Aquellas problemáticas que requieren de cambios en las percepciones y las actitudes de la sociedad requieren esfuerzos coordinados y sostenidos, sus avances son lentos y discontinuos pero sus frutos son fundamentales para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas.
Se presentó hace unos días el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014–2018 como parte del Plan Nacional de Desarrollo. Su objetivo es generar acciones integrales y coordinadas para reducir la brecha de acceso a los derechos y servicios de las poblaciones mayormente afectadas por la discriminación. Se busca impulsar una cultura social y política basada en la equidad, la reciprocidad y el respeto a las diferencias.
En su diagnóstico se reconoce el carácter estructural de la discriminación y la necesidad imperativa de la intervención del Estado para buscar un cambio cultural que implique una redistribución de la riqueza.
Entre las problemáticas a resolver se encuentran:
- El personal responsable de resolver las denuncias o inconformidades en la materia no cuenta con los conocimientos, herramientas y habilidades necesarias para ello.
- El acceso desigual a bienes y servicios por prácticas cotidianas de trato desigual e injusto a partir de atributos identitarios de personas y poblaciones que son desvalorizadas, consideradas inferiores, menospreciadas.
- La necesidad de desarticular discursos consolidados basados en estereotipos y estigmas que buscan justificar la desigualdad de trato y de oportunidades a favor de personas que creen merecer privilegios.
Ya la Encuesta Nacional sobre Discriminación, ENADIS (CONAPRED, 2010) señalaba algo muy palpable, la amplia presencia de clasismo, misoginia, racismo, xenofobia, intolerancia religiosa y homofobia en la sociedad. Lo que se traduce en una convivencia violenta y discriminatoria fomentada por parte de grupos sociales dominantes con base en ideologías supremacistas que consideran las diferencias como fuente y razón de desprecio, subordinación, dominio y trato desigual.
Muchas son las situaciones de discriminación relacionadas a la sexualidad o el género que se mencionan, por ejemplo, la de la “población transexual y transgénero (tanto hombres como mujeres) presenta la situación particular de discriminación en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos derivada de la dificultad que existe para el cambio y la congruencia entre los papeles de identificación oficial y su identidad sexo-genérica”. Las personas transexuales son aquellas en las que su corporeidad no concuerda con su sexo real, en algunos casos deciden realizar un proceso de reasignación sexual, transformándose corporalmente para corresponder con su verdadero ser. Las personas transgénero eligen un género distinto al que se asigna socialmente y en automático a su sexo. En ambos casos no se trata de una enfermedad, anormalidad o desviación sino que forman parte de la diversidad y riqueza de las manifestaciones de la sexualidad humana.
En este sentido, el plan propone, entre otras acciones:
- Eliminar criterios discriminatorios en el acceso de la población trans en la expedición de documentación oficial.
- Coordinar la implementación de la Guía de Acción Pública contra la Homofobia en la administración pública federal.
- Promover acuerdos con medios de comunicación para respetar a las personas independientemente de su orientación sexual e identidad de género.
- Un cambio educativo y cultural en el que se incorporen explícitamente contenidos antidiscriminatorios en los planes y programas de estudio y en los libros de texto.
- Proyectos, iniciativas y campañas donde se deconstruya y modifique el sistema de relaciones sociales prevaleciente y normalizado en los valores y conductas socializados y aprendidos a lo largo de la estructura social por la que transitamos todos y todas.
El plan busca modificar valores y prácticas discriminatorias en el terreno de las relaciones interpersonales, comunitarias, sociales e institucionales para transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. Su elaboración contó con el apoyo técnico de la Sección Antidiscriminación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin duda se trata de un paso muy importante pero para que esfuerzos como estos se cristalicen en una mejor sociedad es necesario cuestionar, señalar, contestar y combatir la corrupción e impunidad de la clase política gobernante incluyendo su vínculo con las televisoras que les permite imponer de manera masiva puntos de vista favorables a acciones antisociales y destructivas como muchas de las involucradas en las reformas recientes, totalmente contrarias al empoderamiento de la ciudadanía y la participación ciudadana. En el contexto actual existe un choque entre los pasos que logra dar la sociedad hacia modos de vida incluyentes y sustentables, y las acciones de los poderes fácticos para parasitar a la mayoría de la población para el beneficio de unos cuantos.
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