A pesar de las presiones de los grupos de derecha y de una opinión pública cuasi fascista y pro linchamiento, las autoridades han sabido negociar con los maestros inconformes y probablemente tengamos muy pronto una Ley General del Servicio Profesional Docente aprobada por ambas cámaras que incluya, en la medida de lo posible, los reparos sindicales respecto de los derechos laborales adquiridos.
No se trata de la mejor ley ni mucho menos. Especialistas como Ricardo Raphael de la Madrid han subrayado sus errores más graves: al confundir profesionalización con evaluación, la ley carece de un verdadero sistema que brinde al docente certidumbre en el puesto a partir de criterios basados en el mérito y el esfuerzo profesional; muy poco clara en cuanto a la distribución de competencias entre autoridades federales y estatales, esta ley no crea un servicio nacional sino algunas reglas de operación para que cada gobierno local gestione las plazas, etcétera.
Pero al menos se trata de un avance y como se dice siempre que uno busca poner los pies sobre la tierra, “es lo que hay”. No debe haber sido fácil para los senadores, diputados y funcionarios desoír los cantos de las sirenas que llamaban a la criminalización de los docentes y por el contrario sentarse a negociar y a tratar de escuchar a profesores ideologizados y naturalmente enojados por la realidad de corrupción y pobreza extrema en que se encuentran inmersos. Esta es, me parece, la mejor lección de los últimos días contra el naco autoritario que todos llevamos dentro (en virtud de décadas de educación vertical y clientelista) al que le hubiera gustado arreglar las cosas por la fuerza.
Pero, ¿puede en verdad esta Ley transformar la realidad educativa de las entidades más pobres del país? Lo dudo bastante y para muestra un botón: de acuerdo con una investigación que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) llevó a cabo en ochos entidades del país, los adolescentes en México se identifican con narcotraficantes y sicarios antes que con empresarios, profesores o miembros del ejército.
La FLACSO encuestó a 1400 alumnos de secundaria de entre 13 y 15 años de edad durante los meses de agosto a noviembre de 2012 en Baja California, Chihuahua, Colima, Durango, el Estado de México, Guerrero, Tabasco y Tamaulipas. Lo que halló es que 26.3% de los jóvenes entrevistados piensan que a ellos mismos, a sus amigos o a personas de su edad les gustaría parecerse a narcotraficantes y sicarios. Tras estas figuras viene la del empresario, con el 17% de preferencia, mientras que 12.4% se inclinó por la del profesor, 10.7% por la figura del policía o militar, 4.4% por un funcionario de gobierno y 1.4% por la imagen del migrante.
No es difícil entender que, al primar estas identificaciones sobre las del mérito y el esfuerzo, salga sobrando cualquier plan de estudios porque ¿para qué estudiar si el acceso al éxito va por cuerda separada?
Ninguna ley, por más que discipline -en hora buena- a los maestros en su actualización y evaluación permanentes, podrá transformar la realidad si no viene acompañada de un pacto que involucre más y mejores recursos, becas, y horizontes de futuro para nuestros jóvenes. Por eso es tan importante que el gobierno explique, con mayor ingenio que el invertido en sus campañas publicitarias, los pormenores de las reformas energética y fiscal tan urgentes para estar en condiciones de invertir en nuestro bienestar social. ¿Qué porcentaje de esos recursos se destinarán a los municipios más necesitados y cómo?
