Enmarcado entre la declaración de guerra al crimen organizado y la percepción de la sociedad civil respecto a la grave crisis de inseguridad por la que atraviesa el país, este ensayo analiza el papel crucial del ejército en esta lucha y plantea algunas hipótesis de cara a las elecciones por venir.
En México, la consolidación de la transición a la democracia está impedida por los poderes tradicionales del siglo XX y los emergentes del siglo XXI. Hoy por hoy, el poder del narcotráfico es el principal obstáculo para la evolución del país. Desde fines de los años noventa del siglo pasado, los sindicatos criminales ya eran una amenaza a la transición democrática,1 debido a que los cárteles de la droga fueron acumulando un gran poder económico, al transformarse de intermediarios de los colombianos en dueños del negocio por la posición geográfica del país.2 El narcotráfico en México era tolerado por ambos gobiernos: el de Estados Unidos y el mexicano. Era un quehacer ilegal pero activo y se realizaba sin obstáculos reales desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
A principios del siglo XXI cambia el parámetro y los narcotraficantes actúan en un terreno fértil por dos razones: en México hay un Estado que transita hacia la democracia, con una rotación de élites muy rápida, y Estados Unidos se concentró desde el 11 de septiembre de 2001 en la guerra al terrorismo, reduciéndose el nivel de la amenaza del narcotráfico. Los cárteles aprovecharon que la seguridad nacional de Estados Unidos se centraba en el combate al terrorismo y se desarrollaba en otras regiones del planeta, mientras que la demanda de drogas seguía siendo el factor detonante de la actividad, sin que los esfuerzos realizados para reducir la producción fueran exitosos. Es el caso de la producción y exportación de cocaína desde Colombia, que no ha reducido sustancialmente sus volúmenes a pesar de la implementación del Plan Colombia iniciado a fines de 1998.
La estabilidad del gobierno mexicano comenzó a ser amenazada por los cárteles, y la diversidad de ellos fue abriendo territorios y acumulando poder. La violencia entre éstos llevó a que empezara una guerra por mercados y rutas de tránsito hacia Estados Unidos. Entre los años 2001 y 2006, las ejecuciones y homicidios se dieron de la manera expuesta en el Cuadro 1.
En otras palabras, se da un crecimiento lento de la modalidad de realizar asesinatos entre las bandas rivales como medio de competir por los cargamentos de cocaína —proveniente de Colombia—, marihuana y amapola, y recientemente anfetaminas y sus precursores —provenientes de China. Si se compara esta cifra con su aumento durante el gobierno del Presidente Felipe Calderón se da un crecimiento de cinco veces en el nivel de homicidios, como se observa en el Cuadro 2.
Si la tendencia actual continúa, el sexenio del Presidente Calderón culminaría con aproximadamente 50 mil homicidios provocados por la acción del crimen organizado y en menor medida por la reacción del Estado. Por este clima de inseguridad es que podemos establecer la hipótesis de que la guerra entablada entre las siete grandes organizaciones criminales que actualmente hay en México es la principal amenaza a la democracia.
La guerra
En su toma de posesión, el primero de diciembre de 2006, el Presidente Felipe Calderón declara la guerra al narcotráfico. Paralelamente se desencadena un empleo intensivo de las instituciones del Estado propias para tal propósito, sobre todo de la institución militar. Lo que se está cuestionando hoy por hoy en México es la estrategia y el resultado del instrumento empleado para esa guerra. No que se combata al narcotráfico. La mayoría de los analistas sostienen que esta declaración de guerra del gobierno no era necesaria, ya que al enfrentamiento existente entre los cárteles, que había provocado los 8 mil 907 muertos durante los seis años del gobierno de Vicente Fox, se suma la acción del gobierno, que incrementa a su vez la guerra entre los cárteles en una especie de círculo vicioso ⎯que deriva en los casi 40 mil muertos a la fecha en el gobierno actual. Que un gobierno declare una guerra es muy peligroso, porque se corre el riesgo de que no haya victorias rápidas. Cuando los gobiernos latinoamericanos declaran la guerra a la pobreza (y lo han hecho en múltiples ocasiones, tanto a nivel nacional como en foros multilaterales), en muy pocas ocasiones han tenido éxito. Lo mismo sucede con la guerra al narcotráfico. El problema de que el Presidente Calderón declarara la guerra es que necesariamente debe emplear a la fuerza del Estado apropiada para enfrentarla, o sea las fuerzas armadas, lo que deriva en un fenómeno de fortalecimiento de ellas en el aparato del Estado, o en una militarización, sobre todo en los llamados frentes de guerra, que son los estados donde se observa esta violencia homicida, encabezando la estadística Chihuahua, y en particular Ciudad Juárez.
