¿En qué medida nuestro comportamiento se ve afectado por la percepción que tenemos de nuestros gobernantes? En opinión del autor, las prácticas colectivas de corrupción se deben en parte a la pobre imagen que hay de los servidores públicos.
Sobornar es buscar un trato preferencial por parte de los funcionarios públicos. Esta y otras formas de corrupción socavan el apoyo ciudadano al Estado de derecho y a la democracia y distorsionan el desarrollo económico. No obstante, una proporción no menor de la ciudadanía en los países de América cree que pagar un soborno se justifica.
En la encuesta de 2012 del Barómetro de las Américas, administrada por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Vanderbilt, se pidió a 39 mil 380 entrevistados de 25 países que contestaran “sí” o “no” a la pregunta: “¿Cree que como están las cosas a veces se justifica pagar una mordida (o soborno)?”.
En la mayoría de los países, menos de uno de cada seis entrevistados respondió que sí. Sin embargo, el rango se extiende desde un mínimo de 4.9% en Guatemala a un máximo de 53.9% en Haití. En seis países —Guyana, Trinidad y Tobago, México, Colombia, Jamaica y Ecuador— al menos un 20% justifica pagar un soborno. ¿Por qué existe tanta variación?
El Estado de derecho se basa en el principio de la igualdad jurídica —que nadie está por encima de la ley. Este principio está más firmemente arraigado en algunas partes de América que en otras. El resultado es que hay distintas normas con respecto a la ley. Mi tesis es que la diferencia observada en la justificación de los sobornos se debe a las diferentes normas locales de obediencia, desobediencia y aplicación de la ley.
Las normas permiten que uno se forme expectativas confiables sobre la conducta de otros. La actitud hacia los sobornos está influenciada por el Estado de derecho. Donde obedecer la ley es la norma y desobedecerla es una aberración, es más probable que los ciudadanos rechacen los sobornos. Por el contrario, donde desobedecer la ley es normal, es más probable que pagar un soborno sea visto como algo a favor del propio interés.
Las normas sociales también se relacionan con la percepción que se tiene de las élites y de los actores estatales que son necesarios para el cumplimiento de la ley. Es más difícil rechazar un soborno si uno percibe que las élites funcionan con impunidad. Por el contrario, si rinden cuentas por escándalos, entonces los ciudadanos interiorizarán las normas de sujeción a las leyes. Y si uno ve que Poder Judicial y la policía son corruptos, rechazar un acto corrupto se vuelve más difícil. Pero si esas instituciones son vistas como incorruptibles, el individuo ajusta sus expectativas y actúa en consecuencia.
Justificación de los sobornos en América
Las normas locales de (des)obediencia, ¿están relacionadas con la justificación del pago de sobornos? Analicemos los patrones a partir del Barómetro de las Américas y los índices sobre Estado de derecho del Proyecto Mundial de Justicia.
La Gráfica 1 muestra el porcentaje de encuestados en cada país que dice que pagar sobornos a veces se justifica (eje y) versus la corrupción en la aplicación de la ley en policías y ejércitos (eje x). La pendiente negativa de la recta de regresión sugiere que la ausencia de corrupción legal se corresponde directamente con un rechazo frontal al soborno.
En la Gráfica 2 se observa una relación aún más estrecha entre las tasas de justificación de los sobornos (eje y) y la igualdad en justicia civil según la medición del Proyecto Mundial de Justicia (eje x). La línea de regresión sugiere que cuando los tribunales no discriminan a favor de ciertos grupos y en contra de otros, los ciudadanos no suelen justificar el soborno ocasional.
Estos hallazgos indican que la gente justifica más el pago de sobornos cuando la corrupción es rampante y no se garantiza un tratamiento igualitario en el sistema de justicia.
El Estado de derecho ayuda a explicar por qué la justificación de los sobornos es mayor en algunas partes de América que en otras. Pero, ¿explica por qué algunos ciudadanos justifican los sobornos y otros los rechazan?
Un análisis hecho a partir de datos individuales revela que la probabilidad de justificar los sobornos aumenta entre quienes perciben que la corrupción está extendida: aquellos a quienes se ha solicitado el pago de un soborno y los que creen que la policía está involucrada en actos de delincuencia. Por el contrario, los ciudadanos que tienen confianza en el sistema de justicia y confían en que se castiga a quien viola la ley tienen una mayor probabilidad de rechazar los sobornos.
El factor de más peso es la solicitud de pago de un soborno: incrementa en 18% la probabilidad de justificar un soborno. Esto puede deberse a una racionalización por parte de aquellos que tuvieron tal comportamiento; puede que tengan mayores motivos para considerarlo como algo aceptable.
Concluyo que la justificación del soborno se relaciona con las expectativas de los ciudadanos respecto de las conductas corruptas de los actores estatales. Estas expectativas son moldeadas por las normas de respeto a la ley, que varían según los niveles de Estado de derecho en el hemisferio.
La corrupción se autoperpetúa: si el Estado de derecho es tan débil que los actores estatales son lo suficientemente descarados para solicitar sobornos y los ciudadanos con intereses propios sienten que su pago está justificado, la oferta y la demanda de sobornos se juntarán para formar fuertes normas de comportamiento social.
Por lo tanto, no debemos esperar que las normas contra el soborno o la lucha contra la corrupción vayan a ser una consecuencia automática de los procesos de democratización o modernización. Será necesario que los actores estatales cambien su comportamiento y, de este modo, reconfiguren las expectativas de los ciudadanos sobre ellos. Mientras tanto, muchos ciudadanos seguirán viendo el pago de sobornos ocasionales como algo que los favorece y actuarán en consecuencia.
Para lograr cambios drásticos en este tipo de comportamientos se requieren nuevos incentivos institucionales, tanto positivos como negativos. En las dos últimas décadas, gobiernos, agencias de desarrollo y organizaciones no gubernamentales han hecho grandes inversiones en campañas de lucha contra la corrupción, revisiones al sistema de justicia y reformas de seguridad. Según este informe, tales reformas son esenciales para iniciar un ciclo virtuoso de sujeción a las leyes que genere normas anticorrupción que, con el tiempo, conviertan a los sobornos en algo impensable en América.
1Este análisis está basado en un reporte de la serie Perspectivas publicado por LAPOP en 2013, <http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/IO888es.pdf>.
2Para más información, ver <http://www.vanderbilt.edu/lapop/>.
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RYAN E. CARLIN es académico en Georgia State University e investigador afiliado del Proyecto de Opinión Pública de América Latina en la Universidad de Vanderbilt.
