Según reportó la Jornada el 3 de julio, Coparmex estima los gastos totales en la reciente elección del Estado de México en unos 3 mil 600 millones de pesos. La cifra representa lo doble de lo que se gastó cuando Arturo Montiel le pasó el control del estado a Enrique Peña Nieto en la elección 2005, y corresponde a una suma de 60 dólares gastados por cada voto.
En comparación, en la carrera presidencial más reciente de Estados Unidos, se gastaron $1.6 mil millones de dólares en una elección en que participaron mas que 120 millones de personas, que equivale más o menos 13 dólares por voto.
El gasto del Edomex representa, en pocas palabras, un chorro de dinero. Si es demasiado o no es una pregunta para otro día, pero una cosa es indudable: esta cantidad deja en ridículo la multa de 27 mil pesos propuesta por el IEEM por las actas anticipadas de Eruviel Ávila. La sanción representa un muy buen salario mensual, pero es aproximadamente 0.00075 por ciento del gasto total de campaña. Eso es como secar el mar quitándole una gota de agua. Una solución obvia serían multas más grandes. Bueno, 26 mil no afecta a una campaña, pero ¿qué tal uno de 2.6 millones? ¿Sería eso un problema para el partido sancionado?
Quizá, pero toda multa monetaria es un poco problemática, pues resulta bastante difícil castigar los partidos a través de sanciones de dinero. Como bien demuestra la elección en el Estado de México, los controles que supuestamente regulan el gasto en las elecciones no funcionan muy bien. Aún con multas mucho más grandes, lo más probable es que, dada la cantidad total de dinero en México y el interés en influir las políticas públicas, siempre habrían poderes fácticos dispuestos a ayudarles a los partidos a pagarlas. Visto así, en cuanto fortalezcan los vínculos entre la política y los estos poderes, las multas más grandes podrían minar la calidad de la representación democrática.
Además, si la violación de la ley electoral le proporciona una ventaja al partido culpable, lo más probable es que lo hagan aún sabiendo que puede ser sancionado. Piense usted en Vicente Fox: si le hubieran dicho en enero de 2006 que ganaría el 2 de julio, pero tendría un precio de 38 millones de pesos para el PAN, nos habría ofrecido champaña para festejar la excelente noticia. En este sentido, las multas pueden ser anticipadas y tomadas en cuenta como otro costo de ganar, igual que el gasto para los spots o el transporte. En todo caso, como hay un abasto efectivamente ilimitado de dinero, la multa monetaria no logra desalentar las actividades electorales ilícitas.
Pero si el dinero va y viene como las estaciones, en las campañas sí hay otro bien que es bastante escaso: el tiempo. En el Estado de México, a los candidatos se les dieron apenas 45 días para presentar su oferta al electorado. Quitar a un candidato una semana o dos de su plazo para hacer campaña –quitarle derecho de hacer reuniones públicas, prohibir la diseminación de sus spots, etcétera– sería un serio impedimento. Y no sería algo que podría reemplazar un donador generoso así no más.
Es por eso que me gustaría ver un cambio hacia los castigos que buscan acortar las actividades de campaña en lugar de afectar el gasto. Si estuviera bien diseñado y aplicado, creo que un sistema que sancione no monetariamente sino por otras vías lograría modificar el comportamiento de los candidatos e impondría más respeto para las reglas, porque no valdría el riesgo.
De todas formas, para realmente castigar violaciones electorales, las autoridades tienen que tener la voluntad para hacerlo. En el Estado de México, no hay evidencia de que sí lo tengan.
