Uno de los problemas centrales de la seguridad pública en México es que las acciones lógicas de las autoridades provocan efectos perversos. Al ver un auge en la violencia, la respuesta reflexiva es mandar más tropas a la zona, si se puede, militares y otros grupos federales. Esta táctica se identifica con el gobierno de Felipe Calderón, que basaba su estrategia en ella, pero también era evidente bajo sus antecesores, y también lo es hoy en día bajo Enrique Peña Nieto, cosa que trataremos más abajo.
Esta medida, por más lógica que sea, a menudo fracasa: no logra frenar la violencia por mucho tiempo, no establece el estado de derecho ni rompe los grupos del crimen organizado, y a veces coincide con un gran disparo en la violencia. Juárez es el ejemplo más famoso, pero no es el único. La Laguna se ha convertido en una de las zonas más violentas pese a cuantiosos operativos militares durante años recientes. Acapulco tampoco es ajeno a la operación de tropas federales, pero poco parece haber ayudado. Y no es solamente que la presencia de militares no ayuda, sino a veces incluso complica más la situación, debido a los abusos de los derechos humanos y su colusión con un grupo criminal.
En algunos sentidos, la estrategia de seguridad de Peña Nieto, anunciada desde la campaña el año pasado, iba a ser diferente. No iba a poner tanto énfasis en la búsqueda de los capos, iba a minimizar la importancia del crimen organizado como blanco de su gobierno, e iba a reducir el papel de los militares.
Hay razones sensatas tras sus modificaciones, pero (como hemos comentado aquí en ocasiones anteriores) sigue habiendo dudas sobre la viabilidad de sus objetivos. En cuanto a los militares, el problema es que lo que hace cualquier ciudadano al ver su zona sitiada es reclamar una mayor presencia federal. Las autoridades locales suelen hacer precisamente lo mismo. Y para el gobierno federal, aunque tenga la intención de reducir el uso de las Fuerzas Armadas, es muy difícil (más aún políticamente arriesgado) ignorar los reclamos emitidos desde las zonas nuevamente violentas. (Claro, los límites de la Policía Federal son una gran parte de este problema, pero es un reto casi permanente.) Anunciar un operativo militar no equivale a una respuesta comprensiva a las causas de la inseguridad, pero es relativamente fácil de armar y da la impresión de que el gobierno está reaccionando.
Gracias a la lógica anterior, el gobierno de Peña Nieto lanzó en mayo el nuevo operativo en Michoacán, que utiliza tropas de la Policía Federal más las Fuerzas Armadas, lo que parece contradecir uno de los objetivos principales del nuevo mandatario. Además, como ha apuntado Alejandro Hope, el nuevo se parece mucho al operativo iniciado al inicio del gobierno de Calderón. Y aunque sea temprano para juzgar los resultados de la acción actual, hasta el momento los resultados no han sido alentadores. Peña Nieto tenía toda la intención de ofrecer una visión radicalmente diferente, pero en algunos de los hechos, se parece mucho a su antecesor.
Es fácil reclamar la falta de creatividad del gobierno de Peña Nieto, pero la verdad es que no existen muchas ideas nuevas de cómo apaciguar zonas que de repente se vuelven anárquicas, por lo menos no muchas que son radicalmente diferente.
Así que en lugar de hacer nada, el gobierno hace lo mismo, cosa que puede resultar peor.