Otra característica de esta guerra es su naturaleza transnacional. El narcotráfico colombiano abrió un corredor criminal, y con ello una zona de inseguridad entre Colombia y el sur de Estados Unidos. Esta guerra, en el caso de los países de Centroamérica y México, amenaza los frágiles sistemas democráticos de gobierno de forma notable, debido a que provoca gran corrupción gubernamental —descomponiendo al Estado— y un nuevo proceso de militarización.3 En Estados Unidos se ha definido a estos conflictos como “guerras criminales”, e implican que su naturaleza es muy diferente a las guerras contra el terrorismo.4 Las guerras criminales no son ideológicas ni buscan destruir la civilización occidental ni la economía de mercado, por el contrario, los grupos criminales internacionales se basan en las estructuras de la democracia y la globalización y su objetivo es la acumulación de poder económico y político. Las guerras del narcotráfico en América Latina serían la versión más desarrollada de las guerras criminales, por el poder acumulado de los sindicatos colombianos en los años noventa del siglo xx (los cárteles de Medellín y Cali) y de los mexicanos en el siglo XXI. Hoy en día la agrupación criminal más poderosa es el cártel del Pacífico, encabezado por Joaquín Guzmán, El Chapo.
Según el vocero del gobierno de México, Alejandro Poiré, la guerra entre los cárteles del narcotráfico se concentra en 162 municipios del país (de un total de casi 2 mil 400), y en todos los conflictos está involucrado el cártel del Pacífico. La información señala que 80% de los más de 28 mil muertos (hacia fines de agosto de 2010) corresponde a siete conflictos entre los cárteles de la droga. Los siete conflictos entre cárteles son los siguientes: (1) Pacífico vs. Juárez, (2) Pacífico vs. Beltrán Leyva, (3) Pacífico vs. Golfo-Zetas, (4) Pacífico vs. Arellano Félix, (5) Familia vs. Golfo y Zetas, (6) Familia vs. Beltrán, (7) Golfo vs. Zetas.5 De esta guerra, entre mil y dos mil homicidios se han dado contra víctimas inocentes, sea en enfrentamientos entre los cárteles o cuando el gobierno realiza algún operativo. Las ofensivas del gobierno y las represalias de los cárteles se han dado contra entre 500 y mil funcionarios gubernamentales, la mitad de ellos militares. De esta forma, aunque 95% de los homicidios son entre criminales, el impacto entre los inocentes es elevado y es el que afecta más al gobierno en el nivel político. De aquí se desprende la afirmación de que es una “guerra fracasada” y que tiende a aumentar las violaciones a los derechos humanos.
