¿Existe un punto de encuentro entre quienes argumentan a favor de un derecho común a todos los miembros del Estado y quienes defienden las autonomías bajo la tesis de que aquel derecho es una imposición de la cultura dominante en turno? La respuesta puede estar en el sur de México.
Una discusión inacabada
Sin duda, una de las discusiones políticas más intensas de nuestro tiempo es la que han escenificado el liberalismo y el multiculturalismo. Por una parte, están los argumentos de autores clásicos como Montesquieu, Locke y Kant, y por otra, los de Herder, Fichte y Schelling. Antagonismo que se vino a reproducir en nuestro tiempo en autores defensores de la Ilustración como Jürgen Habermas y Brian Barry, en contraposición a escritores críticos de la modernidad como Charles Taylor y Will Kymlicka.1
Se han escrito ríos de tinta sobre esta polémica, pero ¿cuál es la sustancia del asunto? A mi parecer, es la siguiente. El liberalismo sostiene que el hombre tiene derechos anteriores a la creación del Estado. En consecuencia, una vez que se funda por contrato el cuerpo político (Locke y Kant), esos derechos deben ser protegidos por la autoridad pública. Es más, la república nace para garantizar las libertades individuales de todas las personas que tienen una determinada adscripción nacional, independientemente de la raza, religión, estatus social, nivel educativo, ubicación geográfica y nivel de ingresos.
Las constituciones liberal-democráticas, derivadas del pensamiento de los autores señalados, en efecto, aseguran derechos iguales, formalmente, para los sujetos pertenecientes a una cierta nacionalidad.
Por su parte, el multiculturalismo rechaza estos postulados señalando que son abstracciones cuyo cumplimiento real es muy dudoso. Jamás tuvo lugar en la historia un “pacto social” que nivelara a todos los ciudadanos y habitantes de un país en una sola estructura normativa. Para los multiculturalistas, el Estado constitucional es una ficción producto de la cultura dominante que, a lo largo del tiempo, se ha impuesto sobre otras culturas, así sojuzgadas. En nuestro caso, la cultura occidental ha oprimido a las culturas indígenas. Por ello, a diferencia de las tesis del liberalismo que reivindica los derechos individuales, el multiculturalismo enarbola los derechos colectivos, o sea, los derechos de los pueblos originarios a gobernarse según sus usos y costumbres.
En esta misma tesitura, el multiculturalismo rechaza la igualdad abstracta plasmada en las leyes de la república; abraza, en cambio, las verdaderas diferencias étnicas. Sus banderas son el autogobierno, la autonomía y los llamados “derechos culturales”, vale decir: los derechos a ser diferentes y preservar las tradiciones heredadas.2 Se trata, a mi entender, de una reedición de la añeja lucha entre el individualismo y el comunitarismo.
Obviamente, la aplicación de estas tesis varía enormemente de país a país. Una cosa es la reivindicación de los derechos de la comunidad francófona de Canadá, ubicada sobre todo en la provincia de Quebec, y otra cosa es la lucha por la autonomía llevada a cabo por los vascos en España y Francia.
En México, como se sabe, las ideas del multiculturalismo fueron asumidas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Con base en esas tesis se crearon los municipios autónomos, que se han mantenido en una especie de largo impasse, toda vez que no se han podido cumplir los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados el 16 de febrero de 1996 entre representantes del gobierno mexicano y delegados del EZLN. Cabe señalar que la revista Este País ha tomado parte activa en esta discusión entre el liberalismo y el multiculturalismo en México, con especial referencia al levantamiento y las reivindicaciones zapatistas.
Sobra decir que, a nivel tanto nacional como internacional, el punto de atracción para México en materia de reivindicaciones culturales e indígenas es, precisamente, lo que ha sucedido desde aquel 1 de enero de 1994 en el que salió a la luz la lucha del EZLN.
Una alternativa original
No obstante, desde otro mirador, Oaxaca ha creado su propio modelo para tratar el asunto de las culturas indígenas que, a mi parecer, concilia el liberalismo con el multiculturalismo, cosa que se puede lograr con tal de que las posiciones no sean irreductibles.
¿Cómo le hicieron?
Los oaxaqueños se pusieron a discutir de manera incluyente. En efecto, a las pláticas concurrieron diversos sectores de la política, de la sociedad civil oaxaqueña y de las comunidades culturales, en concreto. Esto es, debatieron en torno a la posibilidad de establecer una ley que le diera sentido y contenido a lo que ya existía: las culturas, las costumbres, los usos y tradiciones. Dicho de otro modo: el reto era darle forma jurídica a la realidad multicultural de Oaxaca. Después de largas reuniones, discusiones, enmiendas y adiciones, el 12 de agosto de 2010 fue aprobada por la LXI Legislatura del Estado la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Oaxaca.
Allí se encuentra lo que podríamos llamar algunas “peculiaridades normativas”, como la fracción ii del Artículo segundo: “Garantizar a través de un marco jurídico el respeto, protección y fomento de la diversidad cultural del estado, así como el patrimonio cultural de los individuos, comunidades y pueblos”.
