¿Por qué es tan importante hoy el periodo de transición en México? ¿Qué sucedió en sexenios anteriores? El autor hace un recuento de primera mano de la transición del 94, para demostrar que se trata de una etapa crucial, de un margen ancho de acción que, bien aprovechado, puede resultar vital en la cimentación de una nueva administración.
Cuando comience a circular este número de la revista Este País, estaremos a unas 12 o 13 semanas de que asuma la Presidencia de la República el triunfador del proceso electoral de julio de 2012. ¿Es mucho o es poco tiempo? ¿El Gobierno entrante y el Gobierno saliente pueden o deben hacer algo de provecho en ese lapso? ¿Conviene revisar el periodo que media entre la elección y la toma de posesión?
Intentaré responder a estas preguntas a partir de la experiencia personal de haber estado cerca de dos transiciones consecutivas: la ocurrida en 1994, entre la elección y el inicio del Gobierno de Ernesto Zedillo, y la inmediata siguiente, en el año 2000, entre la elección y el comienzo del Gobierno presidido por Vicente Fox. Aclaro de inmediato que los recuerdos, lecturas y opiniones aquí consignados son estrictamente personales.
La transición entre un Gobierno y el que le sucede empieza el día mismo de la jornada electoral. De ahí que convenga recordar algo de la de 1994. De entrada, la elección se llevó a cabo el 21 de agosto —y no el primer domingo de julio. Las reformas de 1993 y 1994 habían establecido un nuevo calendario para las elecciones federales bajo el supuesto de que acercar su realización a la fecha de transmisión del poder Ejecutivo estaría en mejor consonancia con los plazos de nuestra vida institucional. Esta innovación tuvo dos efectos: permitió a Ernesto Zedillo, candidato sustituto por el homicidio de Luis Donaldo Colosio, contar con tiempo suficiente (poco más de cuatro meses y medio) para arrancar, casi desde cero, una campaña electoral; y en cambio, le proporcionó un lapso significativamente menor al acostumbrado en las 10 transiciones sexenales acaecidas desde 1934, de casi cinco meses entre la jornada electoral y la toma de posesión.
En aquella elección participó casi el 78% de los votantes. Zedillo obtuvo más de 17 millones o 48% de los votos, frente a 26% de Diego Fernández de Cevallos, del PAN, y 17% de Cuauhtémoc Cárdenas, del PRD, si bien contendieron otros seis candidatos. El candidato panista, en un gesto que lo honra, reconoció al ganador; no así el candidato de izquierda, siempre renuente. Algunos pocos adujeron que la victoria no había sido limpia y ya entonces uno de los argumentos esgrimidos fue que los priistas no festejamos —Zedillo no festejaba ni su cumpleaños, aunque en realidad sí hubo un acto de celebración en el Auditorio Plutarco Elías Calles del PRI la noche del domingo. Mientras Cárdenas convocaba a un mitin en el Zócalo capitalino, Zedillo nos convocó a estar en su casa a las ocho de la mañana del lunes.
Lo que siguió fueron semanas de intenso trabajo ensombrecidas por el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, el continuado desequilibrio de fundamentos cruciales de la economía y el deterioro político de algunas instituciones clave de la República.
Zedillo delineó cinco áreas en las que había que trabajar con celeridad, comenzando por afinar los diagnósticos efectuados durante la campaña electoral. Luis Téllez fue el incansable coordinador de las tareas.
La primera y acaso más importante fue la reforma al sistema de justicia. Se trataba de sentar bases nuevas para un Poder Judicial en verdad independiente y crecientemente profesional, encabezado por una Suprema Corte autónoma a cabalidad, cuyos miembros fuesen electos por el Senado. Se ampliarían las atribuciones de la Corte para que vigilara la constitucionalidad de las leyes y resolviera las controversias entre los distintos órdenes de Gobierno, y se dotaría al Poder Judicial de un órgano propio de administración, disciplina y gobierno. Además, la reforma debía incluir los cimientos jurídicos de una política integral de seguridad pública y procuración de justicia pues la población vivía agraviada por la preocupante proliferación de delitos contra la integridad y el patrimonio de las personas, y la brecha entre la ley y su observancia, su aplicación y la impunidad.