Las críticas a la guerra
Las opiniones están polarizadas. Hay quienes postulan que el Estado no puede ante el poder de los grandes cárteles y que las instituciones han sido penetradas, ante lo cual habría que dar un giro total de la estrategia.6 A la par, se deberían implementar cambios a la ley que tiendan a la legalización del consumo de algunas drogas ligeras como la marihuana, y no considerar delincuentes a los consumidores.7 En otro extremo, el propio gobierno impulsa la “mano dura” a través de las fuerzas armadas y la policía federal, elabora diagnósticos que señalan que el aumento de la violencia es pasajero: se llegará a un pico y el desmembramiento de los grandes cárteles poco a poco redundará en mayor seguridad, disminución de las tasas de violencia y recuperación de las capacidades de gobernabilidad.8 En realidad ningún diagnóstico ha sido lo suficientemente contundente para saber si se está ganando o perdiendo la guerra, pues claramente el debate no ha pasado a un escalón analítico superior y se centra sólo en el factor de la violencia homicida entre los cárteles como elemento de medición. El propio Presidente Calderón, a mediados de 2010, en un cambio radical de su discurso (no en la implementación de las estrategias del gobierno), señala que el combate a los cárteles es para lograr la seguridad pública.9 Este cambio de timón discursivo se debió a la presión de la opinión pública nacional e incluso internacional.
El gobierno mexicano, por una herencia autoritaria que ha seguido intacta durante las administraciones del Partido Acción Nacional, no colabora con la sociedad civil ni con la academia y la prensa, pues la información que se autoriza para el debate público es contradictoria, limitada y su manejo está frecuentemente amparado en las cláusulas de seguridad nacional a fin de no informar.10 Los mexicanos se enteran de lo que ocurre a través de “filtraciones” de documentos que hacen los propios funcionarios —muchas veces deliberadamente autorizadas por sus superiores—; de seguimientos de los medios de comunicación —por ejemplo, el conteo de ejecuciones que realizan cuatro periódicos con gran detalle y mérito—, y de la información publicada en el extranjero, principalmente en Estados Unidos (esto es lo más grave, porque es la que tiene mayor credibilidad). Eso ha sucedido con la Iniciativa Mérida, donde la información proviene de la parte estadounidense principalmente. Existen también rivalidades y competencias interinstitucionales. No hay una centralización de la información sobre el narcotráfico, los cárteles y en general la seguridad nacional, lo que da pie a grandes confusiones, además de que también en muchas ocasiones la prensa compite por enfatizar las notas rojas y se hace aparecer al país como Estado incapaz o fracasado.
En los Diálogos por la Seguridad, el 3 de agosto de 2010, el sector académico demandó al Presidente Felipe Calderón que el gobierno mantuviera informada de forma frecuente y coherente a la sociedad civil sobre el resultado de esta guerra. Los académicos presentes mostraron pruebas sobre las grandes contradicciones informativas y estadísticas que publicaban las distintas instituciones del gobierno, debido a la falta de centralización, donde seis dependencias del gobierno federal proporcionaban cada cual su información, y ésta no tenía correspondencia con las otras fuentes oficiales, y menos aun con la proporcionada por la prensa o fuentes estadounidenses.
Prohibición vs. legalización
Los debates insoslayables que se desprenden acerca de si es adecuada la estrategia de enfrentamiento frontal del Presidente Calderón son los siguientes: ¿Mano dura vis à vis liberalización?, ¿se gana o se pierde empleando a las fuerzas armadas?, ¿la asistencia extranjera ayudará a ganar la guerra?
Es evidente que se necesita mostrar la fuerza del Estado ante el crimen organizado, pero también es notable cómo sobresale el factor militar y policiaco en la estrategia. No se toma en cuenta la acción de las instituciones gubernamentales dedicadas al desarrollo social, al impulso de la cohesión social, la educación, la salud, los deportes, la infraestructura, etcétera. Además, cada vez es más cuestionable el rol del sistema de impartición de justicia, su ineficiencia y su corrupción, que favorece notablemente a los cárteles de la droga. El equilibrio entre estas variables y estas preguntas aún no está resuelto. Además, el factor externo es crucial, pues pensar que sólo entre México y Estados Unidos se puede enfrentar con éxito a las agrupaciones criminales es un error. La guerra es multinacional y transterritorial; por ello, lo que suceda en Colombia, Centroamérica y el Caribe también es definitivo. La Iniciativa Mérida reconoce la transnacionalidad del problema, es cierto, pero en México el ensimismamiento y el desconocimiento de nuestro entorno son innegables, a pesar de que se han iniciado programas y acciones de cooperación con prácticamente todos los vecinos del país en América Central y la cuenca del Caribe. México tiene una historia y una doctrina de soberanía y no intervención en conflictos externos que impulsa la idea de que con los recursos propios se puede ganar la guerra al narco, sin tomar en cuenta las variables externas y, por ende, la necesaria cooperación internacional.
