No se puede negar que en Perú, con una sobredimensionada ciudad capital, se ha perdido el poder político de la clase terrateniente provinciana, cuya participación en la elaboración de la política nacional y en las esferas del gobierno es cada vez menor debido sobre todo “[…] a la ampliación del poder social y político de las clases medias que comienzan a desempeñar un rol de autoridad intermedia entre las clases dominantes y las masas campesinas y obreras y a la creciente organización y movilización política de ésta.”1 Imposible pasar por alto también la tormenta desatada por una alusión indirecta, a dos años del inicio del mandato de Alan García, a los recursos de la nación que permanecen ociosos debido al “[…] tabú de ideologías superadas, por ociosidad, por indolencia, o por la ley del perro del hortelano que reza: ‘Si no lo hago yo, que no lo haga nadie’”.
Desde 2006 ha sido notable el crecimiento de la economía. El primer recurso para el Perú es la Amazonía, donde “[…] ahora sólo existen concesiones que dependen del gobierno y del funcionario que puede modificarlas. Por eso nadie invierte ni crea un puesto de trabajo por cada dos hectáreas como debería ser; […] los que se oponen (a la propiedad formal por parte de grandes empresas colectivas) dicen que no se puede dar propiedad en la Amazonía. (¿Y por qué sí en la costa y en la sierra?) Dicen también que dar propiedad de grandes lotes daría ganancias a grandes empresas, pero claro, también crearía cientos de miles de empleos formales para peruanos que viven en las zonas más pobres. Es el síndrome del perro del hortelano.”2 Con un rasero parecido se puede medir la actividad en la minería, el gobierno en sus distintos niveles, la iniciativa privada.
El momento histórico y los mecanismos mediante los cuales se establecen interrelaciones sistemáticas entre sociedad y Estado pueden ser definitivos. Consciente de ello, Alan García conjuga en la imagen del perro del hortelano dos visiones o tendencias en un intento casi desesperado por paliar los efectos de la penetración de capitales. Así, a pesar de la asesoría de alto nivel de connotados institutos de avanzada, hace prevalecer la idea de que las actividades sociales, sin prejuzgar acerca de las políticas, pueden (o podrían) transcurrir en contextos estrechos, con lo que los canales de participación social permanecen relativamente obstruidos. El sistema social (y político) sería más que una entidad propiamente, un conglomerado de partes, respondiendo por el momento a instrucciones provenientes de niveles decisorios, algunos de ellos altamente centralizados, susceptibles sin embargo de ir integrando las distintas dimensiones del sistema político bajo las directrices de un ejecutivo fuerte. Éste sería un modo de mitigar e “integrar” la ruptura social, como lo han venido señalando numerosos sociólogos latinoamericanos.3
Ésta es una visión particular, actual, de los derechos u necesidades básicas de Rawls,3 ya que el sistema social (de la clase) dominante en Perú tenía visos de alentar una creciente participación popular a partir del fortalecimiento de un Estado un tanto disperso y ausente que proporcionaría servicios públicos en pequeñas ciudades de 2 mil 500 y hasta 10 mil habitantes.
Aquí se pueden apreciar los pros y los contras de los generosos financiamientos otorgados por instituciones internacionales, como el Banco Mundial, a lo largo de los últimos años.
“La gran ventaja de una orientación hacia el mercado –a falta de una mejora significativa para los hogares de bajos ingresos– es que hace posible, a un costo que está dentro de sus posibilidades (y que están dispuestos a pagar), mucho mejores perspectivas para sostener las mejoras y gradualmente expandir la cantidad de personas participantes” en la construcción de vivienda y la ampliación de la infraestructura. “Una mejor integración a los mercados laborales con oportunidades para el empleo por cuenta propia y con apoyos para los hogares de bajos ingresos para la obtención de ingresos más elevados y más estables.”
