Crecimiento de la informalidad y del trabajo no asalariado, aumento de la población económicamente activa en el sector de servicios, desempleo… Éstos son algunos de los datos que arroja el Censo de Población y Vivienda más reciente. Dan pie a un balance desalentador.
©iStockphoto/Chuwy
El trabajo es considerado como un derecho humano y uno de los ejes de la integración social, así como una herramienta esencial contra la pobreza. En México, en las últimas décadas, la calidad del empleo no ha aumentado de manera considerable, ni el desempleo ha disminuido sustancialmente. Esta situación ha sido considerada como un desequilibrio estructural del mercado formal del empleo, el que ocurre cuando en la economía se dan bajos niveles de acumulación, de productividad laboral y de crecimiento. El crecimiento del empleo formal en la economía ha estado por debajo de las necesidades de creación de “trabajo decente” tal como lo define la Organización Internacional del Trabajo: ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para los trabajadores y sus familias.
El crecimiento económico de los últimos años, caracterizado por cambios drásticos y acelerados en la estructura económica, ha sido moderado. Entre 1970 y 1981 la economía creció 6.8% y la tasa de desempleo 2.9%. Pero a partir de entonces el escenario cambió: el crecimiento medio cayó a 2.4% y el desempleo aumentó en algunos años hasta 6%. El empleo formal se ha reducido prácticamente en todos los sectores de la economía, lo que se ha traducido en un aumento de la informalidad y en la presencia de importantes retos para el desarrollo regional y del país en general.
Uno de estos grandes cambios fue la apertura comercial, que trajo consigo un crecimiento elevado de la importación de insumos para la producción, lo que ocasionó la destrucción de cadenas productivas y puestos de trabajo que se generaron durante la etapa de sustitución de importaciones. A este efecto negativo sobre el empleo se sumó el originado en la modernización o eliminación de empresas productoras de bienes de consumo final, atribuible a la competencia que ejercen los bienes importados de cualquier parte del mundo, dado que la mexicana es, desde principios de los noventa, una de las economías más abiertas del mundo.
Para ampliar el análisis, remitámonos a la información estadística, específicamente a los censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y a las encuestas de empleo (ene y enoe) del propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) —ya que estas fuentes son consideradas complementarias y se articulan para hacer interpretaciones más precisas que contribuyen al conocimiento de la situación del trabajo. En el caso de la enoe, estamos utilizando información referida a 2009; el levantamiento de la información del último Censo se hizo entre el 31 de mayo y el 25 de junio de 2010 y la información sobre el empleo no habría variado sustantivamente con respecto a lo que recogió la enoe.
Para 2009, la enoe estimó una población económicamente activa (pea) de 45.7 millones de personas y una población ocupada (po) de 43.3 millones de personas. Por su parte, el Censo 2010 registra una pea de 44.7 millones y una po de 42.7 millones, cifras cercanas a las de la enoe; habría que considerar que la definición de pea de esta fuente de información incluye a la población de 14 años y más, mientras que en el Censo, la definición consideró a la población de 12 años y más.
Es interesante observar las diferencias con relación al Censo de 2000 y a los datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ene, previa a la enoe) de ese mismo año. Esta última reportó un total de pea de 39.6 millones y el Censo de 34.2 millones, es decir, la enoe registra un incremento de la población que se incorpora al mercado de trabajo de más de 6 millones de personas y el Censo un incremento de alrededor de 10 millones (ver Cuadro 1).
La población ocupada también registra crecimiento en ambas mediciones. El aumento que registra el Censo 2010 con relación al de 2000 es de aproximadamente nueve millones de personas, mientras que el aumento de esta población entre la ene y la enoe es de alrededor de cinco millones, cifra en la que posiblemente influye el hecho de que la población entre 12 y menos de 14 años de edad no fuera considerada. El aumento de la po registrado por el Censo 2010 con respecto al de 2000 se da principalmente en el sector de servicios, de 53.8% a 60.9%, mientras que en el sector agropecuario y en el sector industrial y de la construcción, la proporción de la población ocupada disminuyó con respecto al año 2000: de 16.1 a 13.4% en el primer caso y de 27.7 a 24.4% en el segundo (ver Cuadro 2).
