Atacar las redes financieras del crimen organizado es toda una moda, que goza del respaldo amplio de una gran parte del sistema político mexicano, incluso los cuatro candidatos presidenciales del año pasado lo hicieron. Pero he aquí el problema de las modas: son populares por novedosas, no por correctas.
Como he argumentado en este espacio (y en otros espacios también) en varias ocasiones, la pista financiera les puede ser útil a las autoridades en algunos ámbitos, como el rastreo de fortunas mal ganadas de los políticos, o los esfuerzos antiterroristas. Pero los narcotraficantes son otra especie de criminal, y no existen las bases para pensar que limitar su acceso al sistema legítimo financiero pueda frenar la violencia que provocan.
Lamentablemente, los acontecimientos recientes en cuanto a la legislación contra el lavado de dinero demuestran que las prioridades de la administración actual están confundidas. El 5 de junio, el Associated Press reportó que Peña Nieto mandó una iniciativa a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que tenía el objetivo de endurecer las penas contra los testaferros que manejan bienes de procedencia ilegal. Dos semanas después, una nueva ley antilavado entró en vigencia en México, que da a las autoridades más herramientas para investigar las finanzas de personajes o empresas sospechosas. Ahora, según un campeón de la ley, México cumple con todos los tratados internacionales sobre el lavado de dinero.
No hay nada mal en estas propuestas, pero es un error concluir que gracias a ellas, el Chapo Guzmán y sus colegas criminales ya no van a poder mover dinero. El sistema financiero es demasiado grande y existen demasiados mecanismos para lavar dinero; aunque usted imponga las leyes que quiera, la dinámica siempre será algo parecido a la búsqueda de una gota específica en medio de un mar.
Peor aún, suponiendo que la lógica del párrafo arriba esté equivocada, dificultar el movimiento de dinero no quiere decir que los narcos se portarán de forma menos violenta. Al contrario, si el régimen antilavado logra mermar sus márgenes de ganancia, esto simplemente presentará un incentivo para un mayor volumen de actividad criminal: más extorsión, más cargamentos de drogas, más secuestros, más robos. Existe en México una suposición que va así: los narcos son nuestros enemigos, así que cualquier cosa que les duela es un beneficio para la sociedad en cuanto a la seguridad. La primera parte es cierta (aunque simplista), pero la segunda está manifiestamente equivocada.
Desafortunadamente, otra vez la presidencia está siguiendo una serie de acciones guiadas por esta filosofía errónea.
Un buen régimen antilavado sí tiene utilidad, aunque no puede ser el arma principal contra criminales violentos. Desde luego nos puede ayudar a identificar los oficiales que han acumulado fortunas sin explicación, para que podamos sacarles de sus puestos, o a través de las votaciones o investigaciones criminales. Al contrario de los narcos, los políticos dependen de su reputación como gente honesta. No viven como prófugos, con su criminalidad efectivamente declarada. Saber qué candidato tiene millones en una cuenta offshore es un dato importantísimo.
Sin embargo, aquí también parece que México no está haciendo todo lo que podría hacer. En años recientes, han surgido varios escándalos acerca de la riqueza inexplicable de gobernadores, pero estos típicamente estallan gracias a factores independientes a la pista financiera. La PGR ya está congelando los bienes de Andrés Granier, pero esta medida es posible solamente porque lo grabaron presumiendo del contenido millonario de su ropero. Parece que Tomás Yarrington pasó años acumulando dinero gracias a sus relaciones con el crimen organizado, durante los cuatro años en que era el mandatario máximo de Tamaulipas. Sin embargo, pese a todos los rumores que lo han seguido desde hace más que una década, nunca se encontró una cuenta inexplicable de Yarrington, ni un condominio en Miami o Aspen. Fue la acusación en su contra por la DEA que lo convirtió en prófugo, poniendo un fin definitivo a su carrera pública.
Las cosas deberían estar al revés: el régimen antilavado debería encontrar anomalías sospechosas en el perfil financiero de un gobernador antes de que un detenido lo delate o de que se presuma de sus miles de trajes. Al mismo tiempo, no queda esperar milagros de este mismo régimen en la lucha contra el crimen organizado. Es decir, el antilavado, correctamente utilizado, puede ser una herramienta, pero una panacea no es.
Gran post te felicito, Besos.