En ese proyecto se contó con la generosa colaboración de juristas eminentes como Ulises Schmill, ministro de la Corte; Arsenio Farell; José Ramón Cossío, y Fernando Gómez Mont. El resultado fue que el 1 de diciembre estaba lista una extensa y compleja iniciativa de reforma constitucional que, enriquecida por los legisladores, quedaría aprobada en ese periodo de sesiones del Congreso y más tarde daría pie a la Ley contra la Delincuencia Organizada y al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Una segunda área de atención urgente era la democracia electoral. Aun tras varias reformas políticas, persistía una honda inconformidad entre los partidos de oposición y algunas organizaciones civiles. Las principales causas eran la incompleta autonomía del Instituto Federal Electoral (IFE), el origen de los recursos y los límites a los gastos de campaña, y el desigual acceso a los medios de comunicación Con Esteban Moctezuma al frente, se efectuaron reuniones con las dirigencias partidistas y se trabajó arduamente en un acuerdo político nacional —luego conocido como “Pacto de Los Pinos”—, que sería suscrito por todos los partidos políticos y el Gobierno federal en enero de 1995. Dicho acuerdo marcaba la pauta para avanzar a una ambiciosa reforma política cuya negociación, a veces tropezada por sucesos menores, se prolongaría hasta 1996. Dos resultados iniciales apreciables fueron que la ceremonia de transmisión de la investidura presidencial se celebró en un marco de entera civilidad y que en los días siguientes tanto el Senado como la Cámara de Diputados, con la presencia de todos los grupos parlamentarios, recibieron la visita del presidente Zedillo.
La reforma confirió autonomía y ciudadanización plenas al IFE, incorporó el Trife al Poder Judicial de la Federación, estableció principios constitucionales de transparencia en el financiamiento de los partidos, fijó límites a los gastos de campaña y abrió el acceso equitativo a los medios de comunicación. Además, reconoció los derechos políticos de los habitantes de la capital sometiendo a elección la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
Empero, la crispación política de 1994 demandaba otras acciones que conjugarían una tercer área de la mayor prioridad y urgencia en la transición de un Gobierno a otro. Había que retomar la fracasada negociación con el ezln y atender las causas sociales del levantamiento zapatista en Chiapas. Zedillo envió a Mario Luis Fuentes como emisario personal a entrevistarse con el subcomandante Marcos, se dispusieron condiciones para organizar mesas en que se encontrarían representantes de ambas partes y se convenció a los actores políticos de la entidad de que el camino estaba en el diálogo y la negociación. Se invitó a legisladores de todos los partidos a participar, lo que se traduciría en la expedición de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas y en la formación de la Comisión de Concordia y Pacificación, que ofrecieron un cauce constitucional y políticamente legítimo a las nuevas negociaciones. Con ayuda de Arturo Warman se comenzaron a diseñar programas específicos de salud, nutrición, educación y servicios básicos para las comunidades indígenas de Chiapas, y con el apoyo de José Gómez de León, Santiago Levy y Carlos Rojas se concibió una política integral, incluyente, federalista y participativa de combate a la pobreza que comprendería el programa Progresa (mantenido desde el año 2001 como Oportunidades).