Respecto de los medios de comunicación y la sociedad civil hay un refrán que dice: “No hay guerra que no se gane sin el respaldo de la población”. Esta máxima de la sabiduría popular es un mandato cuando de ciencia militar se trata. La población de México está aún asolada por el impacto mediático de la violencia. Con frecuencia, el gobierno califica a los medios de irresponsables por ser amarillistas, por buscar sólo la nota roja, o engrandecer el fenómeno del narcotráfico. La cobertura de los medios extranjeros también se encuadra en esta definición. Analizar cómo los medios abordan el problema es un gran desafío. Sin embargo, es por el impulso mediático y la creación de una imagen de terror que trasmiten los medios sobre la acción de los cárteles que muchos segmentos de la población respaldan al Presidente en la aplicación de la estrategia de mano dura.
Opinión pública y sociedad civil
En México se da una distancia notable entre la llamada opinión pública, medida a través de encuestas a población abierta, y la opinión tanto de la sociedad civil como de la academia, respecto a la estrategia del Presidente Calderón. La sociedad civil está organizada en (1) movimientos de víctimas, (2) organizaciones no gubernamentales, (3) la academia, (4) los empresarios y (5) la opinión general en los medios de comunicación. La opinión de estos segmentos de la población es extremadamente crítica del gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, debido a que el Presidente cuenta con una opinión favorable entre la población sobre la gestión de su gobierno no se vislumbra un cambio en la estrategia implementada, a pesar de las críticas. De igual forma, ante la cercanía del proceso electoral de 2012, ninguno de los aspirantes a la presidencia con posibilidades de participar de forma importante en la carrera ha elaborado una opción alternativa al combate al narcotráfico, ni ha criticado los instrumentos principales empleados por el Presidente Calderón, como son las fuerzas armadas. Por ello, se observa un respaldo de la población similar al que tuvo el Presidente Álvaro Uribe de Colombia, cuando finalizó su gobierno.
Las cifras que se presentan a continuación, que respaldan la hipótesis del apoyo de la población al Presidente Calderón, se desprenden de la encuesta “Efectos de la violencia asociada al narcotráfico en los comportamientos sociales y políticos de la ciudadanía”.11 La encuesta muestra que el Presidente Felipe Calderón es respaldado por 58% por la población y desaprobado por 30%. Además, a favor de la estrategia del Presidente, el ejército es bien visto por 72% y la marina por 69% de los encuestados. Por otra parte, la Policía Federal tiene el respaldo de 51% de los encuestados, siendo rechazada por 35%. Otras instituciones del Estado, como los diputados, senadores, la Suprema Corte de Justicia, los gobernadores y las policías estatales tienen una aprobación inferior. En el rubro de expectativas de la situación económica del país para los próximos 12 meses, es sorprendente que 29% de la población sostiene que mejorarán las condiciones del país, 27% que seguirá igual, y 38% que empeorará. Otra pregunta, asociada a las opiniones personales del Presidente referidas a la legalización de la marihuana, coincidentes con la opinión pública, es que 76% de los encuestados señaló que estaba en contra de la legalización, frente a 22% a favor.
