La nueva Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) es un hecho tan plausible como comunicativo. Es plausible porque constituye una medida seria, bien intencionada y bien hecha para abordar uno de los problemas más serios que aquejan a México. Es comunicativo tanto en fondo como en forma. En cuanto al fondo, su contenido puede resumirse en tres cuestiones: mantener, corregir y mejorar. Mantiene lo bueno de la ley anterior: los paradigmas internacionales más aceptados sobre esta (compleja e importante) materia; corrige las deficiencias de la ley anterior, y mejora adoptando figuras y medidas diversas, la gran mayoría de ellas positivas.1
Lo anterior es digno de tomarse en cuenta por motivos técnicos y políticos. En lo técnico, se resistió la tentación de acoger teorías incorrectas —algo que se ve con tanta frecuencia en esta materia. En lo político, muchos temíamos que la oportunidad fuera aprovechada por grupos de interés para accidentar el proceso o para incluir candados que interfirieran o entorpecieran la eficacia de la ley. Lo ocurrido fue lo opuesto. La nueva LFCE es una pieza legislativa importante y positiva, un instrumento clave para el desarrollo de México.
El análisis económico de la actividad política enseña que el desempeño del puesto de legislador está plagado de lo que los economistas llaman problemas “agente-principal”: cuando una persona utiliza un valor confiado (puesto, poder, recursos) más en su beneficio que en el de las personas que se lo confiaron (incluyendo el propósito para el cual se lo confiaron). Existe la percepción generalizada de la ciudadanía de que los miembros del Congreso mexicano, durante mucho tiempo, han hecho uso incorrecto de los recursos que se les confían. La apreciación incluye tanto recursos financieros como la votación de una ley. Dado el perfil de esta nota, me concentro en el segundo elemento: votan con fines partidistas o para proteger intereses (distintos a los de sus representados); es decir, se percibe que el legislador no tiene en mente a sus representados cuando decide cómo votar. Tiene en mente lo que le conviene a él o ella (sea en lo personal o como miembro de su partido).2 Los ejemplos son muchos. Uno reciente y grave es la ley de acciones colectivas, la cual desembocó en un régimen inservible justamente por la incidencia de factores reales de poder.
La LFCE es una amenaza para las prácticas de negocio que buscan enquistar más que dar valor, zanjar más que crear. Algo visto por doquier en el “capitalismo de cuates” tan atrincherado en México y que tanto aletarga nuestro progreso y desarrollo económico. El que con dicho trasfondo se emitiera esta LFCE es digno de notarse, reconocerse y aplaudirse.
Ahora, la bola está en la cancha del regulador y del poder judicial. El primero, para hacer uso ponderado, prudente y asertivo del arsenal que se le ha confiado. El segundo, para encontrar el justo medio entre la necesidad de que no haya abusos, por un lado, y la necesidad de no dilatar ni entorpecer los procesos, por el otro.
1Para ser francos, hay medidas que lamentablemente se dejaron de tomar (no obstante que algunos insistimos en ello) y otras que generan dudas porque otorgan un poder enorme a la Comisión Federal de Competencia Económica. Sin embargo, así es la democracia. Lo que hay que juzgar es el paquete final en su totalidad. Y visto así, es claro que el resultado es más positivo que negativo.
2Como muestra de ello, recuento una experiencia personal. He enviado cartas a mi diputado llamando su atención sobre temas importantes que conciernen a su función. Hasta la fecha, ni siquiera me ha mandado un acuse de recibo. Ello viola no solo el derecho de petición (artículo 8 de la Constitución) sino la misión misma del diputado, que es la de representar al pueblo.
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FRANCISCO GONZÁLEZ DE COSSÍO es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestro y doctor en Análisis Económico del Derecho por la Universidad de Chicago. Tiene un grado de negocios y finanzas por la Universidad de Harvard.
