No ex comandantes guerrilleros, expertos en guerra civil, pero no en lucha contra la delincuencia organizada.
La falla fundamental se encuentra en la incapacidad de la autoridad actual para enfocar todos los instrumentos disponibles del Estado para abatir la impunidad, especialmente aquella relacionada con las altas esferas de poder político y económico, para hacerlas sujeto de proceso judicial. La falla está en la falta de voluntad o capacidad para trascender estrategias de mera poda del árbol frondoso de la delincuencia y enfocarse en sus raíces. Implica, en los símiles médicos empleados por las más altas investiduras, contar con diagnósticos claros para realizar operaciones quirúrgicas precisas, desinfectar la herida y administrar antibióticos. No sólo tasajear al paciente. De lo contrario, ceteris paribus, mantendremos el rumbo hacia una guerra sin fin que, previsiblemente, habrá de complicarse y empeorar hasta proporciones imprevistas.
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1 Algunos de ellos, como el de Fernando Escalante, incluso parecen haber realizado una indagación apresurada de los estudios sobre violencia en México. Sobre las fuentes, señala: “Está también la Encuesta Nacional sobre Inseguridad que levanta anualmente, desde el año 2002, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI). En todos los casos se trata de estimaciones estadísticas a partir de encuestas, es decir, que conviene manejarlas con precaución…La imagen que ofrecen esas fuentes es muy distinta de la que se hace la opinión pública a partir de las noticias y comentarios de prensa. En ninguna de las encuestas aparece un panorama alarmante, ni índices excesivos de delitos, ni una escalada de la violencia.” Escalante Gonzalbo, Fernando. Homicidios 1990-2007. Nexos, Septiembre 1 de 2009. http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo& Article=776 El ICESI establece explicitamente que las tasas de homicidios dolosos que utiliza corresponden a averiguaciones previas iniciadas, registrados por el SNSP y Conapo (2008). ICESI. Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad. Resultados Primera Parte. Nacionales y por entidad federativa, octubre de 2009, p. 109. http://www.icesi.org.mx/documentos/ encuestas/encuestasNacionales/ENSI-6.pdf Escalante, por su parte, optó por revisar datos del Registro Civil y del INEGI, para documentar el homicidio doloso, bajo el argumento de que las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otras razones, presentaban el problema de que “…registra presuntos homicidios denunciados ante el Ministerio Público, lo cual implica que no haya registro si no se presentó denuncia o que pueda haberlos duplicados en otros casos”. Véase “Territorios violentos”, Nexos, diciembre 01 de 2009. Escalante se olvida de que, en México, el homicidio se persigue por oficio y no por querella, de manera que el hallazgo de un cadáver genera la apertura obligatoria de una averiguación previa por parte del Ministerio Público, sin necesidad de denuncia. Por el contrario, las fuentes que él elige presentan problemas sustantivos para analizar la violencia asociada al narcotráfico: el Registro Civil no contabiliza los muertos de identidad desconocida, como es con frecuencia el caso de aquellos relacionados con este fenómeno. El INEGI los contabiliza a partir de los datos del Ministerio Público.
2 ICESI, op. cit.
3 Los recuentos periodísticos no son ciertamente la mejor fuente, pero es la única disponible, y por tanto es empleada por especialistas reconocidos del tema para inferir tendencias, ante la resistencia de las autoridades mexicanas para proporcionar datos confiables y periódicos al respecto. Véase, por ejemplo, Shirk, David A. Drug Violence in Mexico. Data and analysis from 2001-2009. Transborder Institute, Joan B. Kroc School of Peace Studies, University of San Diego. http://www.justiceinmexico.org/resources/ images/dr. También CIDAC. Indice de incidencia delictiva y violencia 2009. http://www.cidac. org/vnm/pdf//pdf/IncidenciaDelictivaViolencia2009. pdf, p. 2.
4 Shirk, op. cit.
5 http://gruporeforma.reforma.com/graficoanimado/ nacional/ejecutometro_2010/
6 Small, Melvin, and J. David Singer. Resort to arms: International and civil wars, 1816- 1980. Beverly Hills, CA, Sage, 1982.
7 Rotberg, Robert I. “Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators”, State Failure and State Weakness in a Time of Terror, Cambridge, Mass.- Washington D.C., World Peace Fundation-Brookings Institution Press, 2003, pp. 2-8.
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Muy buen Articulo =)