Identificar los núcleos de población en situación de pobreza es tarea prioritaria de todo Gobierno que busque reducir ese problema y mejorar el diseño e implementación de las políticas para combatirla. Por años, la sociedad mexicana ha invertido recursos sustanciales en mejorar los instrumentos de medición y desarrollar instituciones públicas para enfrentar el lacerante problema del rezago social. Tan importante como medir la pobreza es identificar los recursos y diseñar los programas y acciones para reducirla estructuralmente o compensar sus efectos. Para enfrentar la pobreza y la desigualdad del país, México cuenta con un conjunto de instituciones que ya abordan el tema: comisiones permanentes en ambas cámaras del Congreso; secretarías e institutos especializados en desarrollo social; programas académicos y de investigación en las principales instituciones académicas del país; órganos especializados de fiscalización, control y vigilancia de los recursos públicos y, naturalmente, organismos que evalúan las políticas en esta materia.
Al mismo tiempo, tan relevante es conocer dónde y cómo viven los mexicanos en situación de pobreza, como saber qué instrumentos de política social tenemos y cuáles son sus resultados. Los programas sociales son parte de este complejo entramado institucional y son la pieza más adaptable de todo el engranaje. No es casual que el eje financiero y operativo de la política federal de combate a la pobreza sea un programa como Oportunidades. Los programas sociales son relativamente sencillos de crear (su número en el país así lo atestigua) y abordan infinidad de problemas que las políticas económicas o la prestación de servicios públicos no resuelven.
Desde Progresa (ahora Oportunidades) ha habido un crecimiento importante en el número de programas sociales que hay en México. Conocer con precisión su número es prácticamente imposible. No existe institución política o social que haya podido inventariar el conjunto de los programas sociales en el país y sus principales atributos. Dos esfuerzos recientes buscan reducir este vacío de conocimiento: la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad en los Programas Sociales (IPRO) y el Inventario de Programas y Acciones de Desarrollo Social del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). IPRO, iniciativa que impulsan el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) y Transparencia Mexicana desde 2008, ha identificado más de mil 800 programas sociales a nivel federal y estatal, y más de mil 300 que operan actualmente (en 2012). Por su parte, el Coneval ha podido inventariar alrededor de 2 mil 500 programas y acciones de desarrollo social que ejercieron presupuesto público en 2010.
En una federación, la identificación y clasificación puntual de programas y acciones de desarrollo social permite alinear las políticas públicas y reducir duplicaciones, ineficiencia y dispendio en un tema que requiere de la mayor eficacia en el ejercicio de los recursos disponibles. A la pregunta de cuántos programas sociales hay en México y cómo funcionan, debería seguir una respuesta precisa y contundente. Nuestro país todavía no puede darla.
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Notas: *Programas sociales vigentes registrados por las entidades federativas/dependencias federales. La actualización de los programas es responsabilidad de las entidades federativas y de las dependencias federales. **Inventario de programas y acciones vigentes en 2010 identificados por el Coneval.
Fuentes: PNUD y TM, Base de datos de la IPRO www.programassociales.org.mx/resultadosn.aspx (microdatos descargados el 19 de octubre de 2012); Coneval, Inventario de Programas y Acciones Estatales de Desarrollo Social http://web.coneval.gob.mx/Evaluacion/IPE/Paginas/default.aspx e Inventario de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social http://web.coneval.gob.mx/Evaluacion/IPFE/Paginas/default.aspx (microdatos descargados el 19 de octubre de 2012 del sitio).
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