La encuesta levantó, asimismo, preguntas referidas a la opinión de la población sobre la continuidad de la guerra al narcotráfico: 67% se mostró favorable a que “el próximo presidente de México deberá seguir con la guerra contra el narcotráfico”, y 27% se mostró en contra, al opinar que “el siguiente presidente de México deberá negociar o pactar con los cárteles”. Sin embargo —lo que es muy importante para los cuestionamientos que se realizan al gobierno y los cuerpos de seguridad sobre las tácticas empleadas en la guerra al narcotráfico—, sólo 28% de los encuestados señaló que es necesario perder algunas libertades y derechos para emprender la guerra al narcotráfico, mientras que 69% sostuvo que se deben preservar las libertades y derechos, aunque se dificulte la guerra al narcotráfico. Sobre este mismo aspecto, destaca en la encuesta la sensibilidad de la población sobre los derechos humanos, pues 86% de los encuestados señaló que el gobierno debe respetar los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los sospechosos de ser narcotraficantes; por el contrario, sólo 12% justifica que el gobierno recurra al maltrato físico para extraer información de personas sospechosas de ser narcotraficantes.
El factor externo, medido en la opinión pública, mantiene la tradicional opinión nacionalista de los mexicanos. La encuesta preguntó si el ejército mexicano es capaz por sí mismo de controlar al narcotráfico; la respuesta afirmativa fue de 67%, mientras que 27% señaló que el ejército de Estados Unidos debería venir a ayudar al mexicano a combatir al narcotráfico.
Los datos anteriores revelan, por un lado, que la población acepta a las fuerzas armadas y que la imagen presidencial no ha disminuido sustancialmente, a pesar de que la población opina que se deben resguardar las libertades. Por otro lado, se revela que un importante segmento de la sociedad civil, como los académicos ⎯cuya máxima expresión es el documento elaborado por la unam convocando a un Pacto Nacional⎯;12 los líderes de movimientos sociales y de víctimas; y opiniones de élites políticas, empresariales y eclesiásticas, no concuerdan con la estrategia presidencial, debido al incremento de la violencia y a los agravios contra los derechos humanos cometidos en los operativos de las fuerzas policiacas y militares.
Conclusiones
El debate en México acerca de la seguridad nacional se define así: ¿Se gana o se pierde la guerra al narcotráfico? Sostener que México es un Estado fallido, o que está en esa dirección, es una falacia. Otro error de interpretación es que el Presidente no tiene respaldo popular en la implementación de esta estrategia. Estas hipótesis, ligadas a los análisis que afirman que se desarrolla una insurgencia criminal y que ésta es algo superior al crimen organizado, carecen de sustento, pues a pesar del incremento de la violencia y de muchas debilidades de las instituciones de seguridad del Estado mexicano, éste tiene capacidades para hacer frente a los desafíos que plantean los sindicatos criminales.13
Sin embargo hay ciudades, así como estados del país, donde sí se podría sustentar la hipótesis del Estado débil o fracasado. Es el caso de Chihuahua (frontera con Texas), particularmente en Ciudad Juárez; Tamaulipas, sobre todo en las ciudades de Reynosa y Matamoros; Sinaloa, principalmente en la ciudad de Culiacán; y también Michocán, por la violencia empleada por el cártel llamado La Familia Michoacana.
En este escenario, la transición a la democracia en México está en peligro, tanto a causa de las fuerzas conservadoras que no desean profundizarla como por la acción de los cárteles criminales. La convivencia de gran cantidad de poderes fácticos tradicionales incubados durante el siglo xx, como los grandes monopolios empresariales, sindicales, corporativos, políticos; las prácticas de corrupción como forma de gobierno; la ausencia real de reformas profundas al sistema de seguridad nacional, por ejemplo el mantenimiento de estructuras de defensa separadas y la ausencia de civiles, están siendo desafiados por los poderes fácticos del siglo xxi, tales como las agrupaciones criminales. Estos factores ponen en peligro la transición, y en este panorama hay muchas posibilidades de que incluso se pueda dar Vuelta en U, en un retorno al pasado. Esta hipótesis la ha desarrollado el analista político Sergio Aguayo, señalando cómo gran cantidad de contrarreformas legales operan en sentido contrario a la pluralidad, la transparencia informativa, las elecciones libres sin presión de grupos de poder, etcétera, y cómo se han debilitado las agrupaciones de la sociedad civil.14
Otra variable fundamental son los derechos humanos. Aunque la población respalda al Presidente, no quiere que se vulneren sus garantías. Tanto en el enfrentamiento entre los cárteles como en las acciones de las fuerzas armadas y las policías, están siendo perjudicados civiles inocentes. La guerra al narcotráfico está provocando una crisis de derechos humanos en México, lo que añade una variable a la forma como se debilita la democracia.
