La semana pasada, Barack Obama lanzó una propuesta sin precedente reciente para regular las armas de fuego. Entre otras provisiones, el presidente propuso una prohibición contra la venta de armas de fuego, una prohibición contra la venta de recámaras con capacidad de más de 10 balas, y las revisiones obligatorias de los antecedentes de los compradores en las expos de armas. Además, Obama prometió el mayor impulso presidencial: “Le voy a dar todo lo que tengo, y Joe también”, dijo en referencia a su vicepresidente, Joe Biden.
La motivación de Obama viene principalmente del ataque de diciembre en Newtown, Connecticut, y eventos parecidos en Aurora, Colorado y Tucson, Arizona. Sin embargo, también responde a los reclamos mexicanos desde hace años, de que el flujo de armas largas es un motor importante de la violencia al lado sureño del Río Bravo.
Los cambios propuestos son en su totalidad muy sensatos, y es una lástima que no se hayan concretado décadas antes. No obstante, siento un poco pesimista sobre la posibilidad de que tengan un impacto importante a corto plazo, tanto en México como en Estados Unidos.
El problema principal es que Obama lidera solamente una parte del gobierno estadounidense, y aunque él esté comprometido, el Poder Legislativo, sobre todo los republicanos en la Cámara de Diputados, no comparten su punto de vista. Sin su aprobación la propuesta de Obama, por más necesaria que sea, no se hace realidad. Y es cierto que ha habido una explosión de indignación por la matanza de Newtown, pero sigue habiendo una gran parte del público que está opuesta a más controles sobre la venta de armas, así que para los republicanos duros, tanto su ideología como sus intereses electorales abogan en contra de la reforma obamista.
En México, el problema no es solamente que el entorno político se ve complicado, sino que al volverse una ley vigente, es muy posible que la propuesta de Obama no tenga un impacto inmediato en la seguridad de México. La asociación entre el vencimiento en 2004 de la prohibición estadounidense de armas largas y el aumento de violencia en México cuatro años más tarde es ambigua. Puede que haya influido, pero había otros factores importantes también, y la hipótesis no queda conclusivamente comprobada, así que volver a prohibir tales armas no necesariamente quita un motor importante en la inseguridad. Además, las tiendas estadounidenses son una entre miles de fuentes internacionales de armas. Las pandillas mexicanas las utilizan por cercanía y conveniencia, pero esto no quiere decir que al desaparecer los vendedores tejanos y californianos, los narcos ya no tendrán como conseguir armas mortales. Sí podrán.
Más aún, aunque entre en vigencia la propuesta de Obama, será después de meses o hasta años de negociación y debate. El plazo interino ofrece a los criminales una gran oportunidad de crecer sus arsenales, para que tengan una reserva enorme de armas, independientemente de los resultados del esfuerzo legislativo al otro lado de la frontera.
A largo plazo, el impacto puede ser un poco diferente. La propuesta de Obama podría provocar un aumento en el costo de armas compradas en el mercado negro. Si los que surten la demanda mexicana son cada vez más traficantes asiáticos o europeos y cada vez menos vendedores legítimos en Arizona, es lógico imaginar que el transporte y la ilegalidad resulten en un precio mayor. Tal suceso no afectará los arsenales de grupos como los Zetas, que disponen de ingresos suficientes para pagar un poco más para sus armas, pero sí puede orillar a las pandillas pequeñas del mercado de pistolas y rifles. Como estos grupos pequeños han sido un factor importante de la violencia reciente, la propuesta de Obama, de volverse realidad, tendría un impacto positivo.
Como mencionamos en este espacio el año pasado la seguridad pública es la cantidad de armas en la sociedad. Una investigación del catedrático Patrick Egan demuestra que la proporción de la población que tiene armas es cada vez menor: hace 40 años, según encuestas, 40 por ciento de la población admitió tener una pistola o escopeta en su casa; hoy en día, la cifra ha caído a menos de 20 por ciento. No es una casualidad que mientras los habitantes querían cada vez menos armas, había cada vez menos asesinatos: hoy en día la tasa de homicidio en Estados Unidos no alcanza ni la mitad de la cifra en 1990. Las tendencias recientes van más allá que las reformas legislativas: pese a los pocos obstáculos para adquirir una pistola o un rifle, son cada vez menos los gabachos que quieren poseer un arma de fuego.
Claro, las leyes pueden ayudar a restringir el acceso a las armas, y por tanto reducir el número en circulación. Para repetir, lo más probable es que las propuestas de Obama tengan un efecto leve pero positivo en este sentido. Pero las leyes también pueden hacer lo contrario: al promover la compra de armas, la cantidad de ellas será artificialmente inflada, con los resultados previsiblemente negativos en la seguridad pública. Por eso la filosofía de la NRA, el cabildeo poderosísimo de los fabricantes de armas y sus aliados en el congreso, es tan pernicioso. Según su discurso, éstos creen, en contra de toda lógica, que aumentar la presencia de armas representa una meta loable en cuanto a la seguridad pública. Tal creencia es mucho más presente en Washington que en casi cualquier otro país del mundo, aunque sí existe en México también. (Véase, por ejemplo, el edil de Mazatlán que busca armar a los ciudadanos para autodefensa.)
Es una lástima que tal filosofía tenga tantos adherentes; entre más pronto desaparezca, mejor. Pero temo que por el momento, son suficientes para frenar los esfuerzos de Obama.
