Esta semana, el gobierno de Estados Unidos lanzó una nueva estrategia para enfrentar a los grupos internacionales de crimen organizado. El objetivo, según la administración de Obama, es convertir a los TCO –ahora se les denomina a los grupos de crimen organizado Transnational Criminal Organizations en la jerga divertidísima y siempre cambiante de la oficialía americana– en un “problema de seguridad pública manejable en Estados Unidos y en las regiones estratégicas por todo el mundo.”
Para lograr esta meta, la estrategia fija cinco ejes: proteger a los americanos y a sus socios del daño y la explotación de los TCO; ayudar a los demás países a fortalecer la gobernación y la transparencia, y romper el poder corruptor de la delincuencia; romper el poder económico de los grupos de crimen organizado y proteger los mercados legítimos de la penetración de los TCO; derrotar las redes que presentan la mayor amenaza a la seguridad nacional; y construir consensos y cooperación internacional.
Como un acta de relaciones públicas que matiza las políticas vigentes, la nueva estrategia tiene mucho a su favor. El enfoque en crear un problema manejable en lugar de prometer ganar la guerra contra las drogas se me hace una concesión a la realidad importante. Un esfuerzo para ayudar a los demás países a mejorar la capacidad de sus gobiernos hace mucha falta. La idea de fijar los esfuerzos del gobierno según el peligro que presenta, de no tratar todos los grupos como iguales, es también muy buena. (De hecho, se podría argumentar que Calderón ya lo hace, con la atención que su administración ha puesto a la Familia y Los Zetas. Sin embargo, la falta de una estrategia de relaciones públicas para dejar saber precisamente porque lo está haciendo de esta manera limitó el impacto.)
En algunos aspectos representa un cambio en la postura específicamente hacia los grupos mexicanos. El Departamento de la Tesorería también anunció una nueva determinación contra los Zetas; de ahora en adelante “cualquier propiedad en los Estados Unidos o en la posesión o control de personas estadounidenses en que [los Zetas] tengan un interés queda bloqueado, y personas estadounidenses tienen prohibido entrar en transacciones con ellos.”
Sin embargo, creo que no deberíamos esperar mucho por un par de razones esenciales: la primera es que, si bien la nueva estrategia promete una modificación de énfasis, no hay mucho nuevo en términos reales. Obama puede decir lo que quiera sobre la amenaza del narco, pero la realidad es que sin recursos nuevos o cambios presupuestales, la nueva estrategia tiene límites muy serios. Y no es que se tenga que gastar más, pero la meta de “ayudar a los demás países a fortalecer la gobernación y la transparencia” no se logra con la mera declaración de buenas intenciones. Sin nuevos fondos o elementos dedicados a este objetivo, ¿de qué estamos hablando?
La nueva designación de los Zetas es un buen ejemplo de los límites de la nueva postura de Obama: qué bueno que el grupo ya está en el la mira del gobierno de EU, pero la nueva designación no le proporciona al gobierno ninguna herramienta que es radicalmente diferente. Desde 2009, los Zetas están en la lista de la organizaciones señaladas en el Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, o el Acta de Designación de Capos de Narcóticos Extranjeros. Desde hace dos años, ya se le daba al ejecutivo mucho más capacidad de decomisar bienes pertenecientes a los Zetas y sus socios en cada rincón del país. Parece que con la nueva clasificación se facilitarán estos decomisos un poco, pero será una mejoría marginal, no una vuelta de 180 grados.
La segunda razón para tener pesimismo respecto a la nueva política: hay limites de lo que se puede lograr a través de acciones de Estados Unidos (especialmente sin que esté dispuesto a considerar cambios fundamentales, como la legalización de mariguana). A fin de cuentas, el problema de la violencia en México tiene soluciones mexicanas: policías más honestos, un sistema penal más eficaz, la implementación de la reforma judicial, ministerios públicos más competentes, controles de confianza a todo nivel policiaco, etcétera.
Hay mucho que Estados Unidos hace para contribuir al problema de la inseguridad pública, desde el tráfico de armas hasta la demanda insaciable por las drogas que pasan por México. Pero debido a las realidades políticas en Estados Unidos, es bastante improbable que se haga un esfuerzo real en estos temas, y aunque hubiera tal esfuerzo, esto no haría nada respecto a los problemas mencionados en el párrafo anterior. Insisto, los problemas de México se solucionarán principalmente en México.
En resumen, aunque la nueva estrategia incluye unas ideas sensatas, yo no espero un escenario dramáticamente diferente, ni en la seguridad pública de México ni en la manera en que Estados Unidos lleve a cabo su política anti-drogas. Esto es un cambio de look, y nada más.