En síntesis, esta grave crisis de seguridad debilita a la democracia, alimenta la corrupción gubernamental, afecta a los partidos políticos y, lo más grave, daña a la ciudadanía no involucrada.
1 John Bailey y Roy Godson (editores), Crimen organizado y gobernabilidad democrática. México y la franja fronteriza, Grijalbo, México, 2000.
2 Bruce Bagley, “La conexión Colombia-México-Estados Unidos” en Raúl Benítez Manaut, Abelardo Rodríguez y Armando Rodríguez (editores), Atlas de la seguridad y la defensa de México 2009, casede, México, 2009, p. 24.
3 Vanda Felbab-Brown, “Narcotics Interna- tional, Inc.” en Americas Quarterly, Spring 2010, p. 42.
4 Bob Killebrew y Jennifer Bernal, Crime Wars. Gangs, Cartels and U.S. National Security, Center for a New American Security, Washington, 2010.
5 “80% de las ejecuciones ocurrieron en 162 municipios”, El Universal, México, 27 de agosto de 2010.
6 Rubén Aguilar y Jorge G. Castañeda, El Narco: la guerra fallida, Santillana, México, 2009.
7 Héctor Aguilar Camín, ponencia en los “Diálogos por la Seguridad”, México, Pre-sidencia de la República, 3 de agosto de 2010.
8 Joaquín Villalobos, “Doce mitos de la guerra contra el Narco”, www.nexos.com, 1 de enero de 2010.
9 Felipe Calderón, “La lucha por la seguridad pública”, junio de 2010, ver en: www.presidencia.gob.mx/prensa/lucha_seguridad_publica/
10 La Ley de Seguridad Nacional emitida en 2005 contiene una cláusula de “Seguridad Nacional” mediante la cual las instituciones del gobierno pueden negarse a otorgar información a la ciudadanía, la prensa o la academia. En los hechos, esta cláusula nulifica los avances logrados en la Ley de Acceso a la Información de 2002, en temas concernientes a seguridad nacional y defensa.
11 Encuesta elaborada por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, el Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional del ipade y la empresa encuestadora simo, entre el 10 de mayo y el 9 de junio de 2011, con una muestra de 7 mil 416 entrevistas. Esta encuesta contó con el respaldo de la Agencia para el Desarrollo Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos.
12 “Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia”, unam, México, agosto de 2011.
13 Ver análisis con estos enfoques en: Sylvia M. Longmire y John P. Longmire, “Redefining terrorism: Why Mexican Drog trafficking is More than Just Organized Crime” en Journal of Strategic Security, Vol. 1, No. 1, November 1, 2008; John P. Sullivan y Adam Elkus, “Cartel v. Cartel: Mexico’s Criminal Insurgency” en Small Wars Journal, 2009, www.smallwarsjournal.com; Max G. Manwaring, “A ‘New’ Dynamic in the Western Hemisphere Security Environment: the Mexican Zetas and Other Private Armies”, September 2009, http://www.StrategicStudiesInstitute.army.mil/
14 Sergio Aguayo Quezada, Vuelta en U. Guía para entender y reactivar la democracia estancada, Taurus, México, 2010.
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RAÚL BENÍTEZ MANAUT es Investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM y Presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, a.c. (www.seguridadcondemocracia.org).
Quisiera saber si tiene información sobre el imparto de esta «guerra contra el narco» en las elecciones del país. Es decir, cómo le afectó al PAN o al resto de los partidos llevar a cabo esta campaña.
Gracias