Ya desde finales de los años ochenta, el sector servicios se transformó en el principal creador de empleos, en particular de puestos asalariados. Si bien este sector abarca actividades de alta productividad que ofrecen puestos bien retribuidos, predominan en él las actividades de baja productividad y condiciones precarias de trabajo. El dinamismo del empleo en las actividades terciarias tiene dos orígenes. Por una parte las inversiones, sobre todo las de capital nacional, tienden a concentrarse en el comercio y los servicios mucho más que en el pasado, debido a que la producción doméstica —agropecuaria e industrial— tiene ahora que competir con productos del exterior. Por otra parte, las estrategias de supervivencia que realizan numerosos sectores de la población mexicana para contrarrestar la caída de los salarios reales y la insuficiente creación de empleos asalariados han dado lugar a un crecimiento inusitado de actividades de pequeña escala y del trabajo no asalariado, sobre todo en el comercio y en determinados servicios, como la preparación de alimentos, actividades de reparación y transporte.
Todavía hoy, el trabajo agropecuario es una de las actividades numéricamente más importantes de la estructura ocupacional del país, ya que involucra a una de cada cuatro personas que laboran, sin embargo ha perdido importancia en términos de su aportación al producto nacional y en cuanto a su capacidad para retener a las personas en el propio sector.
Se puede observar que el empleo ha crecido poco frente a la expansión de la pea: el Banco de México estimó para 2009 una caída sensible de puestos de trabajo, y las vías más accesibles de percepción de ingresos para importantes sectores de la población han sido el empleo informal o la emigración. Por otra parte, los salarios reales permanecen en el nivel que tenían en 1980.1
De los aproximadamente 42.7 millones de personas ocupadas que registra el Censo 2010, solamente 28.8 millones tienen una condición de asalariadas; estas personas se definen como las “de 12 y más años de edad que en la semana de referencia trabajaron para un patrón o empleador del sector público o privado y que reciben un pago, sueldo, salario o jornal. En esta categoría se encuentran los empleados, obreros, jornaleros, peones y los ayudantes con pago”.2
Las cifras de la enoe 2009 incluyen, además de los asalariados, a los trabajadores por cuenta propia y empleadores (ver Cuadro 3).
Aunque en diferentes proporciones, la población que obtiene como ingreso hasta un salario mínimo ha disminuido, al igual que la que está en la franja de más de uno y hasta dos salarios mínimos. Si bien la información sobre los ingresos mayores a cinco salarios mínimos no es comparable —ya que cada fuente hace agregaciones diferentes— es posible apuntar que estos ingresos han tenido un ligero repunte. En los periodos observados, más de 50% de la población ocupada recibe ingresos de hasta tres salarios mínimos solamente, y la población que no recibe ingresos por su trabajo se ha mantenido en promedio alrededor del 8 por ciento.
La dinámica demográfica y la pérdida de competitividad internacional de la economía nacional han tenido mucho que ver con el desempleo que se ha acumulado en los últimos 10 o 15 años. Este desempleo es de carácter estructural: ocurre en una economía con bajos niveles de acumulación, de productividad laboral y de crecimiento.
El Censo 2010 registra más de dos millones de personas desocupadas; aquí, el término desocupadas se refiere a “las personas de 12 y más años de edad que en la semana de referencia buscaron trabajo porque no estaban vinculadas a una actividad económica o trabajo”.3
Las proporciones de la población desocupada que se obtuvieron a partir de la enoe son más altas (ver Cuadro 4).
La normatividad internacional sobre el trabajo, a la que México ha estado tradicionalmente vinculada, ha establecido estándares mínimos a los cuales los países deberán sujetarse para la creación de empleo. Estos estándares incluyen el ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para los trabajadores y sus familias.
