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Mediocridad institucional
Escritos De Frontera | Este País | Arturo Damm Arnal | 01.05.2014 | 0 Comentarios

Los vergonzosos lugares en los que se ubica México en los estándares mundiales de crecimiento económico nos obligan a recordar el sentido de las reformas estructurales emprendidas por el Gobierno de Enrique Peña Nieto: se trata de fortalecer al Estado como creador y garante de leyes dirigidas al interés general.

©iStockphoto.com/©MHJ

I

El progreso económico, definido como la capacidad para producir más (dimensión cuantitativa) y mejores (dimensión cualitativa) bienes y servicios para un mayor número de gente (dimensión social) depende, no de manera exclusiva pero sí importante, de las instituciones, es decir, de las reglas del juego, que pueden ser formales (por ejemplo: leyes positivas) o informales (por ejemplo: usos y costumbres). Las instituciones económicas pueden facilitar o dificultar las actividades de los agentes económicos, por el lado tanto de la oferta como de la demanda, y son más importantes que las políticas económicas, sobre todo si por políticas económicas entendemos los medios con los que el Gobierno cuenta para modificar, a priori o a posteriori, los resultados obtenidos por los agentes económicos en el mercado, que no son otra cosa más que la relación de intercambio entre oferentes y demandantes, y si por instituciones económicas entendemos las reglas del juego que facilitan tales relaciones y garantizan el cumplimiento de los contratos que las mismas suponen.

Por lo general, las instituciones informales —que espontáneamente surgen en el y del mercado, dado que son aceptadas voluntariamente por las partes involucradas— resultan justas (no violan derechos) y eficaces (logran el objetivo deseado). Tal es el caso, por ejemplo, de los usos y costumbres mercantiles. Eficacia y justicia pueden no ser las características de las instituciones formales, que de manera intencional redactan y promulgan los legisladores con la intención de reglar la conducta de los agentes económicos, para lo cual deben imponerse por la fuerza.

Lo que hay que tener presente es que, en el campo de la actividad económica, no cualquier ley, redactada y promulgada por el legislador, da como resultado el progreso económico, y mucho menos en los términos antes definidos: la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios, para un mayor número de gente, progreso económico que es el resultado, entre otras variables pero de manera destacada, de instituciones que reconozcan plenamente, definan puntualmente y garanticen jurídicamente la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal, todo lo cual supone hacer valer, en el ámbito de la economía, el Estado de derecho (definido como el Gobierno de las leyes justas, que son las que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de la persona), algo que en México deja mucho que desear.

 

II

En la introducción al libro cuarto de La riqueza de las naciones, Adam Smith escribe:

La economía política, considerada como uno de los ramos de la ciencia del legislador o estadista, se propone dos objetos distintos: el primero, suministrar al pueblo un abundante ingreso o subsistencia, o, hablando con más propiedad, habilitar a sus individuos y ponerles en condición de lograr por sí mismos ambas cosas; el segundo, proveer al Estado o República de rentas suficientes para los servicios públicos. Procura realizar, pues, ambos fines, o sea enriquecer al soberano y al pueblo.1

Llama la atención que para Smith, considerado el padre de la economía moderna, la economía política,2 a la que hoy llamamos simplemente “economía”, es una de las ramas de la ciencia del legislador, cuya tarea es la de redactar y promulgar leyes, mismas que, según Smith, deben ayudar a que los ciudadanos, por sí mismos, generen un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades, así como contribuir a que el Gobierno recaude lo necesario para financiar sus tareas, de tal manera que, parafraseando a Smith, podemos afirmar lo siguiente: “La economía, como parte de la ciencia del legislador (¿o debo escribir ‘del arte del legislador’?), tiene dos objetivos: facilitar la generación de ingresos suficientes de parte de los ciudadanos, y facilitar el cobro de impuestos suficientes de parte del Gobierno, de tal manera que los primeros satisfagan correctamente sus necesidades y el segundo cuente con los recursos necesarios para cumplir con sus tareas”.3

Lo que quiero destacar es el hecho de que Smith considera a la economía como parte del arte (porque más que una ciencia es un arte) del legislador, cuyas leyes deben fortalecer (y aquí la palabra correcta es esta: fortalecer) esa capacidad para producir más y mejores bienes y servicios, para un mayor número de gente. En ello consiste el progreso económico, que depende más de las instituciones (reglas del juego), sobre todo las formales (redactadas y promulgadas por los legisladores), que de las políticas económicas (los medios —monetarios, fiscales, proteccionistas, etcétera— con los que cuenta el Gobierno para modificar los resultados alcanzados por los agentes económicos en el mercado), algo que, afortunadamente, se va entendiendo cada vez más.

