Según la definición utilizada por el INEGI, la cual es congruente con la avalada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo informal está dado por las actividades productivas que son realizadas por unidades económicas no registradas, en las que el negocio y el trabajador son la misma cosa. Igualmente, se entiende por trabajo informal aquel que, incluso si se lleva a cabo en unidades productivas que no son típicas de la informalidad, no está registrado ante la seguridad social (INEGI, 2012).
Lo anterior significa que el trabajo informal abarca diversas actividades económicas. Por citar un par de ejemplos, son trabajadores informales el vendedor ambulante de tacos de canasta y el profesor que imparte unas horas de clase a la semana pero que, incluso estando en el padrón de Hacienda, no cuenta con registro ante el IMSS. El trabajo informal incluye también al comerciante de mercancía pirata y/o robada, así como a los productores y distribuidores de drogas. Se trata, pues, de un fenómeno multidimensional. Asimismo, aunque no en igual medida, ocurre en todas las economías del planeta (véase Andrews et ál., 2011).
Si bien no es fácil hacerlo, el INEGI ha medido el tamaño del trabajo informal en México: de los casi 49 millones de mexicanos que trabajan, 19.5 millones lo hacen formalmente mientras que 29.5 laboran de manera informal. Oaxaca, Guerrero y Chiapas son los estados del país en donde, en términos porcentuales, hay más trabajo no formal. Baja California Sur, Chihuahua y Nuevo León son las entidades en donde lo hay en menor magnitud (INEGI, 2012). Vale mencionar que —como el INEGI realiza una encuesta para estimar los datos aquí citados, y como es prudente asumir que, al ser encuestados, quienes se dedican a actividades informales ilegales mienten al respecto— es probable que las cifras subestimen la dimensión del problema. En todo caso, los números reportados ubican a México como un país en el que el trabajo informal es de incidencia elevada. Asimismo, indican que el problema es inherente a la economía mexicana. A este respecto, durante una visita reciente a nuestro país, Elizabeth Tinoco, funcionaria de la OIT, resaltó que no solo en México, sino en toda Latinoamérica, el trabajo informal es endémico y estructural (Martínez, 2013).
Las cifras son, pues, alarmantes, sobre todo si consideramos que las actividades informales alcanzan poca productividad y son de baja remuneración. Igualmente, se caracterizan por ofrecer condiciones laborales inadecuadas. Asimismo, inciden directamente en asuntos políticos, generalmente de manera negativa, por medio del clientelismo usualmente asociado a ellas, y perjudican la recaudación fiscal. Aunado a ello, el trabajo informal puede estar vinculado a grupos criminales. Además, desfavorece el funcionamiento de las políticas públicas: dado que es difícil estimar el trabajo informal, es difícil también contar con una foto precisa de la realidad, situación que complica la planeación y la ejecución de dichas políticas.
¿Qué hacer, entonces, ante el trabajo informal? Parece tautología, pero la respuesta es: crear empleos formales de larga duración que cuenten con prestaciones acordes a la legislación correspondiente, productivos y bien remunerados. Lo que queremos decir es que la solución no radica nada más en formalizar lo que ahora es informal. Por ejemplo, quien vende globos en el parque no elevará su productividad y sus ingresos solo porque se lo incorpore al IMSS. De la misma forma, las condiciones laborales de los trabajadores domésticos (horas trabajadas, días de descanso, etcétera) no mejorarán dramática y necesariamente por contar con seguridad social.
No argumentamos que no sería de utilidad que los mexicanos ocupados contaran con algún tipo de seguridad social; lo que resaltamos es que, si únicamente hacemos eso (ya lo hacemos, en cierta medida, vía el Seguro Popular, pero se podría hacer también, por ejemplo, si el Gobierno subsidiara las contribuciones al IMSS de todo vendedor ambulante), trasladaríamos del sector informal al formal a quienes están en el primero, sí, pero muchos de los problemas asociados a la informalidad prevalecerían. Estos solo se minimizarán si se crean empleos formales, lo cual ocurrirá cuando las empresas —mexicanas y extranjeras— vean en México condiciones propicias para la inversión, la producción y el comercio, incluso si, al instalarse aquí, encaran costos mayores —impuestos, legislación ambiental y laboral, cuotas a la seguridad social— de los que enfrentarían en otros países.
Para que eso se materialice, hay que incrementar nuestra productividad. A su vez, esto demanda mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, así como la correspondiente a nuestras infraestructuras física y legal, elevar nuestros niveles de seguridad pública, minimizar la corrupción, agilizar los requisitos para poner en marcha una empresa, acabar con la discriminación, capacitar continuamente a quienes ya cuentan con un empleo, encontrar mecanismos para que todo empresario acceda a crédito rápido y barato, así como refinar los métodos gerenciales y de organización del trabajo con los que operamos hoy en día.
Todo lo anterior tomará tiempo. Mientras tanto, el trabajo informal será inevitable: ¿qué otra opción tienen quienes no encuentran empleo formal porque este es escaso? No condenemos, pues, siempre y sin consideración alguna, las actividades informales. Algunas de ellas, como las criminales, están fuera de lugar, obviamente. Pero otras, quizá la mayoría, dadas las circunstancias de México y las necesidades de alimentación, vivienda y demás satisfactores de las familias mexicanas, son tan útiles como indispensables. No se trata, de manera alguna, de idealizar el trabajo informal, sino de entenderlo en su justa dimensión. Por un lado, perjudica al país; por otro, sin él, este tal vez reventaría. Se trata, en buena medida, de un mal necesario.
Construyamos, entonces, el México que requerimos. Esforcémonos también para que, al tiempo que hacemos lo anterior, las consecuencias negativas del trabajo informal sean minimizadas. Pero no perdamos de vista que, a final de cuentas, la solución a la informalidad es de largo plazo e implica transformar el país a fondo, lo que exige un esfuerzo importante por parte de todos y cada uno de nosotros: entre más pronto empecemos, mejor.
Andrews, D. et ál., “Towards a Better Understanding of the Informal Economy”, OECD Economics Department Working Papers, núm. 873, OCDE, París, 2011.
INEGI, “Empleo informal en México,” Boletín de prensa número 449/12, Aguascalientes, 11 de diciembre de 2012.
Martínez, M., “Sufre AL informalidad endémica, alerta OIT,” en El Economista, 6 de marzo de 2013, <http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/03/06/empleo-informal-tardara-55-anos-reducirse-mitad-oit>.
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ARMANDO ROMÁN ZOZAYA es maestro en Estudios de Desarrollo por la Universidad de Oxford y doctor en Integración Económica y Monetaria de Europa por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor en la Universidad Anáhuac, publica una columna semanal en Excélsior.