Pero por otro lado, “[…] mientras que los enfoques basados en la autodeterminación comparten con aquellos basados ‘en derechos’ la creencia de que las finanzas del Estado podrían apoyar un acceso más equitativo a los servicios básicos, no hay ninguna presunción en el sentido de que el Estado debería ser el que provea servicios. Por el contrario, la presunción subyacente es que el Estado a menudo no dispone de modelos adecuados para llevar a cabo las tareas en la escala adecuada. Así, los grupos de bajos ingresos necesitan que se les apoye a nivel operativo en el desarrollo de nuevos modelos que el Estado subsecuentemente pueda replicar. No existe una creencia en el sentido de que el Estado debería proveer ‘por derecho’ servicios a los ciudadanos debido a dudas respecto a la capacidad del Estado para efectivamente concretar a escala”.4
Hay que aclarar que la era de la planificación económica más avanzada data de la crisis conocida como del fin de las ideologías y los inicios de la urbanización acelerada, la llamada planeación estratégica en el proyecto cimes (Ciudades Intermedias y Urbanización Mundial), dirigida a subrayar la planeación física o urbanística que resulte más apropiada –ecológica, social, cultural y administrativamente– al tamaño y las características de la ‘ciudad intermedia’.5
Por supuesto, la prosecución del desarrollo autosustentable puede volverse una política pública de gran alcance en el contexto de territorios que han sufrido una gran conmoción social, como Chiapas en México, pero resulta muy difícil tratar de poner en práctica una serie de medidas para satisfacer necesidades básicas a lo largo y ancho de un país como Perú, con sus formidables obstáculos geográficos y culturales, así estén basadas en el pensamiento de Rawls, elaborado por lo demás en los países más avanzados de Occidente.
Es el mismo problema al cual ha buscado enfrentarse el PNUD y del cual, a la vez, ha buscado sacar partido.7 La elevación del Índice de Desarrollo Humano propuesta por el PNUD puede requerir de reacomodos delicados en la estructura social que no forzosamente conllevan el logro de metas para una sociedad del bienestar. Cómo bien lo señalara un economista, es indudable que cada una de las variables del indicador es una medida incompleta de los fenómenos que refleja. La razón última de la mayúscula sorpresa electoral probablemente nunca se conocerá.7
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1 Quijano, Aníbal, Dominación y cultura, p.123, Mosca Azul Editores, Lima, 1980.
2 García, Alan, “El síndrome del perro del hortelano” en El Comercio, 28 de octubre 2007.
3. “Considerations of Social Justice: Primary Goods and Functional Capabilities”, ca/papers, Blythe, 2007.
4. Mitlin, Diana, “Local government, civil society and urban poverty reduction”; y David Satterhwaite, “Introducción”, ambos en Empower Squatter Citizen.
5 UNESCO, Grupo de Trabajo UIA-CIMES y Ayuntamiento de Leilla, 1999. En los años noventa crecieron más rápido éstas últimas que las metrópolis en México y Perú, y se consideraba la magnitud de 10 mil habitantes en aquel entonces el límite inferior de la ciudad para fines sociológicos y para el reconocimiento internacional como urbe (ONU).
6 Anibal Quijano y varios sociólogos y economistas latinoamericanos. Según un reconocido analista, “el modelo ha demostrado lo que puede hacer (reducción de la pobreza extrema) […] de 48% a 34% en 6 ó 7 años, si promediamos todo el territorio”. Ello se refleja en la decepcionante suerte, siempre pensando en términos de un modelo, que han corrido habitantes de diversas ciudades de rápido crecimiento cercanas a la ciudad capital.
7 En parte, lo ha afrontado recurriendo al legado de un tipo de análisis (de filiación marxista) muy fructífero (y aquí es donde Alan García tendría cierto arrastre entre sectores de izquierda), quizá porque puede ser leído a la luz de las transformaciones interrelacionadas de las distintas dimensiones –cultural, socioeconómica y política– de la organización social. Según Rupert, “existe un sentido de identidad o pertenencia […] que excluye al ser humano, para convertirse en ciudadano ha renunciado a todos sus lazos identitarios anteriores: comunidad de sangre, linaje, etnia, tradiciones y cultos religiosos. Con ello el nacionalismo, como compromiso entre democracia y tribu (Arnold Toynbee) hace prevalecer su fuerza separadora frente a la unificadora”. Miguel Carbonell, “El nacionalismo y un nuevo milenio” en Este País, junio de 2000.