 

III

El objetivo inmediato de las reformas estructurales —laboral, de competencia, de telecomunicaciones, financiera, energética, etcétera— es mejorar el marco institucional de la economía mexicana con el fin, mediato, de elevar su competitividad, es decir, su capacidad para atraer, retener y multiplicar inversiones directas, que son las que abren empresas, producen bienes y servicios, crean empleos, y generan ingresos. De las inversiones directas depende la dimensión cuantitativa de progreso económico: la capacidad para producir más bienes y servicios. Dicho marco institucional de la economía mexicana deja mucho que desear, tal y como lo muestran todos los índices que se emplean para medir precisamente eso: la calidad institucional de la economía, la justicia y eficacia de las reglas del juego.

Enumero los más importantes de estos índices: (1) Índice de Libertad Económica, de la Heritage Foundation; (2) Índice de Libertad Económica, del Cato Institute; (3) Índice Internacional de Derechos de Propiedad, de la Property Rights Alliance; (4) Índice de Competitividad Global, del World Economic Forum; (5) Haciendo Negocios, del World Bank; (6) Índice de Estado de Derecho, del World Justice Project, e (7) Índice de Calidad Institucional, de la Fundación Libertad y Progreso.

¿Cuáles son, para México, los resultados? Centro la atención en la posición que, en cada uno de los índices citados, ocupa México entre las naciones consideradas, poniendo entre paréntesis, en los casos en los que se proporciona tal información, la calificación correspondiente: (1) Índice de Libertad Económica 2013, de la Heritage Foundation: 50/177 (6.7/10); (2) Índice de Libertad Económica 2013, del Cato Institute: 78/152 (6.6/10); (3) Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2013, de la Property Rights Alliance: 49/130 (5.2/10): (4) Índice de Competitividad Global 2013, del World Economic Forum: 55/148 (6.1/10); (5) Haciendo Negocios 2013, del World Bank: 53/189: (6) Índice de Estado de Derecho, del World Justice Project: 79/99 (4.5/10); (7) Índice de Calidad Institucional 2013, de la Fundación Libertad y Progreso: 88/191.

¿Cuál es el común denominador? La mediocridad, el hecho de que estamos lejos de los últimos lugares, pero igualmente lejos de los primeros, lo cual nos identifica como “uno más del montón”, como un país no del todo repulsivo pero tampoco del todo atractivo para las inversiones directas, lo cual no significa que en México no se invierta, ¡claro que se invierte! En 2012 la inversión extranjera directa sumó 17 mil 224 millones de dólares; en 2013 la suma fue de 35 mil 188 millones, 104.3% más. Pero ¿cuánto más no se invertiría si saliéramos de la mediocridad?

 

IV

Abandonar la mediocridad institucional, ese es el reto que hay que superar para lograr un mayor progreso económico, para lo cual se requieren más inversiones directas, para lo cual hay que elevar la competitividad del país, para lo cual hay que contar con instituciones, sobre todo formales, más justas y más eficaces. En economía, esas instituciones son las que aceleran (si son justas y eficaces) o frenan (si son injustas e ineficaces) el progreso económico, mismo que depende mucho más de ellas que de las políticas económicas (en este punto Smith le saca ventaja a Keynes).

El objetivo general de las reformas estructurales es mejorar el marco institucional de la economía mexicana, con el objetivo específico de apuntalar su competitividad, es decir, su capacidad para atraer, retener y multiplicar inversiones directas, que son el motor del crecimiento de la producción de bienes y servicios y, por lo tanto, de la dimensión cuantitativa del progreso económico. En términos generales (salvo la fiscal, que no tuvo ni pies ni cabeza, y lo único que hizo fue agravar el engendro tributario que padecemos), las reformas estructurales apuntan en esa dirección.

Por último, hay que tener en cuenta que los datos proporcionados por los siete índices mencionados corresponden al año 2013; no toman en cuenta el contenido real de la reformas, que depende sobre todo de las leyes secundarias, no nada más de los cambios en la Constitución. Una vez que se tenga el panorama completo, ¿qué resultados arrojaran esos índices en 2014 y los años subsecuentes? Con las reformas estructurales, ¿superaremos la mediocridad institucional que padecemos?

En este, como en muchos otros temas, hay que ir más allá de las fronteras.  

 

 

1 Adam Smith, Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, FCE, México, D.F., p. 377.

2 Término utilizado por primera vez por Antoine de Montchrestien, en su libro Tratado de economía política, de 1615. El significado original del termino era el estudio de las relaciones de producción.

3 Las tareas del Gobierno para Smith deben limitarse a (1) la defensa de la propiedad privada, (2) la defensa contra agresiones del exterior, (3) la impartición de justicia y (4) el sostenimiento de obras públicas, entre las cuales incluye la educación.

________

ARTURO DAMM ARNAL es economista, filósofo y profesor de Economía y Teoría Económica del Derecho en la Universidad Panamericana.

([email protected]; Twitter: @ArturoDammArnal)

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