Los recursos destinados a la educación en México son insuficientes y quizá este déficit sea el motivo principal de las crisis recurrentes que vive el sistema educativo en su conjunto. La robustez o fragilidad de las finanzas públicas refleja la fortaleza o debilidad del pacto fiscal que legitima el papel del Estado. La ausencia de objetivos compartidos erosiona cualquier consenso sobre el monto de los recursos que debe manejar el gobierno. Por el contrario, un acuerdo político entre los distintos sectores sociales ayuda a legitimar la composición del gasto público y de la carga tributaria necesaria para su funcionamiento, además de fortalecer a la democracia. El éxito de la economía se dificulta si el Estado no está en condiciones de hacer el aporte necesario (acumulación de capital humano, equidad en la distribución). Por tanto, la renovación del pacto fiscal es una tarea necesaria, además de posible.
Comprender la actividad financiera del Estado implica definir lo que el Estado es. ¿De qué forma el Estado mexicano apoya a la educación básica? ¿Qué tanto lo hace con la educación superior? ¿Debería destinar a alguna de ellas más recursos?
Guiados por criterios economicistas, podría decirse que si bien la educación básica es fundamental para la socialización de los futuros ciudadanos, esta incide poco en los niveles de desarrollo. Y aunque México destina un porcentaje muy alto de su Producto Interno (5.8%), lo dirige casi en su totalidad al gasto corriente (salarios) mientras que para infraestructura destina un porcentaje irrisorio– lo que en definitiva termina por afectar a la calidad de la educación.
Por el contrario, apoyar a la educación superior permitiría un cambio más notable en el nivel de ingreso de las personas, permitiéndoles superar sus niveles de atraso económico. De acuerdo a la OCDE[1], dada su capacidad de dotar al país del capital humano necesario para crecer de manera sostenida, alcanzar una mayor integración social y desarrollarse plenamente, la educación superior constituye una de las claves de la modernización de nuestro país.
Y si bien en las últimas décadas el acceso a la misma ha pasado del 1% al 26.2% en el grupo de entre 19 y 23 años de edad, “el nivel de formación universitaria en el conjunto de la población es todavía inferior al promedio de la OCDE, pues alcanza al 19% de la población entre 25 y 34 años de edad y tan sólo al 9% de los que se encuentran entre los 55 y los 64 años, en comparación con promedios del 35% y el 20% en el conjunto de la OCDE, respectivamente”
A pesar de lo anterior y tal como lo sostiene la misma OCDE, no debe privilegiarse ninguno de estos rubros sino la educación en su conjunto. Beneficiar a la educación superior por encima de la básica significaría beneficiar a un menor número de personas y condenar a otras a la marginalidad. Deben por tanto destinarse más recursos a la educación en México de una forma más eficiente. Es urgente aumentar los recursos disponibles.
Ahora bien, dicho aumento pasa casi forzosamente por una vía impositiva y la decisión de los impuestos a instrumentar afectará necesariamente a grupos de población determinados. Si se aumentan los impuestos directos (como el ISR) se produce un efecto distinto al de aumentar los indirectos (el IVA, por ejemplo). A nivel particular la incidencia recae especialmente sobre alguno de los grupos sociales: en el segundo caso los consumidores, en el otro, los productores, quienes para compensarlo podrán demandar al Estado una acción compensatoria mediante acciones de cabildeo.
Podría argumentarse que, toda vez que es fundamental destinar mayores recursos al gasto en infraestructura para educación básica (casi el 20% de las escuelas no tienen agua potable ni baños, y ni hablar de computadoras) es mejor financiarlo con un impuesto que castigue menos a los productores y más a los consumidores, que son los directamente beneficiados –si bien será importante en consecuencia mejorar la canasta básica. Por el contrario, si decidiéramos apoyar la educación superior, por tratarse de un gasto más recesivo (el gasto público en educación superior es aprovechado de mejor forma las familias con mayores recursos), lo ideal sería financiarlo con un impuesto directo a los productores.
En todo caso, un sistema impositivo menos complejo y con menos exenciones, redundará en mayores beneficios siempre y cuando sea progresivo en su conjunto. Lo cierto es que debe gastarse más y mejor en educación y en la lucha contra la pobreza, pues la evidencia apoya la tesis de que las erogaciones realizadas en gasto social, educación, salud, vivienda, y seguridad social, suelen tener los mayores efectos redistributivos del ingreso. Y para que el gasto social continúe considerándose como el instrumento de la política fiscal con mejores efectos redistributivos, se requiere su focalización: brindar los recursos a quienes más los necesitan.
[1] Reformas para el cambio. OCDE 2012.
De acuerdo con usted en los necesarios controles. La focalización de una beca debe estar dirigida a quien la necesita, y con la supervisión y seguimiento necesarios para conocer si está siendo utilizada debidamente. Sólo así se evitará un derroche como sucede con algunos programas como Procampo.
El detalle estriba en ¿Quienes son esas personas que necesitan de esos recursos?.Existen varias becas en el país mal asignadas. Se las asignan a las personas con las peores calificaciones y estas personas designan esos recursos para gasta superfluos e innecesarios, jamas fui testigo de que un estudiante cobrara la beca y comprar algún libro.
Este problema no es de soltar más dinero, es de crear conciencia en nosotros los estudiantes-. Ya que si el gobierno quiere aumentar el sueldo de los docentes, pues eso ya es otro paquete.