Otro punto interesante de esta ley es que vincula a la cultura con el desarrollo económico. Se busca que la preservación de las culturas indígenas cuente con un soporte material que permita la sustentabilidad de esas culturas: la fracción v del Artículo quinto prescribe como responsabilidad del Ejecutivo del estado “establecer mecanismos de vinculación entre cultura y desarrollo sustentable para fomentar el desarrollo económico y social”.
En esta misma norma jurídica se le encomienda a la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca llevar a cabo acciones y programas en relación con los ejes de la política cultural señalados en la propia ley. Esos ejes son los siguientes: salvaguarda del patrimonio cultural; respeto a la diversidad cultural; formación, capacitación, educación e investigación artística y cultural; difusión y divulgación cultural, y desarrollo cultural sustentable.
Los quince pueblos originarios de Oaxaca son estos: Amuzgo, Cuicateco, Chatino, Chinanteco, Chocholteco, Chontal, Huave, Ixcateco, Mazateco, Mixe, Mixteco, Nahua, Triqui, Zapoteco y Zoque, además de la presencia de la comunidad afromexicana.
El estado en el que naciera don Benito Juárez tiene 3.8 millones de habitantes distribuidos de manera desigual en un territorio de 93 mil 793 kilómetros cuadrados. Es la entidad federativa con el mayor número de municipios, 570. De ellos, 418 se rigen por usos y costumbres en tanto que 152 se gobiernan de acuerdo con la estructura partidista que rige en la mayor parte del país. Los municipios oaxaqueños están distribuidos en ocho regiones geoeconómicas y culturales: Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur y Valles Centrales. Luego entonces, el autogobierno en los municipios de Oaxaca es una realidad reconocida en las leyes locales, así como su riqueza y variedad culturales. Es más, se están haciendo leyes, como la que aquí comentamos, que refuerzan esa característica. También están en marcha diversos programas gubernamentales para apuntalar las susodichas culturas e identidades étnicas. Tal es el caso del Programa Sectorial de Cultura 2011-2016, que lleva como subtítulo “Diversidad cultural y patrimonio para el desarrollo”. Por cierto, este programa se presentó recientemente, el 9 de febrero del presente año.
La elaboración de la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Oaxaca y el Programa Sectorial de Cultura, me consta, fue producto de una amplia convocatoria. De hecho, para ambas cosas, existe y funciona con toda formalidad el Consejo de Participación Ciudadana en el que “hay representantes de acuerdo con las diversas disciplinas artísticas, incluyendo expresiones como el graffiti o las nuevas tecnologías. Participan, entre otras, organizaciones como la Fundación Harp Helú; Pro Oaxaca, encabezada por el pintor Francisco Toledo; la Fundación Morales, y Amigos del Museo de los Pintores Oaxaqueños”.3 Por supuesto, no fue fácil poner de acuerdo a corrientes e intereses tan divergentes; pero bueno, allí van caminando las cosas.
Hay, sin embargo, una problemática a la que se debe hacer frente en común. Me refiero a que Oaxaca es uno de los estados más pobres del país: “El estado reporta el lugar 32 en materia de competitividad y de eficacia en aportaciones de insumos para la actividad productiva en mano de obra, energéticos, recursos financieros y bienes de capital. Asimismo, tiene el lugar 30 en el Índice de Sectores Precursores (transporte, telecomunicaciones y financiero), que significa una penetración escasa del sistema financiero y de presencia de la banca comercial”.4
Una de las vías para sacar a Oaxaca del atraso es la estrategia del “desarrollo cultural sustentable” que, por cierto, ya se incluirá en los índices económicos del Estado como indicador y, a la vez, como factor de desarrollo. Que ese estado le saque provecho a su riqueza cultural, como lo hacen muchas localidades del mundo que han sido bendecidas con un patrimonio fuera de lo común.
Algunos autores participantes en la discusión entre el liberalismo y el multiculturalismo han sugerido la conciliación de ambas corrientes mediante la localización de un punto intermedio. Pues bien, Oaxaca es un buen ejemplo.
1 Entre la gran cantidad de libros dedicados a esta polémica, el de Ermanno Vitale me parece especialmente ilustrativo, Liberalismo e multiculturalismo: Una sfida per il pensiero democratico, Bari, Laterza, 2000. Océano publicó una traducción al español.
2 He tratado con más amplitud esta discusión en José Fernández Santillán, El despertar de la sociedad civil, México, Océano, 2003, pp. 279-314.
3 Judith Amador Tello, “La necesidad cultural, base del nuevo proyecto en Oaxaca”, en Proceso, núm. 1840, 5 de febrero de 2012, pp. 66-67.
4 Programa sectorial de cultura 2011-2016: Diversidad cultural y patrimonio para el desarrollo, México, Gobierno de Oaxaca, 2011, p. 20.
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JOSÉ FERNÁNDEZ SANTILLÁN es doctor en filosofía política por la Universidad de Turín y en ciencias políticas por la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es profesor e investigador en el ITESM. Su más reciente libro es Filosofía política de la democracia (Fontamara, México, 2011).
