La inseguridad y el combate al crimen organizado han sido las banderas políticas de Felipe Calderón. Durante su gestión, el presupuesto destinado al Programa Nacional de Seguridad Pública ha crecido constantemente. En 2007 le fueron asignados 24.8 mil millones de pesos, 52% más con respecto al año anterior. Desde entonces, se observó un incremento promedio anual de casi 17%, con lo cual para 2010 dicho presupuesto llegó a 43.9 mil millones de pesos.
Hoy —a cinco años de iniciada su administración— existen diversos indicadores en varios rubros que permiten evaluar la pertinencia y resultados de la estrategia. Una radiografía sobre la población en las cárceles mexicanas, su comportamiento, tendencias y dinámicas, es un instrumento útil cuando llegue el momento de hacer las cuentas finales de una administración que apostó por las estrategias policiales y el combate frontal a la delincuencia.
Al respecto, es necesario empezar con la percepción que los ciudadanos tienen de su seguridad. La última Encuesta Nacional Sobre Inseguridad, realizada por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), muestra que más de la mitad de los mexicanos —66%— ha dejado de hacer alguna actividad por temor a ser víctima de un delito. Por su parte, el Índice Sobre la Percepción de la Seguridad Pública, realizado por el INEGI el pasado mes de julio, muestra que sólo 15% de los encuestados dijo sentirse mejor o mucho mejor ante la pregunta: “¿Hablando en términos de seguridad pública, que tan seguro (a) se siente usted en la actualidad con respecto a hace 12 meses?”. Ante el mismo cuestionamiento, 31.67% dijo sentirse igual, y 57.45% peor o mucho peor.
Algo tendrá de razón la ciudadanía, más aun cuando se revisan los índices de impunidad en el país. En su Sistema de Índices e Indicadores en Seguridad Pública, la organización México Evalúa hace referencia al índice de impunidad que existe en México, de acuerdo a un estudio elaborado por Guillermo Zepeda Lecuona, investigador del CIDAC. Los resultados arrojaron que para el periodo de 1996 a 2000 la impunidad en el país fue de 96%, mientras que para 2007 creció a 98.76%. Una cifra altísima si se compara con países como Bielorrusia (37.5%) o Inglaterra (77.4%).
Los datos provocan escalofríos, más cuando se complementan con otros. El mismo Guillermo Zepeda menciona en su cuaderno de trabajo Cuatro temas urgentes para la reforma penal que hoy en día la probabilidad de que el autor de un delito sea puesto a disposición de un juez es de 2.9%, sólo 20% de los delitos se reporta, 26% de las averiguaciones previas se concluye, y se captura o presenta ante los jueces a 55% de los probables responsables.
No obstante la percepción de inseguridad y los altos índices de impunidad, la mayoría de las cárceles en México se encuentran sobrepobladas. A partir de 1997 existe un constante sobrecupo en las prisiones del país. Entre 1997 y 2001 dicha saturación fue, en promedio, de 24%; en tanto, para los años 2002 a 2010 el promedio de saturación fue de 28%, según el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados en el documento Impacto de la reforma penal en el sistema de ejecución de sentencias, publicado en febrero de este año.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública reportó para marzo de 2010 que el sistema penitenciario tenía una capacidad para 172 mil 322 internos; sin embargo, se encontraban recluidas 229 mil 426 personas. Esto significó una sobrepoblación de 32%. Hoy en día está en prisión 25% más de las personas que estaban en 2003; una tasa de 207 prisioneros por cada 100 mil habitantes. Como respuesta a esto, el iv Informe de Gobierno de Felipe Calderón da cuenta del proceso de construcción de 12 penales federales, lo cual habilitará 32 mil 500 espacios para nuevos reclusos que, de todas formas, resultan insuficientes dadas las tasas de crecimiento.
Ante eso, la pregunta obligada es: ¿Si la percepción sobre inseguridad en la ciudadanía es alta, y los índices de impunidad son muy elevados, quiénes están en las prisiones?
De acuerdo a los resultados de la Tercera Encuesta a Población en Reclusión, realizada en 2009, en esta ocasión en los penales del Distrito Federal y Estado de México, 55% de los internos cumplen sentencia por robo. De éstos, tres de cada cinco por robo con violencia. Entre los reclusos de nuevo ingreso, 65% está por este delito. Cerca de 8 de cada 10 nuevos internos sentenciados lo son por robo y, a su vez, 3 de cada 4 de ellos lo son por robo simple. La mitad de los robos lo son por 5 mil pesos o menos, y una cuarta parte por 700 pesos o menos. 50% de los internos presos por delitos contra la salud fueron detenidos por comerciar drogas por montos inferiores a mil 250 pesos y una cuarta parte por menos de 200 pesos.
En cuanto a los delitos contra la salud, el Índice de Incidencia Delictiva y Violencia del 2009 dice que en tres años se han triplicado aquellos relacionados con la posesión de estupefacientes, sin embargo, en su mayoría los detenidos son consumidores, pues la pgr estima que tan sólo 14% de las 71 mil averiguaciones previas abiertas en 2008 para este rubro tiene relación con posibles distribuidores. Es decir, se continúa criminalizando e invirtiendo recursos en una estrategia policial ante lo que es un problema de salud pública.
Pero hay más. Según Guillermo Zepeda, para el caso de los internos del fuero federal, los presos en calidad de “procesados” se encuentran en un rango de entre 32 y 34%; en cambio, para los internos del fuero común, este rango se ubica entre 47 y 49% en promedio, es decir, gran parte de la población en las cárceles mexicanas son personas a las que no se les ha comprobado su culpabilidad en delitos de bajo impacto, como el robo por cantidades equivalentes a unos cuantos salarios mínimos; en contraste, 4% son reclusos considerados peligrosos o procesados por delitos de alto impacto, como lo son el secuestro y el homicidio.
Cierto es que se han buscado soluciones. Ahí está la tan cacareada reforma al sistema penal, de las pocas presunciones de la anterior LX legislatura de la Cámara de Diputados, misma que en sus artículos transitorios señala como fecha límite para su instrumentación el mes de junio de este año. Al respecto, algunas entidades han comenzado a avanzar en el arduo proceso que significa cambiar la forma como se imparte justicia en el país.
Entre otras cosas, el paquete de reformas pretende reducir el uso de la prisión preventiva con la finalidad de descongestionar las prisiones e invertir los recursos destinados a la manutención de éstas y su población a otros rubros. No obstante, será una transformación larga que comenzará a arrojar resultados medibles algunos años después.
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ERIC URIBARES (Ciudad de México, 1979) estudió la licenciatura en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Periodista, narrador y poeta, es autor del libro Cartografía del miedo.