El equipo de economistas, formado además de Luis Téllez por Jaime Serra y Pascual García Alba, registraba la inquietante evolución de los indicadores de la economía nacional. Preocupaba en especial la apreciación del peso, sujeto a una tasa de cambio fija, y la merma aguda en las reservas internacionales frente a un déficit creciente en la cuenta corriente que se había venido financiando con entradas de capital volátil. Esta cuarta área de atención condujo a proponer decisiones y medidas de apremio al Gobierno saliente que incluían un ajuste controlado del valor de la moneda y una renovación del pacto entre organismos empresariales, organizaciones de trabajadores y el Gobierno. La historia es más o menos conocida: las medidas más urgentes no fueron aceptadas. Nadie en el Gobierno saliente ni en Gobierno entrante se benefició de esa decisión —más bien no-decisión— que precipitó la gravísima crisis económica que pagaríamos todos los mexicanos.
En 1994 todavía correspondía a la Cámara de Diputados erigirse en colegio electoral y calificar la elección presidencial, pero en virtud de la reforma al calendario político la LVI Legislatura quedó instalada hasta el 1 de noviembre y la declaratoria de validez fue decretada el martes 8 de ese mes. Zedillo invariablemente procuró un trato fundado en la ley y el diálogo, el respeto y la civilidad con todos los partidos políticos sin dejar de ser un ferviente y leal militante del pri. Menos de tres semanas después de la elección, convocó a una reforma interna, encargando a Jesús Reyes Heroles que condujera los trabajos a fin de fortalecer y dinamizar al partido, responder a demandas planteadas por la militancia durante la campaña y redefinir la relación futura entre el PRI y el presidente de la República. Aun cuando esta redefinición expresamente subrayaba que no consistía en ruptura sino en fincar una distancia “sana y clara”, no siempre fue bien entendida. Ello constituyó la quinta área de atención. Gracias al liderazgo y la participación de María de los Ángeles Moreno, Santiago Oñate y muchos priistas distinguidos, a mediados de noviembre la Comisión Nacional de Ideología entregaría la agenda que durante la XVII Asamblea Nacional, en septiembre de 1996, se plasmaría en cambios importantes, como los candados que restituían al partido el control sobre las candidaturas a puestos de elección.
Simultáneamente, el propio Zedillo encabezaba los preparativos del programa de Gobierno con vistas a la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. Por ejemplo, con médicos del prestigio de Juan Ramón de la Fuente y Jaime Sepúlveda se bosquejó una estrategia para ampliar la cobertura de los servicios de salud, atender los cambios en el perfil epidemiológico de los mexicanos y modernizar las instituciones públicas. Con Julia Carabias y Gabriel Quadri se diseñó un programa sin precedente de conservación de recursos naturales y cuidado del medio ambiente. Con Manuel Tello y José Ángel Gurría se trazaron los objetivos de la política exterior conforme a los principios constitucionales, la defensa de la soberanía y la protección de nuestros connacionales en el exterior. Con Jorge Tello se examinó una estrategia integral de seguridad nacional y con Rafael Tovar y un grupo de notables intelectuales y artistas se preparó una resuelta promoción de la cultura y las artes. En fin, Zedillo entrevistó personalmente a docenas de profesionistas y especialistas de todas los ámbitos en el afán de integrar un gabinete con los más capaces sin reparar en sus preferencias ideológicas.
Gracias al aprovechamiento de las semanas de transición y pese al estallido de la crisis económica en los primeros días de diciembre, Zedillo pudo comenzar una administración con un programa de gobierno preciso, reformas claramente perfiladas, una estrategia de negociación definida y un equipo solvente.
Seis años después los mexicanos votaron por la alternancia en el Poder Ejecutivo. La reforma política de 1996 había regresado la jornada electoral a julio y la apertura de sesiones del Congreso al 1 de septiembre. De nuevo mediaban cinco meses entre elección y toma de posesión.