El Censo 2010 incluyó una pregunta para las personas asalariadas que indagaba si éstas recibían cualquiera de las siguientes prestaciones: servicio médico, aguinaldo, vacaciones pagadas, reparto de utilidades o prima vacacional, ahorro para el retiro y otras prestaciones. Un 62% de dicha población recibe al menos una de estas prestaciones (el aguinaldo aparece en primer lugar, seguido del servicio médico). Por su parte, la enoe 2009 registró que de la población ocupada de 43.8 millones de personas, 64% no contaba con esquemas de salud o de bienestar social (28.1 millones).
Hoy en día probablemente alrededor de 30 millones de mexicanos, sin seguro de desempleo, se generan una ocupación en su domicilio, en el ambulantaje, en puestos fijos o semifijos o en empresas formales con condiciones encubiertas de informalidad, donde no reciben seguridad social ni las prestaciones laborales que establece la ley (ver Cuadro 5).
El hecho de que el trabajo constituya la fuente primordial de ingresos de la mayoría de las familias mexicanas, sin que exista seguro de desempleo, aunado a la carencia de ahorro, hace que los problemas ocupacionales de México se manifiesten, más que en aumentos en la tasa de desempleo abierto, en la precarización del empleo asalariado y no asalariado y en un número creciente de proveedores de ingreso en el hogar. Debido a la caída de los ingresos familiares, personas que hubieran podido dedicarse exclusivamente a los estudios o a los quehaceres del hogar han tenido que integrarse a la producción o venta de mercancías.
La proliferación de actividades de muy pequeña escala, el incremento del trabajo familiar sin pago y el trabajo asalariado a destajo, así como el aumento de la población trabajadora sin acceso a prestaciones, son muestras de la merma sufrida en la calidad de los empleos.
Este fenómeno, al que se ha denominado informalización del empleo, constituye la modalidad principal en que se ocupa el excedente de la fuerza de trabajo. Otra de las manifestaciones de este excedente es el deterioro de las condiciones de trabajo. Entre los asalariados ha aumentado el porcentaje de los que ganan poco, tienen relaciones de trabajo inestables y carecen de seguridad social y otras prestaciones, mientras que los trabajadores no asalariados ganan en promedio menos que los asalariados y también se encuentran al margen de la seguridad social.
Las fuentes censales del inegi señalan que durante el periodo 2000-2010 la proporción de trabajadores asalariados se mantuvo prácticamente sin cambio, así como la de los empleadores (67.3 y 67.6% y 2.5 y 2.9%, respectivamente). Entre quienes trabajan por cuenta propia hay un aumento de un punto porcentual (de 23.0 a 24.2%) y una disminución también de alrededor de un punto porcentual entre los trabajadores sin pago (de 4.5 a 3.2 por ciento).4
La enoe 2009 muestra algunas diferencias ya que de los 43.8 millones de personas ocupadas que se registran en ese año, 65% son trabajadores asalariados,5 los empleadores representan el 4.3% aproximadamente, el 22.8% es de trabajadores por cuenta propia, 6.8% son trabajadores no remunerados y el resto son categorías no especificadas y desocupadas.
©iStockphoto.com/DanTero
El deterioro del empleo y de la productividad ha afectado a la población en general, pero de manera particular a aquella que no tiene acceso a los mecanismos institucionales existentes. Al no tener alternativas de empleo formal, estar desempleada y carecer de ingresos y protección social, esta población se inserta en la informalidad, fuera de la regulación y desempeñando actividades microempresariales, asalariadas, por cuenta propia o como ayudantes familiares sin remuneración.
La información de las encuestas ene y enoe puede dar cuenta de una manera más específica de la manera en que las actividades informales han proliferado en todos los sectores de la economía.
El empleo informal se ubica en todo tipo de unidades económicas. Obviamente, la mayor proporción se concentra entre los trabajadores por cuenta propia, las unidades no registradas y los hogares. Sin embargo, la diversificación de la producción ha propiciado que, cada vez más, se establezcan relaciones informales de trabajo con unidades empresariales registradas o formales.
