La LXII Legislatura se estrena con varios asuntos en la mesa, entre ellos las iniciativas que presentaron Gerardo Villanueva y Martí Batres, diputados del PRD, y Roberto Gil, senador del PAN, con el fin de “regular” las encuestas desde el ámbito legal.
Si bien durante las últimas semanas hemos atestiguado una discusión amplia en torno a las encuestas electorales que es digna de celebrarse, resulta poco probable que pueda hacerse una contribución sustancial desde el Congreso cuando los legisladores parten de diagnósticos y premisas equivocadas —o, cuando menos, imprecisas— sobre el “problema” a resolver.
Somos escépticos ante las propuestas legislativas para normar el uso y difusión de encuestas porque debiera ser entre encuestadores, en los medios de comunicación, a través de críticas sesudas de analistas y expertos, y en la pedagogía de las instituciones electorales donde se gesten los cambios. Es en campo, no en el Pleno, donde existe un espacio fértil para que las encuestas cumplan de la mejor manera su razón de ser.
Encuestas, ¿para qué?
Empecemos por el principio. Antes de abordar el tema que nos ocupa es importante preguntar para qué queremos encuestas. En una democracia —resulta crucial no olvidar este contexto— las encuestas electorales cumplen con dos objetivos muy sencillos:
1. Que los ciudadanos —especialmente los votantes— cuenten con “información oportuna y socialmente útil” (en palabras de Javier Aparicio); y
2. Que los actores políticos cuenten con información oportuna para tomar decisiones durante el proceso electoral, incluyendo el día de las votaciones.
Para que estos dos objetivos se alcancen es importante que se dé una condición necesaria: que la información provista por las encuestas sea certera y ajena a sesgos partidistas.
Las secuelas electorales: por la puerta falsa
Preocupa particularmente la iniciativa presentada por los diputados Villanueva y Batres el pasado 6 de septiembre porque parte de un diagnóstico impreciso: que el problema radica en un “complot” y en la difusión de las encuestas. Aducen que los objetivos de las encuestas electorales en México no se alcanzaron porque la condición necesaria no se cumplió. Para ellos, la información provista por las encuestas está sesgada por un interés partidista.
No es extraño, entonces, que esta iniciativa busque incidir sobre dicha condición eliminando totalmente la posibilidad de generar información sesgada. Prohíbe las encuestas para evitar que busquen favorecer a alguien: sin encuestas no hay información, y sin información es imposible que exista información sesgada… u objetiva.
Sin embargo, la propuesta es una puerta falsa porque cancela también el primero de los objetivos de las encuestas en una democracia: proveer información socialmente útil a los ciudadanos. La iniciativa, en el fondo, trasciende las propias encuestas porque mina la calidad de la democracia. Resulta interesante que la idea de Villanueva y Batres de prohibir la difusión de resultados de encuestas contradiga una de las exigencias primordiales que enarboló la izquierda durante el proceso electoral: contar con una democracia donde exista mayor y mejor información. Esta exigencia la comparte con el movimiento #YoSoy132, que busca defender el derecho a la información para los ciudadanos a través de medios de comunicación más democráticos.
El debate en el Legislativo
El debate para legislar contra las encuestas no comenzó en septiembre de este año. En la LXI Legislatura, por ejemplo, representantes de diversos grupos parlamentarios presentaron ocho iniciativas al respecto. (De hecho, el diputado Francisco Espinosa Ramos (PT) presentó una iniciativa virtualmente idéntica a la de Villanueva-Batres para prohibir la difusión de encuestas y sancionar penalmente a los infractores.) Estas propuestas han buscado fortalecer las facultades del IFE para regular encuestas (senador Ricardo Monreal, PT); prohibir la difusión de encuestas 15 días antes de la elección (senador Antonio Mejía Haro, PRD); establecer las bases que deben observar quienes soliciten, ordenen, realicen y publiquen encuestas (senador Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, PAN); crear un Registro Público de Encuestadores en el IFE para sancionarlas (senador Leonel Godoy, PRD); modificar el Código Penal Federal para endurecer las penas por difundir encuestas en tiempos vedados (diputado Carlos Flores Rico, PRI); sancionar que medios de comunicación mantengan reservada la metodología de las encuestas que difundan (un mélange de senadores del PRD y Movimiento Ciudadano), y modificar el Código Penal Federal para homologarlo con el Cofipe (senador Ricardo Monreal, PT). El sentido general de todas estas propuestas es el mismo: regular la difusión o los aspectos fácilmente verificables de las encuestas, pero sin entrar en reflexiones profundas o en discusiones con efectos positivos y de largo plazo para el gremio de encuestadores.
Ninguna de las iniciativas ha pasado de su estancia en comisiones; continúan en el proceso de dictamen, sin dormir el sueño de los justos.
La insoportable inocuidad…
La forma en que se ha buscado legislar contra las encuestas parte de un axioma impreciso. Después de demasiados años de sobrerregular, aún no hemos aprendido la lección que nos enseñó la Reforma Electoral de 2007: más leyes —y su aplicación— no implica la eliminación de comportamientos indeseables. Por el contrario, si no atienden las causas del comportamiento, más leyes solo significan caminos distintos para llegar al mismo comportamiento indeseable. La regulación que busca modificar comportamientos por decreto está condenada a ir siempre un paso atrás del comportamiento.
Quienes legislan contra las encuestas parten también de un diagnóstico y una problematización equivocados. El problema que más urge solucionar está en el levantamiento de las encuestas, y ninguna de las regulaciones propuestas lo atiende. Aun si pudiésemos validar la metodología en papel y revisar minuciosamente las bases de datos (como proponen las iniciativas de ley), quedaría sin atenderse directamente el asunto de la aplicación de las encuestas en campo. Y, evidentemente, es un despropósito utilizar recursos públicos para verificar estos procesos. La solución, así, no reside en una mayor regulación, sino en incentivos para que los encuestadores mejoren continuamente sus metodologías.
Si los legisladores han de incluir en su agenda de reformas políticas el tema de las encuestas, sería muy provechoso que lo hagan basados en un debate serio, que tome en cuenta todas las aristas y a todos los actores involucrados.
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JUAN ANTONIO CEPEDA es analista político y escritor.
MARCO A. MORALES es profesor asociado en el ITAM.