Al caer la tarde de aquel domingo, en Los Pinos sabíamos de la firme tendencia que daba el triunfo al candidato del PAN-PVEM. El presidente Zedillo decidió emitir un mensaje por radio y televisión enseguida de la aparición programada del consejero presidente del ife con los resultados de las encuestas de salida. No recuerdo a ningún observador o analista que se haya indignado esa noche o en los días siguientes porque el presidente felicitaba a Vicente Fox con base en lo que arrojaban las encuestas o que se le hubiese acusado de precipitación. Francisco Labastida, candidato del PRI, reconoció sin ambages su derrota en un acto de convicción democrática y madurez política que lo sitúa muy por encima de otros contendientes. El ingeniero Cárdenas dio a entender entre eufemismos que admitía no haber ganado pero que defenderían la apretada ventaja del prd en el Distrito Federal.
Al día siguiente por la tarde, antes incluso de efectuarse el conteo distrital, el presidente Zedillo recibió a Fox en Los Pinos. Se convinieron la entrega de recursos para el sostenimiento del equipo de transición del próximo presidente (como no estaban previstos en el presupuesto, hubo de recabar una autorización legislativa extraordinaria), medidas de seguridad a cargo del Estado Mayor Presidencial y algunas generalidades del proceso de entrega-recepción.
Es entendible que el presidente que debe entregar la investidura a un candidato surgido de la oposición dedique una fuerte atención a su partido. Zedillo debió destinar horas y días a contribuir a mantener la cohesión partidaria, con la mira en el interés superior de la nación y una actitud constructiva ahora como oposición. El PRI respondió a la altura de las circunstancias, sin mezquindades ni cálculos interesados.
Quizá lo más significativo durante esa transición fue el ofrecimiento del presidente Zedillo de llevar ante el nuevo Congreso una iniciativa de reforma energética. No solo la reforma estaba lista (se había trabajado en ella durante varios meses) sino que estaba asegurado el respaldo del priismo y de los dirigentes de las mayores organizaciones obreras involucradas en el tema. Junto a este ofrecimiento, también se propuso un ajuste en el precio de los combustibles y los servicios de energía eléctrica. El propósito de Zedillo era claro: aprovechar la transición para que el Gobierno saliente asumiese el “costo político” de reformas difíciles y medidas impopulares, y dejar una vía más franca al Gobierno entrante. Ambos ofrecimientos fueron rechazados.
En el Gobierno, esos meses se emplearon para elaborar libros blancos en cada secretaría y dependencia centralizada. Cada una de ellas entregaría el correspondiente libro a su nuevo titular. Zedillo había optado por una Oficina de la Presidencia compacta y hermética pues la información que se maneja ahí es muy sensible y los problemas que llegan han desbordado niveles importantes de decisión. Carlos Hurtado y yo entregamos la oficina a nueve personas y a estas pronto se sumarían varios coordinadores más.
En lo personal, además, entregué al futuro canciller la información sobre la relación directa del presidente con los jefes de Estado y Gobierno de Estados Unidos, Guatemala, Canadá, Chile, Brasil, Colombia, Venezuela, España, Francia, el Reino Unido, Alemania, Portugal, China y Japón, que se llevaban desde Los Pinos. Esos vínculos ahora estarían mediados por la Secretaría de Relaciones Exteriores. De igual modo, entregué a un colaborador de Fox, desgraciadamente ya fallecido, la información de seguridad nacional, pues su intención era asemejar lo más posible esa área a la correspondiente de la Casa Blanca, en Washington.
En suma, respondiendo a las preguntas iniciales, el lapso de casi cinco meses de transición es demasiado largo pero puede ser muy aprovechable. En la transición se puede avanzar bastante en una agenda de interés nacional si se logra una distribución juiciosa de responsabilidades y “costos” entre el Gobierno saliente y el entrante. No obstante lo anterior, conviene revisar los plazos ya que después de la jornada electoral, el presidente es demasiado parecido a un lame duck con márgenes de maniobra que decrecen rápidamente. Y por último, en gran medida, el éxito de la transición descansa en el liderazgo y la visión del presidente entrante.
________________________________________
JOSÉ LUIS BARROS H. fue coordinador de Estrategia y Discurso y jefe de la Oficina de la Presidencia durante el mandato de Ernesto Zedillo.