La significativa proporción de población asalariada sin prestaciones sociales que reporta el Censo 2010, así como la registrada por la enoe que no tiene acceso a ningún esquema de salud ni seguridad social a partir de su relación laboral, revelan que la informalidad es un fenómeno creciente y cada vez más importante en la medida que el empleo formal se reduce y las personas necesitan encontrar una manera de obtener un ingreso para sobrevivir.
El trabajo es, en cualquier sociedad, la única vía por la que las personas obtienen los ingresos para una vida decorosa. En la medida que no existe el seguro de desempleo, como es el caso de la economía mexicana, las personas buscarán actividades informales, ya sea en el sector formal o en el informal. Este último, genera condiciones de inestabilidad y falta de protección. Es indispensable que la economía vuelva a crecer a tasas en las que se generen empleos formales. Una macroeconomía sana para el desarrollo de México necesitaría, tal como algunos expertos han señalado, de una combinación de políticas anticíclicas, una estrategia de diversificación productiva y financiamiento para el desarrollo, combinación que no ha sido puesta en práctica en el país.
La informalidad se puede reducir de manera eficiente en la medida que existan políticas públicas que apoyen la expansión del empleo formal, creando empleos a través de la expansión de los sectores que lo producen. Una política agrícola, industrial y de servicios adecuada con buenos incentivos de empleo; la promoción del empleo entre pequeños empresarios vinculada a la capacitación y la simplificación de los trámites de registro, pueden brindar oportunidades económicas, apoyos a los emprendimientos dentro de marcos legales, mayor protección social y diálogo social.
El marco en el que se define una política pública está dado a partir de las evidencias y percepciones que el Estado tiene sobre los problemas que afectan a los ciudadanos. El medio idóneo para cuantificar y calificar estas evidencias en el caso del empleo son los censos de población, que junto con las encuestas de empleo proporcionan la información estadística cuantitativa y cualitativa para instrumentar las acciones más relevantes, reconocer a los grupos a los que deben ser dirigidas y definir la forma de realizar esas acciones, modificar su orientación, posibilitar su evaluación, etcétera.
De ahí la importancia de que se puedan construir series históricas confiables a partir de estas fuentes de información, para lo que se requiere que mantengan un marco común de conceptos comparables a través de los años, y que se incluya información sobre las variables socioeconómicas que puedan incidir en una mejor identificación de las necesidades de los grupos de personas.
___________________________
1 Banco de México.
2 Glosario del Censo 2010.
3 Ibidem.
4 Presentación de resultados del Censo 2010.
5 Tomar en consideración que son distintos conceptos.
6 La definición del sector informal de la enoe incluye “todas aquellas actividades económicas de mercado que operan a partir de los recursos de los hogares, pero sin constituirse como empresas con una situación identificable e independiente de esos hogares. El criterio operativo para determinar la situación no independiente de las unidades de producción con respecto al hogar lo da la ausencia de prácticas contables convencionales, susceptibles de culminar en un balance de activos y pasivos; el que no se realicen quiere decir que no hay una distinción entre el patrimonio del hogar y el de la empresa, ni tampoco […] entre los flujos de gasto del negocio y los del hogar (por ejemplo: gastos de electricidad y teléfono, uso de vehículos, etcétera)”. Para la elaboración de este artículo utilizamos una definición más amplia que sigue los criterios de la oit y que incluye a todos aquellos que no cuentan con esquemas ni de salud ni de seguridad social como beneficios de su relación laboral. De manera que la cifra de informalidad incluye tanto a los trabajadores del sector informal identificados en la enoe como a los identificados con nuestro criterio.
maría elena cardero es profesora e investigadora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la unam. Sus artículos han aparecido en publicaciones como Perfiles latinoamericanos y Estudios económicos.
guadalupe espinosa es consultora independiente. Trabajó en el Área de Población del Instituto de Investigaciones Sociales de la unam, en la División de Estadística del Secretariado de Naciones Unidas en Nueva York y como Directora Regional del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (unifem).
